La confiabilidad del registro de votantes constituye uno de los elementos fundamentales para garantizar la integridad de los procesos electorales. Sin la presencia de una lista de electores completa, exacta y actualizada no es posible hablar de elecciones libres. Un buen padrón electoral debe por lo tanto garantizar la incorporación de la totalidad de los ciudadanos habilitados para votar, la actualización oportuna de sus datos y el cumplimiento cabal de la normativa vigente sobre el tema.

En Venezuela, la calidad del registro electoral ha sido motivo de debate permanente desde la asunción de Hugo Chávez Frías al poder en 1999. Inicialmente, los señalamientos y demandas de los factores políticos y sociales se centraron en la crónica falta de transparencia del CNE con respecto a la composición del padrón, así como en las denuncias sobre supuestos esfuerzos por parte del gobierno para inflar artificial e ilegalmente el registro electoral, de forma de favorecer al entonces mandatario.

Luego de 2015, sin embargo, a medida que el gobierno comenzó a perder apoyo popular, las políticas del ente electoral en relación al registro electoral comenzaron a girar en la dirección opuesta. De la promoción activa de la inscripción y actualización de datos en los barrios y zonas populares del país se pasó gradualmente a la limitación u obstaculización deliberada de dichos trámites como parte de un patrón general de violaciones a los derechos políticos electorales.

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