A través de un documento hecho público el pasado 30 de marzo, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, desestimó las razones esgrimidas por Venezuela para solicitar que no se reabra la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde al menos el año 2014.

A juicio del Fiscal, el Gobierno de Venezuela «no ha demostrado que ha realizado o está realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por el Tribunal». Añade que «si bien la Fiscalía agradece la información actualizada presentada por el Gobierno de Venezuela en sus Observaciones y anexo, tras un cuidadoso análisis concluye que esta información no cambia las conclusiones de la Fiscalía en la Solicitud del Artículo 18, más bien confirma estas conclusiones»

El fiscal Khan expresa que «aunque el Gobierno de Venezuela argumenta que su sistema de justicia penal generalmente funciona bien, y que su proceso penal nacional está en curso, admite que este procedimiento no se relaciona con crímenes y hechos que podrían respaldar cargos de crímenes de lesa humanidad a nivel nacional porque no se han producido en su territorio. Además, aunque el Gobierno de Venezuela ha proporcionado actualizaciones sobre una serie de procedimientos penales (todos los cuales ya se conocían en la Fiscalía y abordados en su Solicitud), estos siguen siendo 1) muy pocos en número en comparación al volumen de presuntos delitos y al tipo de daño identificado como cometido en la situación, 2) se centró exclusivamente en miembros de bajo rango de las fuerzas de seguridad (y perpetradores aparentemente físicos), sin investigación aparente de perpetradores de alto nivel y particulares o grupos, y 3) enmarcados en términos de ‘casos aislados’ sin indagación sobre patrones más amplios de conducta o política subyacente».

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