Por Beatriz Borges* y Nicole Ramia**

El pasado mes de septiembre fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela. Esta misión fue creada en el 2019, en el 42° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con el fin de investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos crueles o degradantes ocurridos desde el año 2014 en Venezuela. Este informe que narra de forma detallada las atrocidades y violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, presenta reflexiones e información relevante sobre las dimensiones de género de la crisis y también sobre la comisión de delitos sexuales.

En este sentido, la misión ha destacado el uso de la violencia sexual o amenazas de violación, infligiendo dolor físico y angustia psicológica por parte de los agentes de seguridad del Estado, como técnica de represión y tortura particularmente en circunstancias de detención para obtener confesiones e información de la víctima.

Venezuela se encuentra en un contexto de violencia generalizada, acentuada por una emergencia humanitaria compleja que impacta de manera desproporcionada en las mujeres. Incluso más, la violencia se intensifica en el marco de una política de Estado caracterizada por la aplicación de patrones de persecución y la degradación de la persona a través de tratos crueles e inhumanos en donde los roles y estereotipos de género se fortalecen.

A pesar de existir un marco normativo e institucional desarrollado en materia de violencia contra la mujer, en la práctica se presentan serias deficiencias no solo en materia de prevención de la violencia de género sino también en la contención de las víctimas y el acceso a la justicia y centros de atención frente a la violación de sus derechos. El Estado ha demostrado un patrón de incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de género.

Ahora bien, esta inoperancia de un sistema de prevención, protección y justicia que disminuya los índices de violencia de género revictimiza a las mujeres que no encuentran apoyo en las instituciones del Estado dando libre paso a la impunidad.

En tal sentido que, el Estado se convierte en uno de los principales agresores cuando tolera actos de violencia sexual y de género contra mujeres, niñas y adolescentes, cuando no actúa en el marco legal interno e internacional de protección, investigación y sanción a favor de las víctimas, y aún más cuando las propias autoridades e instituciones que representan al Estado cometen a mano propia, y con total impunidad, los actos de violencia sexual y de género.

La violencia sexual y de género constituye una violación a los derechos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescentes que incluye la violencia física, sexual, psicológica y socioeconómica. A demás, contribuye a la perpetuación de los estereotipos de género cuando el Estado como garante de la protección de los derechos humanos de la población, no toma las medidas para cesar estas prácticas.

La misión examinó informes en los que se reportaban que las mujeres habían sido golpeadas, o de alguna manera maltratadas e incluso algunas habían recibido insultos de género. Los delitos cometidos por estos agentes de seguridad, a pesar de que algunos casos fueron denunciados y de conocimiento público, no fueron investigados, enjuiciados o sancionados por los órganos de justicia correspondientes.

Ahora bien, a pesar de que los delitos, a los que la misión ha calificado como crímenes de lesa humanidad, fueron en su mayoría perpetrados contra hombres, no podemos dejar de lado que han afectado de manera diferenciada a las mujeres.  En el informe de la misión se detalla como las víctimas durante los arrestos no tuvieron acceso a productos de higiene menstrual, anticonceptivos y en general a la salud sexual y reproductiva, adicionalmente enfrentaron riesgos adicionales de explotación sexual y sexo transaccional coercitivo.

Aún más, fueron víctimas secundarias o supervivientes en casos en donde sus familiares se encontraban detenidos y sufrieron actos de violencia y denigración en los momentos de visitas. Asimismo, el informe de la misión indica como en casos de allanamientos fueron sacadas de sus hogares a la fuerza por agentes de seguridad, en algunos casos fueron golpeadas, insultadas y amenazadas, en otros casos las retuvieron dentro de su hogar y presenciaron actos de violencia contra sus hijos o su pareja.

Por otra parte, como lo menciona la misión, se presume que hay muchas más víctimas que no han denunciado por miedo a represalias, por amenaza o por desconfianza en el sistema judicial. Sobre este particular debemos agregar la dificultad de documentar casos de violencia sexual contra mujeres y lo que significa para ellas denunciar este tipo de violencia en la que además suelen ser revictimizadas por las instituciones del Estado, encontrando mayores barreras en el acceso a la justicia.

La creación y particularmente el informe de la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, es un paso muy importante para la búsqueda de la justicia y el cese de la impunidad para las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género y los ataques sexuales en este patrón de violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Estado venezolano.

Ahora, su renovación y ampliación de mandato a estos temas, es un reconocimiento por parte de la comunidad internacional de los crímenes atroces que se cometen en Venezuela y la necesidad de hacer justicia, pero también representa una oportunidad para profundizar la forma diferenciada en la que han sido víctimas las mujeres, sus efectos y la dificultad para denunciar y acceder a la justicia. Para ello corresponde a la sociedad civil, las víctimas y sus familiares, continuar documentando y visibilizando la violencia de género y los ataques sexuales cometidos bajo la perpetración de los crímenes de lesa humanidad que ha verificado la misión.

*Defensora de derechos humanos, directora del Centro de Justicia y Paz, Cepaz.

**Abogada, investigadora del Centro de Justicia y Paz, Cepaz.