La participación ciudadana es esencial para el funcionamiento y fortalecimiento de la democracia, ya que permite que los ciudadanos de manera organizada, pacífica y bajo sus propias convicciones, se involucren activamente en la vida política y pública de un país.
El pasado 22 de octubre la población venezolana, dentro y fuera del país, vivió una jornada de participación ciudadana autogestionada por la sociedad civil y por los partidos políticos, en donde convocaron a la ciudadanía a escoger al próximo candidato presidencial para representar de forma unitaria a la bancada opositora en las próximas elecciones presidenciales a celebrarse en el año 2024.
Ahora bien, para que la ciudadanía pueda involucrarse plenamente en la vida política del país, incluyendo la posibilidad de escoger a un liderazgo y a un candidato o una candidata que represente sus preferencias políticas, es importante proteger y garantizar derechos y libertades como la libertad de expresión, de prensa e información, el derecho a la reunión, asociación, la manifestación y la protesta pacífica, entre otros derechos y garantías que lamentablemente en los procesos electorales de Venezuela no se han respetado, y ese sentido, la participación, el control y gestión de la ciudadanía en estas elecciones primarias, se configura como una vía alternativa en donde se garantiza una elección justa y transparente.
A pesar de lo anterior, el evento ciudadano desarrollado en el país el 22 de octubre tuvo que enfrentarse a los desafíos impuestos por el gobierno de Nicolás Maduro, que una vez más limitan la capacidad de la ciudadanía de ejercer sus derechos, elegir a sus representantes, manifestarse, promover un cambio político; en definitiva, ejercer activismo ciudadano.
Los patrones de persecución y criminalización limitan el ejercicio de los derechos de participación ciudadana
Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), como parte de nuestro continuo monitoreo y documentación de las violaciones de derechos humanos, hemos compilado las distintas irregularidades que los medios de información nacional e internacional han publicado en sus portales web en relación con el desarrollo de la elección primaria de la oposición. Estas irregularidades pueden agruparse en tres patrones: censura, amenazas y violencia.
El patrón de censura interrumpió el servicio de internet en varios puntos de Caracas, impidiendo la cobertura plena de las primarias y el acceso a la información de la población. También se detectó el bloqueo en las páginas de búsqueda de centros de votación, lo que impidió a la ciudadanía informarse sobre el lugar donde ejercer su derecho; y el bloqueo en el servidor destinado a la transmisión de los resultados desde los diferentes centros de votación, lo que imposibilitó dar los resultados de la elección primaria el mismo día 22 de octubre. Y por último, de acuerdo con varias denuncias de periodistas, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), prohibió a los medios de comunicación y periodistas cubrir el evento ciudadano, por lo que los principales circuitos radiales y canales de televisión tuvieron que suspender la cobertura de las primarias.
En otro orden, los actos de violencia y amenazas buscaron intimidar a la ciudadanía y evitar su participación en las elecciones primarias. Al respecto, pudimos documentar amedrentamientos de funcionarios policiales a electores, incluyendo el lanzamiento de una bomba lacrimógena en un centro de votación en Caracas, ataques a centros electorales por parte de grupos civiles armados, entre ellos disparos contra algunos centros de votación en Tinaquillo, amenazas de colectivos que provocaron cambios de centros en Distrito Capital y Monagas, robo de materiales destinados a la realización de los comicios, y amenazas de suspensión de beneficios o despidos a funcionarios públicos que hicieran parte de las elecciones primarias.
Estas irregularidades, aunque no detuvieron la organización de la jornada de participación ciudadana, si limitaron la capacidad de la ciudadanía de ejercer de manera amplia, libre y transparente sus derechos. Al respecto, el monitoreo realizado por las diferentes organizaciones de la sociedad civil que levantaron las incidencias del proceso fue fundamental, pues la veeduría en procesos electorales, la supervisión y observación de este tipo de eventos permite la documentación de irregularidades, la defensa de los derechos civiles y políticos de la población, y bajo el ejercicio del control ciudadano, preservar la integridad de los procesos electorales.
La participación ciudadana en contextos adversos es fundamental
En un contexto autoritario como el que atraviesa Venezuela, marcado por la ruptura de la institucionalidad democrática y el uso del aparato represivo del Estado para perseguir y criminalizar a los distintos sectores sociales y políticos, la participación ciudadana se convierte en una forma de resistencia pacífica y en una movilización social que visibiliza y da un mensaje esperanzador sobre la importancia de la participación cívica en la construcción de la democracia. Incluso en procesos electorales imperfectos, la participación ciudadana se convierte también en el mecanismo para la denuncia y la documentación de las irregularidades del proceso.
La organización y participación ha demostrado históricamente ser una vía para procesos de transición y regreso a la democracia. En 1988 Chile celebró un plebiscito para determinar si Augusto Pinochet permanecería en el poder, y a pesar de los intentos del gobierno de manipular los resultados, la ciudadanía a través de su voto produjo la transición democrática en Chile. Este ejemplo demuestra el poder potencial del voto como medio para generar cambios en contextos adversos.
En definitiva, la participación ciudadana en un contexto como el de Venezuela es un acto significativo y de gran valor, que tiene el potencial de ejercer presión sobre las estructuras que mantienen el control de las instituciones, moviliza a la sociedad y los encuentra nuevamente con sus derechos, crea conciencia sobre la importancia de la democracia y fortalecer el compromiso de la ciudadanía con los valores democráticos, incluso en condiciones adversas.
Foto: Rayner Peña/EFE
