Durante 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) continúo monitoreando la situación general de derechos humanos en Venezuela y observó que persisten situaciones estructurales que afectan los derechos humanos de los venezolanos y que ha derivado en una grave crisis política, social, y económica. La agudización de esta crítica situación, como se informa en este capítulo, ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho.

En Venezuela existe un quebrantamiento del principio de separación de poderes, evidenciada en la falta de independencia judicial y las constantes intromisiones del Ejecutivo, del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente sobre materia propias de la Asamblea Nacional, cuyo trabajo ha sido seriamente afectado. Asimismo, el Ejecutivo continua ejerciendo poderes extraordinarios bajo la emergencia económica con la prórroga del Estado de Excepción, que no contó con la aprobación de la Asamblea Nacional, tal cual exige la Constitución. Ello ocurre en un contexto estructural de represión y persecución a la disidencia, mediante la militarización de la seguridad pública, en el marco de una crisis económica y social que provoca un serio desabastecimiento y escasez de insumos básicos.

En las elecciones presidenciales del mes de mayo, en las cuales se volvió a consagrar el Presidente Maduro, se verificaron serias injerencias de la Asamblea Nacional Constituyente sobre el Consejo Nacional Electoral, máxima autoridad en la materia, que ocasionaron reales obstáculos para la participación efectiva de las fuerzas de la oposición, lo que se tradujo en un alto grado de abstención de las fuerzas políticas y que afectó el pluralismo necesario para considerar unas elecciones compatibles con una sociedad democrática.

La Comisión ha observado también que persiste el deterioro en relación a los derechos políticos y a la participación en la vida pública, en estrecha relación con la afectación a la libertad de expresión. Se continúan registrando muertes en contexto de protesta sociales; detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su disenso con el gobierno; represión y restricciones indebidas a la protesta; despidos y amenazas a empleados públicos como castigo por su disenso; campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas, opositores políticos, defensores y defensoras de derechos humanos y ciudadanos en general; el uso del derecho penal y otros controles  estatales para castigar o inhibir el trabajo de opositores políticos y prensa crítica; así como la obstaculización al ejercicio del derecho de acceso a la información. Son particularmente graves los ataques, persecución y encarcelamiento de miembros de la Asamblea Nacional. A su vez, el número de partidos políticos disidentes continúa reduciéndose a raíz de decisiones en materia electoral que imponen nuevos requisitos para su participación en los comicios.

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