Cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, señalan que actualmente hay más de 6 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes. La venezolana es la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo, después de Siria.

Y aunque las complejas circunstancias del país, tanto políticas, como socioeconómicas y de derechos humanos  no han cambiado, impidiendo el retorno de estas personas, esto no significa que por estar fuera de Venezuela hayan perdido su derecho a participar en los asuntos de la nación, incluyendo ejercer su derecho al voto.

El voto de las personas venezolanas en el extranjero es un derecho. Hay que abordarlo como un asunto tan prioritario y fundamental como cualquiera de los otros puntos que se encuentran en la agenda política y de negociación venezolana.

La condición de migrantes y refugiados de las millones de personas venezolanas que hoy han tenido que hacer vida en el extranjero no puede de ningún modo traducirse en la pérdida de sus derechos de participación política en los asuntos de Venezuela.

Barreras para el Registro Electoral

El ejercicio igualitario de los derechos de participación ciudadana es una de las bases para hablar de elecciones libres, auténticas, transparentes y democráticas en el país.  Para ello, el Registro Electoral (RE) requiere no solo de una actualización a nivel nacional, sino también en el exterior, pues hoy los millones de venezolanos que hacen vida en el extranjero enfrentan profundos obstáculos, que son necesarios remover, para hacer la inscripción o actualización en el RE y poder participar en los asuntos del país.

Según la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE), las personas venezolanas en el extranjero deben tener estatus regular en el país de residencia. Esto es contrario a la Constitución, ya que todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido mayoría de edad, y no estén sujetos a interdicción o inhabilitación política, tienen derecho a votar. Indistintamente de su lugar de residencia. Además de ser inconstitucional, tienen que enfrentar largos trámites en donde todas las barreras legales, administrativas y a veces hasta culturales, limitan acceder a este estatus.

La cédula de identidad y el pasaporte de muchas personas venezolanas en el exterior se encuentran vencidos, pero algunos consulados y embajadas del país de residencia solicitan documentos originales y vigentes para la inscripción en el RE o para la actualización de sus datos.

En algunos consulados y embajadas no realizan los trámites de inscripción y actualización en el RE bajo el argumento de no tener facultades para ello, o por negársele la posibilidad al estar representado por un agente diplomático del gobierno de Juan Guaidó.

La garantía de los derechos de participación de los venezolanos en el exterior debe ser una prioridad inmediata de cara a las próximas elecciones en 2024 . Son millones de venezolanos que tienen derecho a votar.

Remover las barreras impuestas por la normativa electoral, por el CNE y demás instituciones nacionales, y por las embajadas y consulados en cada país de residencia, es indispensable para lograr la participación plena, a través del voto, de las personas venezolanas en el exterior en los asuntos de su país.