La articulación de ciudadanos, organizaciones, movimientos sociales y políticos que promovemos una respuesta concertada a la emergencia humanitaria compleja y una transición democrática en Venezuela, construida a través del Diálogo Social, hemos dado lectura y debatido el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional, en fecha 13 de noviembre de 2018, denominado “ACUERDO CON EL OBJETO DE IMPULSAR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA A LA CRISIS NACIONAL, FORTALECIENDO LAS FUERZAS DEMOCRÁTICAS DEL PUEBLO DE VENEZUELA CON EL RESPALDO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL”. Al respecto, declaramos:

Coincidimos en que la exacerbación del deterioro sistemático de las condiciones de vida de los venezolanos, y la progresiva disminución de las garantías mínimas necesarias para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales son consecuencias directas del desmantelamiento del Estado de derecho perpetrado por el actual gobierno, mediante la destrucción del orden legal, institucional y patrimonial, así como de la imposición de un modelo económico inviable. Todo ello ha provocado una Emergencia Humanitaria compleja sin precedentes en Venezuela, y la inherente masiva violación de los derechos humanos de los venezolanos, tal y como señala el acuerdo de la Asamblea Nacional, y que efectivamente se ve expresada en los siguientes aspectos:

1. Una grave crisis económica generada, entre otros factores, por una corrupción desenfrenada, amparada en altísima medida por el ocultamiento y la impunidad, que ha causado un gigantesco daño patrimonial a la nación, y mantiene a más del 80% de la población sumergida en situación de pobreza, impidiéndole el acceso a los alimentos necesarios de una dieta básica.
2. El desplome de la industria petrolera y la destrucción del parque industrial del país, así como el enorme daño ecológico en desarrollo por las prácticas de extracción que se llevan a cabo, en todo el territorio
3. El colapso generalizado de todos los servicios públicos fundamentales del país (salud, agua, luz, gas, telefonía, comunicaciones y recolección de desechos), lo cual ha llevado a la población a un grado extremo de vulnerabilidad e indefensión.
4. La migración forzada de cerca de tres millones de venezolanos, que han huido para garantizar su sobrevivencia, se ha convertido en una grave y nunca vista crisis regional de movilidad humana, especialmente en lo relativo a la atención sanitaria y alimentaria de una población extremadamente empobrecida y carente.
5. La sistemática aplicación de procedimientos arbitrarios e inconstitucionales para forzar, por la vía de los hechos: el desconocimiento de la Asamblea Nacional elegida por más de catorce millones de venezolanos; la destitución de alcaldes y gobernadores que llegaron al poder con el voto popular; la inhabilitación y/o ilegalización de opciones políticas no oficialistas; así como la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente –ilegítima en su origen y en su desempeño– que pretende erigirse en un suprapoder con funciones ejecutivas, legislativas y judiciales.
6. Una política de Estado orientada a reprimir, perseguir, amedrentar e incluso aniquilar físicamente cualquier expresión de disidencia, que alcanza su cenit con la creación de una estructura de espionaje social que obliga a los ciudadanos a informar sobre la actividad política de sus vecinos, llamada: Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS), y el uso del “carnet de la Patria” como instrumento de control social y coerción creado por el gobierno para administrar discrecionalmente el acceso a bienes y servicios públicos. El uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, malos tratos y torturas, entre otros abusos cometidos por las autoridades.
7. El desierto comunicacional a través del cierre de los espacios y medios para el ejercicio pleno de la libertad de expresión. El impedimento a las personas o agrupaciones no afines a las políticas del gobierno, al acceso a los medios de difusión públicos. La implementación de la “Ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica”, sancionada por la cuestionada ANC, que prevé hasta 20 años de cárcel, cierre de medios y emisoras, y bloqueos de portales cuyo contenido u opiniones sean considerados por el gobierno como críticos a su postura.
8. La implementación sucesiva e inconstitucional de estados de excepción configuran, justamente, un estado permanente de excepción bajo el cual el Ejecutivo, como un poder sin límites, pretende administrar y controlar todos los aspectos de la vida de los ciudadanos.
9. La negativa del gobierno a reconocer la amplitud de la emergencia humanitaria compleja y de respetar los petitorios y medidas cautelares emanadas de los organismos multilaterales (CIDH, ONU, OEA) incluyendo la resolución del consejo de derechos humanos de la ONU, del 27/9/2018, que exhorta al Estado a recibir la ayuda y a permitir la visita de la ONU para constatar la situación humanitaria.

Al desmantelamiento de la institucionalidad y la imposibilidad de los ciudadanos de apelar a instancias gubernamentales para ver satisfecha la garantía de sus derechos, se suma la imposición de una elección presidencial, cargada de múltiples irregularidades desde su convocatoria, no reconocida por la mayoría de los venezolanos, ni por buena parte de la comunidad internacional. Este conjunto de hechos convierte la pretensión de Nicolás Maduro Moros de seguir gobernando al país –luego del 10 de enero de 2019– en un grave despropósito, que agravará aún más las condiciones de vida de los venezolanos, agudizando el suplicio colectivo al acarrear un mayor extrañamiento y sanciones de la comunidad internacional.

Basado en lo anterior:

1.- Declaramos que los ciudadanos y organizaciones que suscribimos este documento estamos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, y enmarcamos ese compromiso en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 8 de marzo de 1998.

