El Centro de Justicia y Paz, Cepaz, presentó el informe «Nuevos patrones y agudización de la persecución política», en continuación al trabajo realizado en los últimos tres años de documentar los casos de hostigamiento, acoso y persecución a la disidencia en nuestro país por parte del gobierno nacional.
En el año 2014 y 2015 Cepaz publicó los informes: “Persecución Política en Venezuela, Sistematización de patrones de persecución a la disidencia política venezolana” y “Persecución Política en Venezuela, Seguimiento e identificación de nuevos sujetos de persecución/ El disidente es el enemigo” respectivamente.
Durante este periodo, se logró identificar los principales patrones de persecución aplicados de forma reiterada y sistemática por parte del gobierno venezolano, así como también, la documentación de los casos de los principales disidentes políticos, quienes han sido fuertemente perseguidos por los principales líderes oficialistas, mediante actos contrarios a los principios constitucionales, y vulnerando los pactos y convenciones relativos a los derechos humanos.
En este nuevo informe, la organización mostró como la situación de persecución y vejación por parte del gobierno, lejos de haber disminuido, se ha incrementado y profundizado. A la crisis económica, social, la escasez de alimentos y la clara vulneración a los principios democráticos que constituyen la base de un Estado de Derecho, se une el incremento de la represión y la persecución por parte del gobierno venezolano a quienes denuncian ante las instancias nacionales e internacionales las violaciones a los derechos humanos que ocurren diariamente en Venezuela.
En este informe, Cepaz identificó cuatro nuevos patrones de persecución política aplicados a la disidencia: apertura de procedimientos ante tribunales militares, persecución a familiares, anulación de pasaportes y apertura de procedimientos judiciales y destitución de alcaldes.
A pesar de que la apertura de procedimientos judiciales ante tribunales militares a civiles, viola lo establecido en los principios procesales y en los tratados internacionales, en el año 2017 Cepaz reportó 726 casos de civiles que fueron juzgados por tribunales militares, 418 fueron condenados a medidas privativas de libertad y 308 dejados en libertad.
Por otra parte, la anulación de los pasaportes de líderes políticos y periodistas fue otro de los nuevos patrones de persecución política en Venezuela aplicados en el año 2017. En el informe «Nuevos patrones y agudización de la persecución política», se documentaron 10 casos. Esta anulación arbitraria del pasaporte es una clara violación a los derechos ciudadanos y civiles establecidos en la Constitución, en las leyes especiales, y en los tratados y pactos internacionales.
Además la aplicación de estos patrones de persecución política no solo se limita a los miembros de la disidencia política, periodistas, activistas de derechos humanos, sino a sus familiares, quienes han sido sometidos a amenazas por parte del gobierno para disuadir su lucha por la defensa de las libertades básicas, principios fundamentales y respeto del ordenamiento jurídico venezolano.
Mención aparte merece la apertura de procedimientos y la destitución de alcaldes de su cargo, que se agudizó durante el año 2017, tras el aumento de las protestas. La separación de los alcaldes de sus cargos como parte de la persecución política en Venezuela, vulnera el principio de soberanía popular, pues fue el pueblo quien los eligió.
De 77 alcaldes opositores electos en 2013, un total de 34 fueron víctimas de hostigamiento, sentencias privativas de libertad, destituciones, prohibición de salida del país e inhabilitaciones políticas.
En conclusión, la existencia de multiplicidad de casos enmarcados dentro de los patrones de persecución expuestos no solamente por este nuevo informe, sino por los dos anteriores, demuestra que los patrones son aplicados de manera sistemática y que de ninguna manera representan casos aislados. El 92,85% de los 1.168 casos de persecución actualizados por Cepaz continúan y 57% derivaron a acciones más gravosas.
En el último año, la revisión de casos mostró nuevos medios de hostigamiento por parte del gobierno, y la agudización de los patrones ya descritos, que representaron la censura a cualquier forma de disidencia política y una nueva estocada a la ya frágil democracia en nuestro país.
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