Hola y gracias por venir.

En primer lugar, quisiera agradecer al Gobierno su invitación. Durante mi visita, en los últimos días me reuní con el Presidente Nicolás Maduro, la Vicepresidenta Delcy Rodríguez, el Ministro del Interior, Justicia y Paz y el Ministro de Defensa. También me reuní con el Presidente de la Asamblea Nacional y Jefe de la Delegación del Gobierno en el Diálogo México, las conversaciones destinadas a abordar la crisis política y económica del país.

También sostuve reuniones con el Presidente de la Corte Suprema, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. Además, me reuní con integrantes de la Delegación de la Plataforma Unitaria al Diálogo México. Estas reuniones me dieron una perspectiva amplia y variada sobre los desafíos que enfrenta Venezuela.

Durante mis misiones a países en general, es fundamentalmente importante para mí poder hablar con la mayor variedad de personas posible. Aquí en Caracas me reuní con más de 125 miembros de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, víctimas de violaciones de derechos humanos y representantes de organizaciones de víctimas de todo el país. Les agradezco las reuniones abiertas y francas que tuve. También aprecio profundamente las ideas que obtuve al reunirme con representantes de la Iglesia Católica Romana.

Permítanme compartir con ustedes algunas impresiones que me llevo de mi visita:

• El estado fragmentado y dividido de la sociedad venezolana y la fractura de la confianza entre los electorados.
• La necesidad y el afán apremiantes, expresados ​​por muchos de los que conocí, de construir puentes para tratar de sanar estas divisiones.
• Los desafíos en materia de derechos humanos que enfrenta el país en los ámbitos civil, político, económico y social.
• La necesidad de actores nacionales e internacionales y de la ONU para ayudar a Venezuela a superar sus crisis. Y también, lo que es más importante, la oportunidad de comenzar a superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos.

En todas mis interacciones, destaqué la importancia del 75 ^aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos este año. Esta no es una mera fecha en el diario o un texto milagroso, sino una oportunidad real para abordar y avanzar en muchos temas de larga data, promover el diálogo y promover la curación después de décadas de ruptura.

Durante conversaciones francas con las autoridades, planteé temas relacionados con el espacio cívico, las condiciones de detención y las demoras judiciales, entre otros, alentándolos a tomar medidas significativas para reformar los sectores de la justicia y la seguridad, y a tomar la iniciativa en generar confianza con las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, para escucharlos, para incluirlos de manera significativa en el diálogo y responder a la difícil situación de las víctimas, en particular.

Luego de mi reunión con el presidente Maduro, expresó públicamente su disposición a trabajar para mejorar el sistema de justicia. Esta es un área clave para la reforma y ofrezco el apoyo y la experiencia de mi Oficina para llevarla a cabo.

Sobre la base de mis debates, percibo que existe un reconocimiento general en todo el espectro político y social de la necesidad de reforma.

Escuché relatos de personas detenidas arbitrariamente y torturadas, y de familiares asesinados en operaciones de seguridad y manifestaciones. Una mujer se llenó de emoción al contar cómo hace dos años su hermana había sido detenida, violada y torturada. En mis reuniones con el Presidente y los ministros, pedí la liberación de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Esto también forma parte de mi llamado global a los gobiernos para que amnistien, indulten o simplemente liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente por ejercer sus derechos humanos fundamentales.

Entre los otros temas que planteé fue el uso extenso y prolongado de la prisión preventiva y la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad.

Me dieron compromisos de que las denuncias de tortura se abordarían con decisión, se investigarían a fondo y los responsables serían llevados ante la justicia. Alenté a las autoridades a tomar medidas decisivas para poner fin a la tortura de una vez por todas y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura que busca prevenir la tortura y mejorar las condiciones de detención. Esto también estaría en línea con el compromiso voluntario de Venezuela durante el proceso de Examen Periódico Universal que tiene su sede en Ginebra, que apunta a una revisión integral del marco legal existente sobre prevención de la tortura y para fortalecer la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura.

También los insté a ratificar la Convención sobre Desapariciones Forzadas y el acuerdo regional latinoamericano y caribeño de Escazú sobre el medio ambiente.

Los actores de la sociedad civil han compartido información sobre la situación a menudo desesperada en las cárceles y la falta de alimentos, medicamentos y acceso a una atención médica adecuada y oportuna. Mi equipo aquí realiza visitas periódicas a los centros de detención pero, como señalé a las autoridades, esto debe incluir todos los centros de detención, incluidos los dirigidos por militares. De mis conversaciones con las autoridades, confío en que pronto tendremos acceso sin restricciones a todos los centros de detención del país.

En otros temas específicos, me complació saber que las autoridades se han comprometido a eliminar el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar que tipifica como delito las relaciones entre personas del mismo sexo, y que califican de obsoleto. Tal paso estaría en línea con una de las demandas clave que escuché de un representante de la comunidad LGBTIQ+.

Pude compartir nuestras observaciones, e inquietudes, desde una perspectiva de derechos humanos con respecto al proyecto de ley que regula las ONG. Reiteré la importancia de garantizar el espacio cívico, insto encarecidamente a las autoridades a tomar en cuenta nuestros comentarios.

