El pasado 3 de noviembre el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó sus observaciones finales respecto a lo que fue su quinto examen al Estado venezolano en cuanto al cumplimiento de los derechos reconocidos por el Pacto Internacional sobre derechos Civiles y Políticos. En su informe, el Comité de Derechos Humanos no dejó de referirse a la realidad que viven las mujeres en Venezuela, en donde el Estado ha omitido implementar medidas para la promoción, prevención y garantía de los derechos humanos de las mujeres, incluyendo los derechos civiles y políticos.

Persisten los desafíos en la búsqueda de la igualdad de género

El Comité de Derechos Humanos alertó sobre la persistencia de estereotipos y roles de género que son discriminatorios y que afectan a todas las mujeres, pero especialmente a aquellas provenientes de zonas rurales y empobrecidas. Esta situación también tiene un impacto en la representación de las mujeres en la vida política y pública del país, así como también en el sector privado.

La impunidad perpetúa la violencia de género

El Comité de Derechos Humanos recordó las preocupaciones expresadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) respecto a la alta incidencia de la violencia de género. Sin embargo, un aspecto que alerta al Comité es que estos casos de violencia quedan bajo total impunidad, incluso en aquellos casos de expresión máxima de violencia, como son los feminicidios. El sistema de justicia venezolano replica estereotipos y actos de violencia en donde se incluyen amenazas, maltratos y violencia verbal a las mujeres denunciantes.

La trata personas persiste sin un plan de acción

El Comité de Derechos Humanos mostró su preocupación por el incremento de los casos de trata de personas, pero también de otras formas contemporáneas de esclavitud, particularmente en las zonas mineras, vinculado con grupos armados y criminales relacionados con las actividades de extracción. El Comité lamentó que frente a esta situación el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2021-2025 aún no se encuentre publicado.

Un nuevo llamado de acción al Estado venezolano en materia de erradicación de la discriminación basada en el género

Durante este mismo año el Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer examinó el cumplimiento de las obligaciones del Estado venezolano en materia de erradicación de la discriminación y otras formas de violencia contra las mujeres. Las observaciones finales de este Comité evidenciaron profundas y preocupantes deficiencias del Estado en términos de garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes una vida libre de violencias y de estereotipos y roles discriminatorios, de contar con medidas de protección por parte del Estado y de asegurar una vida digna con acceso a la salud, al empleo, a la educación y a una participación en la esfera pública y política sin brechas ni prejuicios.

Pocos meses después, el Comité de Derechos Humanos, que también se constituye como un órgano de expertos independientes de las Naciones Unidas, no solo respaldó de manera contundente las observaciones y recomendaciones emanadas de la Cedaw, sino que expresamente instó al Estado venezolano, entre otros aspectos, a prevenir, enjuiciar y castigar los casos de violencia de género; a tomar medidas efectivas para aumentar la participación plena e igualitaria de las mujeres en la vida política, económica y pública, y a elaborar una ley amplia sobre la trata de personas y publicar sin demora el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2021-2025.

Las recomendaciones tanto del Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así  como las recomendaciones del  Comité de Derechos Humanos, dejan en evidencia la deuda histórica del Estado venezolano en cuanto a la garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas, pero también constituye una muestra de cooperación entre dos órganos de las Naciones Unidas, lo cual permite demostrar mayor consistencia y un refuerzo mutuo en sus observaciones, fortaleciendo sus recomendaciones, y facilitando la supervisión y rendición  de cuenta ante el incumplimiento del Estado venezolano de sus compromisos internacionales en materia de erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer.