El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 386 actos de persecución y criminalización en Venezuela de enero a agosto de 2022. Estos actos fueron ejercidos como parte de una política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Tan solo durante el mes de agosto se registraron 52 casos de persecución y criminalización a periodistas, trabajadores de la comunicación, ciudadanos vinculados con el activismo social, personas vinculadas con la política, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. 

En el monitoreo del mes de agosto se identificaron las siguientes acciones: 18 actos de hostigamiento o amenazas, 20 investigaciones arbitrarias, 10 impedimentos de registrar un hecho noticioso, dos despidos injustificados, una prohibición de salida del país y una muerte en custodia.

Categoría de sujetos víctimas de la persecución y la criminalización

De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela durante el mes de agosto, identificamos: 22 contra trabajadores y medios de comunicación, seis contra ciudadanos, 21 contra personas vinculadas a la política y tres contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos.

Actos contra periodistas y medios de comunicación

Múltiples descalificaciones han sido proferidas por funcionarios del Estado y líderes políticos y sociales del gobierno de Nicolás Maduro contra periodistas en Venezuela. Ejemplo de ello es el caso del periodista Pablo Villa, quien fue llamado por el alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida “periodista tarifado”. Entre tanto, el periodista Enmanuel Rincón fue desacreditado por Diosdado Cabello, quien expresó refiriéndose a Rincón: “Estos tienen que ser estúpidos de nacimiento, eso no se aprende en las universidades ni nada, tiene que venir con ellos (…) los estúpidos son así, creen que siempre tienen la razón.”

Otras formas de criminalización y hostigamiento se llevan a cabo grabando y fotografiando a los periodistas. También a través de campañas de desprestigio en redes sociales y medios de comunicación oficialistas. En el mes de agosto las periodistas Zulma López y Anggy Polanco fueron fotografiadas por un comisario de la red de salud pública en el Hospital Central de San Cristóbal mientras intentaban documentar la carencia de vacunas. Lo mismo ocurrió con los periodistas Luis Miguel Rodríguez, Yelitza Figueroa Rivas, Lorena Rojas, María Betania Jordán y Alberto Briceño, quienes fueron grabados y fotografiados por efectivos militares y funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) en Barquisimeto, estado Lara, mientras cubrían una protesta de trabajadores activos y jubilados.

Otra víctima de persecución fue la periodista Nilsa Varela contra quien se publicaron expresiones calificables como violencia de género, imágenes, apodos y comparaciones degradantes. La campaña fue ejecutada por el alcalde de El Tigre, estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima; tres de los directores de la Alcaldía y el director del medio de comunicación Mundo Oriental, Sandino Paraqueima.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) limitaron el desarrollo de las funciones de los reporteros Edgar Corzo, Gustavo González, Silvimar Campos, Mario Guillén, Lisbeth Miquilena y Lennis González, durante el acto de aniversario de los 85 años de creación de la GNB. Además, un funcionario que acompañaba al ministro de Turismo le prohibió al periodista Elvis Rivas registrar el discurso que realizaba el ministro. En otro hecho, funcionarios del Metro de Caracas le impidieron al periodista Luis de Jesús registrar una irregularidad en la forma de pago de dicho medio de transporte. Por último, la GNG impidió a los camarógrafos Saúl Rondón y Benjamín Guzmán realizar la cobertura de los daños causados por una explosión por fuga de gas en el conjunto residencial Las Palmeras en Puerto Ordaz.

Persecución contra personeros políticos

Diosdado Cabello, conductor del programa “Con el Mazo Dando”, arremetió contra líderes de la oposición venezolana expresando: “ellos le rinden cuentas presidente al gobierno de Estados Unidos, cada cosa que dicen, cada estupidez que dicen y que escriben significa ingreso a caja, dinero”. En el mismo programa, a través de una llamada telefónica, Nicolás Maduro arremetió contra Juan Pablo Guanipa y Carlos Ocariz, expresando: “salió el imbécil de juan Pablo Guanipa, salió el imbécil de Carlos Ocariz (…) lo que da ganas es de mentarle la madre”, cuando los lideres políticos de oposición negaron la veracidad del discurso de Maduro en donde afirmó que “La Guaira le da tres patadas a Miami”.

