Señor Vicepresidente, Excelencias, Distinguidos delegados,

Quisiera informar al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, conforme a lo dispuesto en la resolución 57/36 del Consejo.

Mi Oficina ha comenzado a reanudar sus operaciones en el país en las últimas semanas.

Mi esperanza es que podamos restablecer nuestra presencia plena.

Como en otras situaciones, mi Oficina puede desempeñar un papel importante como constructor de puentes entre las instituciones del Estado y el pueblo del país.

Al reflexionar sobre los últimos meses, sigo profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y ​​la violencia durante las protestas posteriores a las elecciones de julio y agosto, incluso por parte de individuos armados que apoyaban al gobierno. Insto a que se investiguen con prontitud y eficacia al menos 28 asesinatos que, según se informa, incluyeron a manifestantes, transeúntes y miembros de las fuerzas armadas.

Las autoridades han confirmado la detención de unas dos mil personas desde las elecciones. Me preocupa mucho que muchas de estas personas hayan sido detenidas arbitrariamente, entre ellas adolescentes y jóvenes, miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos, periodistas y abogados, así como transeúntes.

Las autoridades anunciaron la liberación inicial de más de un centenar de detenidos, con condiciones. Posteriormente han anunciado otras liberaciones. Se trata de un paso importante. Animo a las autoridades a que revisen los casos de quienes siguen detenidos, de conformidad con las garantías internacionales del debido proceso y otras normas de derechos humanos.

Insto a que se libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, tanto antes como después de las elecciones presidenciales. Esto incluye a los defensores de los derechos humanos, como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como a los trabajadores humanitarios.

También insto a las autoridades a que garanticen un juicio justo a los detenidos, lo que incluye permitirles designar un abogado de su elección y proporcionar intérpretes a los pueblos indígenas.

El uso constante de la legislación antiterrorista contra manifestantes, incluidos adolescentes, y los informes de desapariciones forzadas y malos tratos son profundamente preocupantes.

Insto a las autoridades a que cumplan con su obligación de garantizar que las condiciones de detención cumplan las normas internacionales. Las autoridades deben proporcionar alimentos, agua potable y atención sanitaria adecuados a todos los detenidos, muchos de los cuales están encarcelados en celdas superpobladas y necesitan atención médica urgente.

El espacio cívico en Venezuela continúa restringido.

Mi Oficina ha recibido informes creíbles de que defensores de derechos humanos, dirigentes sindicales, periodistas, miembros de la oposición, trabajadores humanitarios y personal que trabaja en centros de votación han sido objeto de amenazas y hostigamiento. Dado que muchos han abandonado Venezuela, aliento a los Estados de la región a garantizar su protección internacional y a adoptar un enfoque flexible en relación con los documentos de identidad vencidos.

Según informes, al menos tres organizaciones no gubernamentales han cesado sus actividades en medio de denuncias de vigilancia, persecución y actos de represalia, incluidos arrestos selectivos y cancelación de pasaportes. Esto contribuye a un clima de miedo y tensión social e impide que las organizaciones de la sociedad civil realicen su importante labor.

La legislación restrictiva, como la Ley Simón Bolívar y la Ley de ONG, corren el riesgo de infringir gravemente el ejercicio de las libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y participación política.

Es esencial que las autoridades adopten medidas urgentes para garantizar un espacio cívico abierto e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Esto es importante para cualquier sociedad, y en particular en Venezuela, de cara a la investidura en enero y las elecciones previstas para el año próximo.

Se necesitan urgentemente negociaciones políticas entre las diferentes partes interesadas para acordar un camino viable a seguir.

Hago un llamamiento para que todos los procesos electorales sean transparentes, inclusivos, pacíficos y plenamente acordes con las normas internacionales de derechos humanos.

También estamos siguiendo de cerca la situación de las seis personas en las instalaciones de la embajada argentina y estamos dispuestos a apoyar todos los esfuerzos para encontrar una solución.

Los venezolanos enfrentan serios obstáculos para acceder a alimentos, educación, atención médica y trabajo decente, incluido un salario digno. Los salarios siguen siendo extremadamente bajos a pesar de un aumento reportado del 8,5 por ciento del Producto Interno Bruto el año pasado. Las comunidades marginadas y aisladas se ven afectadas desproporcionadamente por la falta de servicios básicos. Insto a las autoridades a abordar estas preocupaciones en materia de derechos humanos de conformidad con sus obligaciones internacionales.

El reciente anuncio de medidas para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes es un paso adelante. Sin embargo, me preocupan los informes sobre suspensiones arbitrarias de los salarios de los docentes, despidos injustificados de trabajadores y jubilaciones forzadas de dirigentes sindicales, incluso por sus opiniones políticas.

Algunas comunidades indígenas también enfrentan el impacto de la minería ilegal en su territorio. Las operaciones militares contra estas actividades deben ir acompañadas de una reintegración social y un componente civil, y deben respetar el consentimiento libre, previo e informado.

Estoy alarmado por los informes sobre el asesinato de un defensor indígena que participaba en la protección de territorios contra la minería. Pido una investigación transparente sobre este asesinato, así como sobre el asesinato del defensor de los derechos de los pueblos indígenas, Virgilio Trujillo, ocurrido hace dos años.

También quisiera señalar una vez más que las sanciones sectoriales amplias tienen un impacto desproporcionado sobre los más vulnerables y también afectan la labor de algunas organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Es necesario reevaluarlas y levantarlas.

Señor Presidente, Excelencias,

Visité Venezuela hace casi dos años y me solidarizo con el pueblo de ese país, que ha pasado por momentos muy difíciles. En aquel momento, como ahora, me quedó claro que la sociedad necesita sanar, superar las divisiones y la polarización y entablar un diálogo inclusivo, como prioridad absoluta.

Estamos dispuestos a apoyar al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela durante estos tiempos difíciles, con un espíritu de compromiso constructivo.