Con un llamado unánime a que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prorrogue el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, concluyó el foro “La Misión de Determinación de los Hechos: ¿debería prorrogarse su mandato?”. El evento fue organizado por Amnistía Internacional, Centre for Civil and Political Rights (CCPR), Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Cofavic, Due Process of Law Foundation, Human Rights Watch, Monitor de Derechos Humanos, Provea, Robert F. Kennedy Human Rights, Transparencia Venezuela, Washington Office on Latin America (WOLA) y World Organization against Torture (OMCT).

Falta de independencia del Poder Judicial

“El trabajo de la Misión de Determinación de los Hechos ha seguido los más altos estándares para la investigación de derechos humanos. Sus informes han evidenciado la falta total de independencia del Poder Judicial en Venezuela”, aseveró Katya Salazar, integrante de Due Process of Law Foundation, durante las palabras de bienvenida.

Por su parte Carolina Jiménez, de WOLA, señaló que la existencia misma de la Misión es una reivindicación de los derechos de las víctimas. Así como de la necesidad que tiene el país de evitar que las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad caigan en el olvido.

La persecución contra la oposición política en Venezuela ha sido posible gracias a un Poder Judicial que, según el informe de la Misión de Determinación de los Hechos, ha facilitado la comisión de violaciones de derechos humanos y ha contribuido a la impunidad, aseguró Calixto Ávila, de Provea. Añadió que los mecanismos de monitoreo que han sido manejados por la Misión para recabar información favorecen el establecimiento de las responsabilidades del Estado y de algunos individuos que detentan hoy el poder en el país.

Salvar vidas

La Defensoría del Pueblo también ha sido silente e inactiva ante las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, agregó Ávila. Indicó que solamente durante el año 2021 se cometieron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de cuerpos de seguridad del Estado. Estos datos fueron recogidos en una investigación realizada por Lupa por la Vida. Acotó que, aunque estas cifras siguen siendo alarmantes, se ha evidenciado una disminución considerable, debido al trabajo que realiza la Misión de Determinación de los Hechos.

Las investigaciones e informes de este mecanismo de las Naciones Unidas “al final, han terminado salvando vidas en el país”, aseveró Ávila. “Renovar su mandato permitirá mantener una presión sobre las cadenas de mando y los más altos responsables”. Agregó que, en un escenario interno tan adverso, corresponde a la comunidad internacional garantizar que el Estado venezolano cumpla con el principio de buena fe.

Esperanza de las víctimas

Para Ronnie Boquier de Cofavic, la situación venezolana sigue siendo de gran preocupación. La creciente impunidad sistemática afecta a centenares de víctimas. Agregó Boquier que los últimos años en Venezuela han sido de una violencia letal sostenida, con 13.748 casos de ejecuciones registradas por la organización.

Además, la impunidad aceptada desde el Estado, está reflejada en los pocos casos que llegan a juicio y tienen una condena efectiva, lo que afecta a las víctimas directamente. Es evidente así mismo, la intención del Estado venezolano de usar los mecanismos de seguridad ciudadana para el control social.

“Consideramos necesaria la renovación del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos ya que es imprescindible seguir visibilizando y documentando los casos de comisión de crímenes de lesa humanidad bajo estándares rigurosos de investigación”. Además es indispensable la construcción de la memoria y mantener la esperanza viva de centenares de víctimas que, a pesar de la impunidad que consiguen en la justicia interna, tienen la confianza en mecanismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos, concluyó Boquier.

Verdadera investigación

La Misión de Determinación de los hechos está haciendo verdadera investigación sobre las violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad de las instituciones de justicia y la cadena de mando, señaló Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela.

“Venezuela necesita verdad y justicia”, agregó De Freitas. Destacó que el interés económico ha sido una de las causas principales de las violaciones de derechos humanos en el país. La Corte Penal Internacional (CPI) está haciendo una investigación, “pero se requiere de un equipo que pueda sumar y aportar a los hallazgos que se vienen realizando”, finalizó De Freitas.

