La crisis humanitaria compleja que existe en Venezuela se agudiza en tiempos de pandemia, sin embargo, debemos referirnos de manera particular al sistema de salud que ya se encontraba colapsado, y que en estas condiciones debe hacerle frente a una emergencia sanitaria mundial. Así pues, los profesionales de la salud en Venezuela deben trabajar en condiciones alarmantes, los hospitales carecen de infraestructura básica, no cuentan con los equipos e instrumentos de prevención, higiene y protección. Además, los precarios servicios de luz y agua dejan el sistema de salud venezolano en un nivel de deterioro que lo hace prácticamente inoperante.

La salud es un derecho social fundamental, es una obligación del Estado, que debe garantizarlo como parte del derecho a la vida, así lo establece la Constitución nacional. Del mismo modo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho de toda persona a la salud, siendo el Estado quien debe tomar las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad del derecho.

Por su parte, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en su artículo 53 establece el derecho de los trabajadores a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, por lo que no puede ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres.

El Estado debe garantizar el acceso al servicio de salud, especialmente ante una emergencia sanitaria como la que se vive producto de la propagación de la COVID-19, para ello debe proveer instalaciones, personal especializado y equipos médicos, lo cual incluye los instrumentos necesarios para diagnosticar el virus y dar tratamientos oportunos a todos los afectados.

Ahora bien, a pesar de las obligaciones internacionales del Estado en esta materia, el régimen de facto ha llevado el sistema de salud a condiciones graves de precariedad. Así pues, persisten fallas graves de los suministros necesarios para combatir la pandemia. Existe una escasez o falla del 78% en suministro de jabón y gel desinfectante, de 61% en tapabocas, de 48% en guantes ^[1]. Lo anterior deja a los venezolanos en un estado de vulnerabilidad diferenciado respecto al resto del mundo.

En este contexto, los trabajadores de la salud, actores fundamentales en el combate del COVID 19, han denunciado el deficiente sistema de salud venezolano para hacer frente a la emergencia sanitaria, han exigido al régimen que garantice las condiciones apropiadas para el cuidado del personal y de los enfermos, han trabajado a favor del derecho a la salud de todos los venezolanos, y han sido en muchos casos una fuente de información ante la censura que ha impuesto el régimen. Ahora bien, el estado de alarma continúa siendo utilizado para arremeter en contra del personal de salud y además desatender las obligaciones del Estado, siendo la salud el derecho humano que requiere una atención primaria y excepcional ante la amenaza del COVID-19

En ese sentido, el régimen de Nicolás Maduro, nuevamente le apuesta a las prácticas sistemáticas de persecución para ejercer el control y mantenerse en el poder. A pesar de que el gremio sanitario tiene el derecho de visibilizar, documentar y exigir condiciones óptimas para enfrentar la emergencia, el régimen continúa con las prácticas sistemática de persecución, entre las que podemos mencionar las detenciones arbitrarias, amenazas, censura y estigmatización, vulnerando el derecho a la salud de todos los venezolanos, y además el derecho al debido proceso, a la libertad de expresión, a la seguridad jurídica.  El personal de salud tiene el derecho de ejercer su profesión en forma libre, con las instalaciones, los recursos e instrumentos adecuados que garanticen su práctica profesional.

Podemos evidenciar como por exigir mejores condiciones para atender la emergencia sanitaria, el gremio de la salud está siendo perseguido y censurado. Es el caso del enfermero Rubén Duarte, quien fue detenido arbitrariamente y posteriormente liberado, por haber denunciado no contar con el equipo de seguridad para atender a los pacientes que pudieran tener coronavirus en el Hospital Central de San Cristóbal ^[2].

Mismo caso el del dirigente sindical Julio Molino, quien fue imputado de incitación al pánico y al odio por denunciar las condiciones del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar en el estado Monagas, y hasta la fecha cumple prisión domiciliaria ^[3]. Asimismo, efectivos de la GNB detuvieron a dos residentes del Hospital Dr. Calles Sierra. A la residente de obstetricia María Lugo y la residente de anestesiología, Adriana Vargas, por poseer materiales para solventar emergencias de su guardia ^[4].

Por otra parte, la comunicación censurada en Venezuela se convierte en un patrón sistemático de persecución que afecta también a los médicos, quienes advirtiendo situaciones particulares en el contexto de la pandemia son víctimas del régimen. Es el caso de la bionalista Andrea Soyago, quien fue detenida y posteriormente puesta en libertad en Trujillo, por informar vía WhatsApp a algunos colegas sobre la detección de casos positivos de COVID-19 en Trujillo ^[5]. Mismo caso el del médico Freddy Pachano, quien informó la sospecha sobre un presunto caso de coronavirus en el Hospital Universitario de Maracaibo, y luego el gobernador del estado Zulia ordenó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) perseguir al médico^[6].

