A propósito de la celebración del 49 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, este viernes 18 de marzo, la señora Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentó su actualización oral sobre el trabajo de seguimiento de la situación en Venezuela que lleva a cabo la Misión desde el año 2020. En esta oportunidad, las declaraciones ofrecidas corresponden al trabajo de seguimiento realizado desde septiembre de 2021, fecha de su última actualización.

No hay una justicia real e independiente para las víctimas

La Misión consideró como un avance el reconocimiento por parte del gobierno de Nicolás Maduro de la situación de impunidad que impera en el país, sin embargo, la Misión destacó que este reconocimiento y anuncio de medidas para hacer frente a esta situación no bastan, ya que se necesita una implementación real de las medidas anunciadas.

De hecho, aunque la Misión resaltó como un avance la firma del memorándum de entendimiento suscrito por el gobierno de Nicolás Maduro con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en donde se comprometió a adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de la justicia en el país; al mismo tiempo, la Misión señaló que no ha podido evaluar los esfuerzos reales del Estado para investigar y perseguir a los perpetradores de las violaciones a derechos humanos ocurridos en el país, ya que además representa un obstáculo la falta de datos desglosados y de información sobre los delitos imputados o el rango de responsabilidad de los autores de estos hechos.

Así pues, en el trabajo de investigación y seguimiento que ha realizado la Misión, ha podido constatar que las investigaciones nacionales que se han llevado a cabo tienen un alcance limitado y además se dirigen solo contra autores materiales de bajo nivel. A modo ilustrativo la Misión recordó el caso de la muerte de Fernando Albán en 2018. Sobre este caso dos funcionarios de bajo nivel fueron condenados a 5 años y 10 meses de prisión, sin embargo, luego lograron una reducción de la pena a 2 años y 8 meses, y finalmente su liberación.

Un paquete de reformas judiciales no es suficiente

La Misión trajo a colación el paquete de reformas relacionadas con el sistema de justicia, sobre las cuales consideró que por sí solas son insuficientes si no se implementan de manera adecuada.

De este paquete de reformas destacó la Ley mediante la cual se crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Sobre esta ley la Misión señaló que solo otorga a la Comisión poderes limitados para supervisar investigaciones y formular recomendaciones. Además, los siete miembros de la Comisión son nombrados por la Asamblea Nacional, lo que pone en peligro su independencia respecto de los actores políticos.

Otra normativa sobre la cual la Misión no dejó de hacer referencia, fueron las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sobre las cuales consideró que aumenta la influencia política sobre el poder Judicial. Por ejemplo, existe un desequilibro en la participación de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales respecto a la participación de los miembros de la Asamblea Nacional. Además, las enmiendas otorgan más poderes al Parlamento.

El sistema de justicia venezolano es utilizado como herramienta de persecución

La Misión mostró su preocupación por el patrón de detenciones arbitrarias que se mantiene en el país contra la oposición al gobierno de Nicolás Maduro o las personas percibidas como tal.

Sobre este aspecto, destacó las condiciones de detención en centros como El Helicoide del Sebin. Un ejemplo de ello, que no dejó de mencionar la Misión, es el caso del director de Fundaredes, Javier Tarazona. La Misión afirmó haber recibido información de que el Sr. Tarazona ha sido sometido a tortura, incluida la tortura psicológica.

Asimismo, la Misión trajo a colación el caso del activista de los derechos humanos Orlando Moreno, quien en 2017 estuvo detenido arbitrariamente y torturado, posteriormente fue puesto en libertad con medidas cautelares. Sin embargo, a pesar de haber transcurridos 4 años de su detención, el juicio contra él sigue en curso.

A juicio de la Misión, estos casos son un ejemplo de cómo es utilizado el sistema judicial venezolano como una herramienta de persecución contra los opositores al gobierno de Nicolás Maduro o las personas percibidas como tal. Además, aseguró que se necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia.

Reflexiones finales

La Misión de Determinación de los Hechos concluyó su actualización resaltando la falta de cooperación por parte del Estado venezolano durante sus dos años de trabajo. Asimismo, instó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a que continúen prestando atención a la situación en Venezuela y que observen si en efecto se verifican progresos creíbles en el avance de la justicia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos humanos en el país.

La actualización oral expuesta por la Misión deja en evidencia que en Venezuela persiste la aplicación de una política de persecución y criminalización contra toda persona considerada enemiga al gobierno de Nicolás Maduro, y que este contexto se desarrolla en un entorno de profunda impunidad. Esto se sostiene en una crisis institucional mediante la cual quienes detentan el poder y controlan las instituciones, especialmente el sistema judicial, hacen uso de estas para perseguir, reprimir, criminalizar y controlar a la sociedad y bajo esta política permanecer en el poder.

Entre tanto, mientras en la práctica no se vean resultados concretos, las reformas legales en materia judicial o los acuerdos, memorándum y compromisos internacionales suscritos, no dejan de parecer una maniobra para aparentar un progreso en materia de enjuiciamiento a los perpetradores de las violaciones de derechos humanos y de reparación para las víctimas. Es por ello que es necesario continuar denunciando y hacer valer estas nuevas reformas y acuerdos y continuar exigiendo derechos.

Así pues, a seis meses de que el Consejo de Derechos Humanos decida sobre la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, no queda duda de la necesidad de continuar con este y otros mecanismos de seguimiento e investigación mientras que en Venezuela no se reflejen en la práctica esfuerzos creíbles de reinstitucionalización, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.