Pese a que Venezuela fue uno de los últimos países en la región en reconocer la gravedad del problema de la violencia machista y en legislar para combatir este flagelo, el hecho de que hoy miles de mujeres en el país sigan siendo golpeadas, abusadas, amenazadas u hostigadas por sus parejas, familiares, colegas de trabajo o empleadores no se debe a la falta de un marco jurídico, sino más bien a la incorrecta aplicación de este o su completa ignorancia por parte de las autoridades.

A esta conclusión llegaron Acceso a la Justicia y el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en su libro Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela. Historia de otro fracaso del Poder Judicial, escrito por Alí Daniels (director de Acceso a la Justicia) y Sara C. Fernández (coordinadora de Incidencia de Cepaz), el cual es una actualización del informe especial publicado el año pasado con el mismo título.

En el libro se afirma que «los mayores obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia contra la mujer no vienen en la actualidad del vacío normativo sino de las fallas en la implementación del marco legal existente. En este sentido, los esfuerzos deben ponerse en tener una interpretación judicial coherente y a la luz de los estándares internacionales y de implementar eficazmente las garantías establecidas tanto en la norma especial como a lo largo del sistema normativo venezolano».

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