También insté a las autoridades a revisar las disposiciones legales muy restrictivas que penalizan el aborto, que conducen a la muerte de mujeres que se ven obligadas a recurrir a riesgosos procedimientos clandestinos.

Mi equipo aquí ha tenido acceso a algunos archivos judiciales y audiencias para poder hacer recomendaciones sobre la realización de investigaciones y procedimientos desde una perspectiva de derechos humanos. Esto es importante y alenté a las autoridades a hacer esta práctica estándar.

Los desafíos económicos y sociales que enfrenta Venezuela, incluso con respecto al salario mínimo y las pensiones, y el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las personas al restringir sus derechos a la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales, fueron transmitidos con fuerza. a mí en mis reuniones con la sociedad civil, sindicalistas y jubilados, entre otros.

Describieron cortes regulares de energía, falta de agua corriente, maestros que renunciaron a sus trabajos, incapaces de sobrevivir con su salario mensual. Los representantes de la iglesia me dijeron que no necesitan ver los informes para saber qué está pasando; ven el sufrimiento cuando salen a la calle para ayudar a algunas de las comunidades más vulnerables. Según estadísticas de la ONU, hay más de siete millones de personas que necesitan asistencia humanitaria en el país.

Escuché de todo el espectro de personas con las que hablé, incluidos actores humanitarios y agencias de la ONU, sobre el impacto de las sanciones sectoriales en los segmentos más vulnerables de la población y los obstáculos que crean las sanciones para la recuperación y el desarrollo del país, sobre todo en el despertar. de la pandemia del Covid-19. Las personas que conocí describieron su lucha por obtener productos básicos y esenciales para mantener sus medios de subsistencia, la imposibilidad de encontrar los medicamentos que tanto necesitan sus seres queridos y el impacto mental, la ansiedad y la depresión de endeudarse cada vez más para sobrevivir.

Si bien las raíces de la crisis económica de Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, como destaqué en mis interacciones, está claro que las sanciones sectoriales impuestas desde agosto de 2017 han exacerbado la crisis económica y obstaculizado los derechos humanos.

Mi Oficina ha recomendado reiteradamente a los Estados Miembros que suspendan o levanten las medidas que tienen un efecto perjudicial sobre los derechos humanos y que están agravando la situación humanitaria, llamado que hacemos también en relación con las medidas coercitivas unilaterales impuestas a otros países.

Los pueblos indígenas también expresaron sus legítimas quejas y temores por sus comunidades, en medio de las amenazas a sus medios de vida, cultura e incluso existencia por parte de las operaciones mineras, las organizaciones narcotraficantes y los grupos armados ilegales. Es vital que cualquier decisión que les afecte se base en su consentimiento previo e informado.

Pude escuchar a las delegaciones tanto del Gobierno como de la Plataforma Unitaria al Diálogo México. Reiteré nuestro apoyo a los debates en curso y subrayé la necesidad de escuchar a las víctimas en el proceso político. Si bien de ninguna manera subestimo los desafíos que se avecinan, los insté a que se escucharan unos a otros y se embarcaran en un diálogo significativo para encontrar una visión común para el futuro. Habrá obstáculos en el camino, pero como un río sigue fluyendo a pesar de las piedras en su camino, el compromiso y el diálogo constructivo pueden forjar una forma de sortear los obstáculos.

Todas las partes deben pensar en el futuro que quieren para Venezuela y mi Oficina está lista para ser un constructor de puentes entre las instituciones del Estado y el pueblo, lista para ofrecer nuestra perspectiva y experiencia en derechos humanos, y también en relación con el proceso electoral. y listos para ayudar a garantizar que el discurso sobre los derechos humanos no sea manipulado con fines políticos.

Uno de los relatos más reveladores que escuché fue el de un hombre visitado por miembros de mi equipo mientras estaba detenido y que trabajó para garantizar su liberación. Esto, dijo, le aseguró que no había sido olvidado. De hecho, todas las personas con las que hablé apreciaron la presencia de nuestra pequeña oficina aquí en Venezuela.

En cuanto a los venezolanos fuera del país, alenté a las autoridades venezolanas a continuar y fortalecer su cooperación con las agencias de la ONU para garantizar un retorno voluntario, seguro y digno para todos aquellos que lo buscan.

En todas mis interacciones escuché un fuerte aprecio por el trabajo de mi Oficina en todo el país, que comenzó a funcionar luego de la visita de mi antecesora, Michelle Bachelet. Me alienta la decisión del Gobierno de extender la presencia del equipo en Venezuela por dos años más, para que puedan continuar e incluso fortalecer su trabajo ayudando a avanzar la agenda de derechos humanos en el país.

Me comprometo a seguir comprometido con Venezuela, no solo porque tengo el mandato de hacerlo por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino por mi firme convicción de que esto es esencial para un futuro mejor. Ofrezco mi propio apoyo y el de mi equipo a todas las partes interesadas.

Muchísimas gracias.