La República Bolivariana de Venezuela fue históricamente un país receptor, en donde migrantes y personas con necesidad de protección internacional de diversos países encontraron un lugar seguro para vivir. Sin embargo, en los últimos años el país ha experimentado una crisis política, económica, social y humanitaria, que lo ha convertido en un país de origen de población migrante y refugiada que se desplaza a lo largo del continente americano con una celeridad y cifras sin precedentes en el hemisferio. Según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para noviembre de 2018 la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo alcanzó los 3 millones1, de igual forma, dichas agencias estiman que para finales de 2019 la cifra de personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela alcanzará los 5.3 millones2.
Debido a la urgencia de la situación y tomando en cuenta las especificidades y vulnerabilidades propias del fenómeno de movilidad humana venezolana, durante el año 2018, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) articuló y coordinó una plataforma conformada por decenas de organizaciones de la sociedad civil, que actúan tanto de manera regional como nacional, y que, como parte de su labor de atención, monitoreo e incidencia, acompañan de cerca a la población migrante y refugiada en la región. De esta manera se conformó el Grupo de Trabajo de Movilidad Humana Venezolana (“Grupo de Trabajo” o “Grupo de Movilidad Humana”). El carácter independiente, incluyente y propositivo de la sociedad civil, combinado con su cercanía con la comunidad migrante y refugiada, permitió detectar de manera oportuna las vulnerabilidades, riesgos y violaciones a derechos humanos a los que esta población se enfrentaba. Asimismo, con la finalidad de buscar soluciones y una mejor articulación a las respuestas ofrecidas, desde la sociedad civil se siguieron de cerca las acciones y propuestas estatales, de organismos internacionales y de todos los actores involucrados en las dinámicas migratorias y de refugiados/as que este desplazamiento internacional generó.
En este sentido, el Grupo de Trabajo ha logrado articular un importante esfuerzo regional para la promoción y defensa de los derechos humanos de la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela. El Grupo de Movilidad Humana, ha incidido y acercado las voces de las personas afectadas por esta situación a distintas plataformas nacionales e internacionales de la región, por medio de comunicados, recomendaciones y una activa participación en espacios ante organismos internacionales. La presente publicación detalla y pone al alcance de todos los actores involucrados algunas herramientas y acciones de incidencia desarrolladas por el Grupo de Trabajo, cuyo esfuerzo más importante se refleja en una Declaración y Plan de Acción de Sociedad Civil.
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