En 2023, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 614 casos de persecución y criminalización en Venezuela. Estos actos responden a una política planificada y sofisticada del Estado venezolano, que busca mantenerse en el poder mediante la aplicación de diversos patrones.
El mes en el que se reportaron mayor cantidad de casos fue enero, con 187 actos de persecución y criminalización. Seguido de julio con 63 casos y junio con 61. Mientras que la población fue la categoría de sujetos víctima de mayor cantidad de actos de persecución, con 190 casos. Los trabajadores y medios de comunicación fue la segunda categoría de sujetos más perseguidos con 184 casos, mientras que 134 personas vinculadas con la política enfrentaron la aplicación de este tipo de patrones. Ciento cuatro organizaciones no gubernamentales, una universidad y una organización gremial también integraron la lista de sujetos perseguidos.
Hubo 252 casos de hostigamiento y amenazas; 74 despidos injustificados; 72 irregularidades en procedimientos judiciales; 59 detenciones arbitrarias; 59 impedimentos de registrar un hecho noticioso; 22 medidas cautelares; 20 cierres de programas de radio; 19 órdenes de aprehensión; 13 cierres de emisoras de radio; 9 allanamientos irregulares; 8 bloqueos de páginas web; 3 intervenciones de organizaciones; una inhabilitación política; una anulación de pasaporte; una suspensión de elecciones universitarias; y el cierre de un local.
Los funcionarios del Estado engrosaron la lista de perpetradores, con 255 funcionarios involucrados en actos de persecución. Seguido por las fuerzas de seguridad del Estado con 151 casos y el Poder Judicial con 74 casos.