Adicionalmente, la intimidación a los familiares es también un patrón recurrente del régimen. Es el caso de la trabajadora de la salud Maglys Mendoza, quien denunció las condiciones del Hospital Manuel Nuñez Tovar de Maturín. En razón de lo anterior, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) detuvo a la nieta de Mendoza como forma de amenaza, y posteriormente fue libertada ^[7]

Mas aun, la falta de combustible afecta directamente el trabajo del personal de salud, quienes han denunciado que militares y fuerzas del orden no le dan prioridad para surtir de combustible sus vehículos con los que se trasladan a los hospitales. Esta misma situación afecta a las ambulancias, que son una herramienta de primera necesidad para combatir la pandemia. Así pues, un 84% de los médicos en Venezuela no ha podido surtir de combustible sus vehículos y quienes lo hacen han pasado entre 8 y 20 horas en la cola ^[8]

En definitiva, el sistema de salud de Venezuela reviste características críticas, pues el Estado ha omitido sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho a la salud y con ello maximizar los recursos disponibles, utilizarlos de manera efectiva, e incluso apoyarse en la ayuda de la cooperación internacional. Pero como se ha evidenciado, en Venezuela el problema no solo recae en la crisis humanitaria compleja producto, entre otras causas, de la degradación del sistema de salud. Adicionalmente existe una agresión permanente  en contra de los profesionales de la salud que exigen condiciones dignas que debe proveer el Estado como parte de sus obligaciones. Sin embargo, el régimen, lejos de atender la crisis sanitaria que afecta a los venezolanos de manera  diferenciada, continua insistiendo en la persecución como mecanismos de control y perpetuación en el poder.

En razón de lo anterior, desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) alertamos la grave crisis sanitaria que existe en Venezuela, y la violación sistemática de los derechos humanos de los profesionales de la salud. Quienes, siendo actores fundamentales en el combate contra la pandemia, han sido perseguidos y forzados a trabajar en condiciones inadmisibles. Los trabajadores de la salud en este contexto de crisis humanitaria compleja y la crisis provocada por el COVID-19, tienen una labor muy importante, por lo que exigimos el cese de la persecución y el hostigamiento por parte del régimen. Asimismo, exigimos la protección de los trabajadores de la salud quienes se encuentran en la primera línea de exposición e infección ante el COVID-19.

Finalmente, advertimos que los casos presentados han sido utilizados de manera ilustrativa y en ese sentido no representan la totalidad de los profesionales de la salud víctima de violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de facto.

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[1] CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL. Disponible en: https://twitter.com/Presidencia_VE/status/1257640644941668352/photo/1

[2] NOTICIERO DIGITAL. Liberaron al enfermero Rubén Duarte. Disponible en:

https://www.noticierodigital.com/2020/03/liberaron-al-enfermero-ruben-duarte/

[3] CRONICA UNO. Detienen a dirigente de Voluntad Popular en Monagas por denunciar las malas condiciones del hospital Núñez Tovar. Disponible en:  https://cronica.uno/detienen-a-dirigente-de-voluntad-popular-en-monagas-por-denunciar-las-malas-condiciones-del-hospital-nunez-tovar/

[4] MEDICOS UNIDOS. Disponible en: https://twitter.com/MedicosUnidosVe/status/1253469145775079425

[5] EL PITAZO. En arresto domiciliario quedó la bioanalista detenida en Trujillo. Disponible en: https://elpitazo.net/los-andes/en-arresto-domiciliario-quedo-la-bioanalista-detenida-en-trujillo/

[6] LA NACIÓN. Médicos bajo fuego en Venezuela por alertar sobre casos sospechosos del virus. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/medicos-bajo-fuego-en-venezuela-por-alertar-sobre-casos-sospechosos-del-virus-nid2341942

[7] EFECTO COCUYO. Detienen a dirigente de salud y persiguen a otros dos en Monagas, denuncia VP. Disponible en: https://efectococuyo.com/politica/detienen-a-dirigente-de-salud-y-persiguen-a-otros-dos-en-monagas-denuncia-vp/

[8] LA PRENSA. Médicos continúan sin poder surtir combustible. Disponible en: https://www.laprensalara.com.ve/nota/14898/2020/04/medicos-continuan-sin-poder-surtir-combustible