En los primeros seis meses del año 2024, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 247 casos de persecución y criminalización ejercidos como parte de la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

En este periodo se documentaron 16 casos de persecución y criminalización que afectaron a organizaciones no gubernamentales; dos a universidades y cuatro a organizaciones gremiales. Además, hubo 111 casos de víctimas vinculadas con la política y 50 casos en los que se afectó a la población. Sesenta y cuatro trabajadores de la comunicación también fueron víctimas de persecución y criminalización durante el ejercicio de sus funciones.

Entre los patrones aplicados se encuentran: siete allanamientos irregulares; cinco anulaciones de partidos políticos; tres bloqueos de páginas web; el cierre de un canal de televisión; 13 cierres de emisoras de radio; tres cierres de programas de radio; la clausura de nueve locales, restaurantes y hoteles; cuatro despidos injustificados; 52 detenciones arbitrarias; dos discusiones de normativas restrictivas en el seno del Poder Legislativo; 73 casos de hostigamientos y amenazas; 19 inhabilitaciones políticas; 17 impedimentos de registrar un hecho noticioso; la inspección de un local; la intervención de un partido político; 12 irregularidades en procedimientos judiciales; una muerte bajo custodia; seis casos de obstaculización de vías para evitar manifestaciones pacíficas; 16 órdenes de detención; la suspensión de una elección universitaria; y un traslado irregular de presos políticos.

Monitoreo del mes de junio

Durante el mes de junio se documentaron al menos 50 actos de persecución. El monitoreo realizado por Cepaz correspondiente a este mes revela un preocupante incremento en las acciones represivas por parte del gobierno venezolano.

Entre los patrones documentados se encuentran el cierre de una emisora de radio; 10 detenciones arbitrarias; siete casos de hostigamiento y amenazas; seis impedimentos de registrar un hecho noticioso; cuatro irregularidades en procedimientos judiciales; cuatro inspecciones y clausuras de establecimientos comerciales; tres despidos injustificados; 10 inhabilitaciones políticas; cuatro obstaculizaciones de vías para impedir manifestaciones pacíficas; y un traslado arbitrario de presos políticos.

Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización – Primer semestre / Junio 2024