Patrones de represión

Sara Fernández, coordinadora de Incidencia de Cepaz, explicó en su intervención que el trabajo de la Misión ha ayudado a comprender los diversos patrones de persecución de autoridades estatales específicas como el SEBIN y el DGCIM. E incluso particulares utilizados por el Estado para reprimir a disidentes, tales como los colectivos.

“Los informes de la Misión han permitido enmarcar casos particulares que hemos documentado dentro de un patrón mucho más amplio. Describiendo patrones de persecución en los cuales coinciden autoridades estatales, centros de detención y en la secuencia de los hechos”, añadió Fernández.

La cadena de persecución usualmente comienza por una estigmatización de la víctima por parte de los más altos funcionarios incluyendo al Presidente. Continua con privación arbitraria de libertad, tortura o tratos crueles en los centros de detención, explicó la representante de Cepaz. Agregó que el primer informe de la Misión permitió comprender que esta secuencia de hechos era reiterada.

Construcción de la verdad

A su juicio, el Poder Judicial no solo no establece las garantías necesarias para proteger a las víctimas, sino por el contrario, utilizan el proceso para legitimar la actuaciones de las fuerzas de seguridad. Destacó Fernández que la existencia de la Misión ha enviado un mensaje claro a las autoridades venezolanas de que existirá determinación de responsabilidades a nivel internacional. Lo que los ha obligado a tomar medidas en casos específicos.

Sin embargo, Fernández puntualizó que estos casos siguen ocurriendo en el país. Desde Cepaz en el 2021 registramos 812 casos de persecución contra diversos grupos de la sociedad venezolana. Los informes de la Misión han tenido un impacto positivo en las victimas cuyos casos se han visto reflejados en ellos. Para algunas, estos informes son el primer lugar en el que pudieron ver plasmada una investigación sobre los hechos ocurridos a ellos o a sus familiares. Esto es importante para el esclarecimiento de los hechos y la construcción de la verdad. Pero además porque les ha dado un sentimiento de que es posible conseguir justicia.

Sobre la colaboración entre la Misión y la CPI, explicó Fernández que la jurisdicción de la CPI es muy distinta al mandato que tiene la Misión. “Pero creemos que el trabajo de la Misión de Determinación de Hechos va a ser esencial para el entendimiento de elementos contextuales en el marco de la investigación en la situación Venezuela I”.

Extensión del mandato

El director del Monitor de Derechos Humanos, Fernando Fernández, destacó la profundidad de las investigaciones que puede realizar la Misión. Lo que resulta imposible para organizaciones en el terreno por razones de seguridad.

Para Fernández el estándar de prueba utilizado por la Misión de Determinación de los Hechos ha probado ser de extrema utilidad. Desde el punto de vista procesal, este estándar de prueba de la Misión ha sido un aporte no solamente para el examen preliminar de la CPI, sino también para la apertura de la investigación.

El Consejo de Derechos Humanos debería extender el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela, más allá del monitoreo y emisión de informes, afirmó Jan-Michael Simon de Max Planck Institute.

Explicó Simon las razones por las que el mandato de la Misión debe ser separado de las responsabilidades de la oficina de ACNUDH en Venezuela. “Por un lado estas situaciones requieren un rol activo de ACNUDH en el terreno de la comparación estrecha con el Estado. Por el otro lado requiere la determinación de responsabilidades con miras a asegurar la justicia”.

Reflexiones finales

El cierre del espacio cívico en Venezuela es cada vez mayor. Así como la persecución a las organizaciones que defienden derechos humanos. Por lo que las víctimas también tienen miedo de hablar, pero la Misión es un espacio donde han podido depositar sus testimonios.

La sociedad civil ha sido un motor esencial que ha sustanciado procesos tanto de la Misión de Determinación de los Hechos, como de la CPI. Esto las pone en una situación de vulnerabilidad sobre todo a quienes trabajan en terreno. Por lo que se debe mantener su protección, para garantizar que puedan seguir trabajando en la búsqueda de justicia para las víctimas.