Muerte bajo custodia

En agosto falleció el capitán retirado y preso político Armando Flores Piñango, quien padecía de cáncer y no habría recibido la atención requerida. El caso de Flores es la primera muerte en custodia del Estado ocurrida en este año y se suma a los 10 casos registrados desde el año 2015.

Investigaciones arbitrarias

El proceso contra los ciudadanos Juan Carlos Monasterios, Argenis Valera, José Miguel Estrada, Oswaldo Castillo, Alberto Bracho, Brayan Oropeza, Henribert Rivas, Yolmer Escalona, Emirlendri Benítez, Yanin Pernía, Alejandro Pérez Gámez, Pedro Zambrano, Angela Expósito, José Eloy Rivas, Héctor Hernández Da Costa, Juan Carlos Requesens y Wilder Vásquez, imputados por los cargos de terrorismo, asociación para delinquir, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra el presidente de la República, traición a la patria y lanzamiento de explosivos en lugares públicos, entre otros, sigue marcado por violaciones al debido proceso (capturas y allanamientos sin orden judicial, violación del derecho a la defensa y falta de pruebas), incomunicaciones, torturas y politización de la justicia.

Por su parte, el dirigente sindical de CVG Venalum, Douglas González, fue imputado por los delitos de supresión y paralización de la industria del Estado, supresión ilegal del trabajo, daño a la propiedad pública, desacato, obstaculización de la vía pública y agavillamiento. González tenía régimen de presentación debido a su participación en protestas laborales durante el año 2018 y habría incumplido la medida de presentación debido a la pandemia.

La periodista Carla Angola y su esposo, Luis Alejandro Arévalo Troconis, también fueron investigados de manera arbitraria por una presunta “apología al magnicidio”. El fiscal general, Tarek William Saab, indicó que la periodista se encuentra “convicta y confesa”.

Despidos injustificados

Marco Polo Cosenza fue despedido de la dirección de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) luego de la serie de protestas realizadas por docentes y trabajadores del sector público. Mientras que Pablo Zambrano fue removido del cargo de secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), luego de haber participado en las protestas de trabajadores para exigir la restitución de derechos y beneficios laborales y el pago completo de bonos.

Hostigamiento

Diosdado Cabello amenazó a las personas adeptas al gobierno de Nicolás Maduro que fueran al concierto que iba a realizar el cantante colombiano Juanes en Venezuela. Expresó Cabello: “tengo todo chequeado para quienes compren entradas en la zona VIP, una foto familiar (…) esa foto es para mi, yo me voy a enterar porque me parece una tremenda sinvergüenzura que alguien cercano a este gobierno vaya a ese concierto”. Mientras que en el programa “La Hojilla”, su conductor, Mario Silva, arremetió contra los trabajadores del sector educativo del país, quienes proponían un paro nacional para exigir sus derechos laborales. Silva afirmó: “Láncense en paro para que vean cómo la marea rojita se les va a ir para encima (…) sigan las instrucciones del vagabundo que financia desde Roma y del otro que anda por España”.

La profesora Elsa Castillo denunció estar siendo víctima de hostigamiento por parte de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. Castillo ha participado en recientes protestas denunciando la realidad socio económica de profesores y educadores venezolanos.

Persecución contra personas defensoras de derechos humanos y ONG

Alonso Medina Roa, abogado y defensor de derechos humanos, fue impuesto de una medida de prohibición de salida del país. Medina fue retenido durante dos horas por autoridades de Migración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y fue allí donde conoció la existencia de dicha medida en su contra.

Por otro lado, el equipo de trabajo de la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos fue intimidado por grupos adeptos al gobierno de Nicolás Maduro mientras se encontraba en la comunidad 23 de enero realizando un volanteo. En el segundo de los casos, el diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó a Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal, como un “imbécil”, recordando un tuit en el que el Romero se refería a la detención de una activista en el contexto del supuesto intento de magnicidio del año 2018.

Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de agosto de 2022 aquí