Durante el mes de marzo de 2021 desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos registrado al menos 88 actos de persecución y criminalización contra trabajadores de la prensa y la comunicación, activistas de derechos humanos, literatos, líderes políticos y sus familiares, a través de amenazas, hostigamientos, agresiones, detenciones arbitrarias y censuras.
Mayor censura
En total, 19 trabajadores de la prensa y la comunicación fueron víctimas de la censura, tres periodistas fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de seguridad del Estado, 11 fueron víctimas de amenazas, hostigamientos y/o agresiones, una emisora de radio fue cerrada, mientras que a otra le fueron confiscados sus equipos, un programa de radio fue sacado del aire, y dos páginas web de prensa fueron bloqueadas temporalmente.
Observamos con preocupación la agudización de la censura en Venezuela, el cierre de los espacios de información y expresión y el patrón de criminalización de la labor esencial que ejerce la prensa independiente en Venezuela. Durante el primer trimestre del año, registramos el cierre de al menos una emisora de radio por mes, lo que hoy deja al venezolano en un entorno de mayor censura. El acceso a la información es cada día más limitado en Venezuela y el ejercicio de la labor periodística se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
Ahora bien, la censura que ha impuesto el gobierno de Nicolás Maduro no solo se ejerce criminalizando la labor de los trabajadores de la prensa. Durante el mes de marzo una escritora y un poeta fueron detenidos arbitrariamente por haber mencionado en una de sus publicaciones a un alto personero del gobierno de Nicolás Maduro. En un contexto similar, un ciudadano fue detenido en el ejercicio de su libre derecho de expresión a través de sus redes sociales.
Persecución a personas defensoras de DDHH
Por otra parte, desde nuestro monitoreo registramos al menos seis actos de criminalización contra defensores de derechos humanos. En total, tres defensores de derechos humanos fueron detenidos durante el mes de marzo, una página web de una organización que educa, promueve y defiende los derechos humanos de las personas con VIH fue bloqueada, un defensor fue hostigado por un funcionario público, y en un entorno de alarmante censura, fue borrado un mural elaborado por la sociedad civil para denunciar y visibilizar los actos de corrupción.
60 personas perseguidas por motivos políticos
Los líderes políticos han sido fuertemente atacados. Durante el mes de marzo registramos 60 víctimas de persecución contra personeros que se encuentran vinculados con la oposición política. De manera disgregada registramos una persona detenida arbitrariamente, una agresión a una sede de trabajo, y 58 víctimas de amenazas. Una a través de la fiscalía general de la República y 57 a través de la Asamblea Nacional que detentan quienes hoy controlan el poder. Vale destacar que entre las 57 víctimas de amenazas se encuentran cuatro mujeres, pareja de dirigentes políticos de oposición, por lo que el patrón de persecución alcanza incluso a los familiares de quienes son considerados por el gobierno de Maduro enemigos a su política de Estado.
Siete mujeres víctimas
En resumen, durante el mes de marzo del año 2021 en Venezuela ocurrieron 10 detenciones arbitrarias, 72 actos de amenazas, hostigamiento y/o agresión, y 6 actos que involucran cierre de emisoras de radio y programas radiales, bloqueo de página web y confiscación de equipos.
Entre tanto, en la aplicación de estos patrones de persecución y criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro, al menos siete mujeres fueron víctimas de la violación de sus derechos humanos.
Lo anterior, nos deja el cierre del primer trimestre del año 2021 con una elevada cifra de casos de persecución y criminalización por parte del gobierno de Nicolás Maduro contra la población venezolana, que en el contexto actual además representan mensajes ejemplarizantes, dirigidos a la población para generar un entorno de miedo y desmovilización para la exigencia de sus derechos. A través de este monitoreo alertamos con cifras y hechos la grave violación de derechos que se agudiza en Venezuela y exigimos el fin de la persecución y criminalización a quienes desde distintos espacios ejercen su labor legítima.
Silenciar a la disidencia
Finalmente, desde Cepaz advertimos que este monitoreo de casos constituye un subregistro y por tanto no necesariamente representa la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de marzo. Sin embargo, los mismos son suficientes para demostrar y alertar sobre la política del gobierno de Nicolás Maduro dirigida a silenciar a la disidencia política, a cerrar los espacios de información y expresión y a restringir el libre ejercicio del espacio cívico, a través de patrones de persecución y criminalización que violan de manera sistemática y continuada los derechos humanos de la población.
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