2.- Declaramos el incondicional apoyo a las personas, grupos vulnerables, familias y comunidades de Venezuela, que están sufriendo la privación de todos sus derechos, porque son víctimas de la grave crisis económica y política que azota a nuestro país. Nos comprometemos a coadyuvar en la búsqueda del consenso para el diseño de una solución política que conlleve la atención urgente de sus necesidades de manera eficaz, así como a la realización de una investigación enmarcada en un proceso de auditoría pública y de contraloría social conjunta entre la Asamblea Nacional y la ciudadanía, a fin de determinar responsabilidades por el proceso de corrupción desenfrenada del grupo en el poder y sus articulaciones.

3.- Valoramos como muy positiva la iniciativa de solicitud de apoyo de la Asamblea Nacional a los organismos multilaterales de la Comunidad Internacional, autoridades y órganos competentes de protección y asistencia de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, para que nos asistan en el restablecimiento del Estado de derecho, en la solución a la crisis y en el proceso de transición democrática. En el entendido de que el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela no es solo competencia de los venezolanos, sino que atañe a todos los Estados del mundo, pues su defensa se enmarca en la protección universal de la persona humana, que no reconoce fronteras, ni condición política o jurídica.

4.- Reafirmamos que para edificar un futuro de paz es indispensable la reconciliación de todos los venezolanos, sin venganzas, sin amenazas ni persecuciones, pero sin olvidar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, apoyándolas en su proceso de reparación y creando las condiciones para la búsqueda de la verdad, la reconstrucción de la memoria y la debida aplicación de justicia como precedente y garantía de no repetición.

5.- Dada sus atribuciones constitucionales y su legitimidad, derivada de la voluntad popular, consideramos que la Asamblea Nacional es la institución idónea para dirigir el proceso de transición hacia el cambio político, a fin de detener el inmenso sufrimiento que agobia a la nación. Exhortamos a los representantes del sector oficial a regresar a la Asamblea Nacional, para cumplir con el mandato de sus representados, y contribuir así a producir las transformaciones necesarias para recuperar la normalidad democrática y humana a la que aspiran todos los venezolanos.

En tal sentido, nos comprometemos a acompañar a la Asamblea Nacional en el cumplimento del acuerdo objeto de esta declaración, cooperando en:

1.- La construcción de un Acuerdo Nacional, marco normativo que restituya el Estado de derecho y que, en el ámbito de un proceso de transición y de renovación de los poderes públicos, cree las condiciones necesarias para que en Venezuela se puedan celebrar unas elecciones generales libres, democráticas, transparentes, justas y equitativas, organizadas por un nuevo Consejo Nacional Electoral, con asistencia y/u observación calificada nacional e internacional.

2.- La solicitud inmediata de liberación de todos los presos políticos, facilitar el retorno de los exiliados y exigir la restitución de los derechos políticos y de participación de aquellos ciudadanos y de aquellas organizaciones partidistas que fueron inhabilitados políticamente. Propiciar, una vez existan condiciones políticas adecuadas, la celebración de elecciones primarias para la renovación del liderazgo, tanto oficial, como opositor, como paso previo a un cambio de las autoridades a través de un proceso electoral justo y plural.

3.- La convocatoria a la ciudadanía a ejercer su derecho de defender la democracia y la Constitución vigente, y a participar en la construcción del cambio político en nuestro país, articulados en una sola dirección y bajo una misma orientación, promoviendo un Acuerdo Nacional inclusivo, que reúna los esfuerzos que desde las distintas plataformas políticas y sociales –Frente Amplio Venezuela Libre, Concertación por El Cambio, Soy Venezuela, Intersectorial de Trabajadores, actores sociales y políticos independientes y oficialistas– se adelantan, para avanzar en el OBJETIVO FUNDAMENTAL de recuperar y conducir al país hacia un gobierno democrático y respetuoso del Estado de derecho.

Por todo ello, acordamos la difusión de la presente declaración, así como su remisión a la directiva de la Asamblea Nacional y al distinguido Cuerpo diplomático, para su adecuada publicidad.

En Caracas, a los 11 días del mes de diciembre de 2018

Organizaciones convocantes al Diálogo Social:
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Sinergia
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Red de Activistas Ciudadanos (REDAC)
Convite AC
Centro Gumilla
Laboratorio Ciudadano de NoViolencia Activa
Las Piloneras
Alfa Ciudadana
La Urbina Activa
Alianza Venezolana Por La Salud
Red de Organizaciones Vecinales de Baruta Guaicaypuro Sociedad Organizada
Suscriben:
Centro para la Paz y los DDHH – UCV
CNJ Congreso Nacional de Juventudes
Comité de Derechos Humanos de la Guajira
Unión Vecinal Para la Participación Ciudadana
A.C Conciencia Ciudadana A.C
MedicosxLaSalud
Madres y Padres por Los Niños En Venezuela Mapani Vzla
Asociación Venezolana para la Hemofilia
Monitor Social A.C.
Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)
Revista SIC
Asociación Civil Centro de Desarrollo Integral Sucre. Cedisuc.
Acceso a la Justicia
Colegio de Profesionales de la Enfermería del Distrito Capital
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia y Paz (FUNPAZ)
Coalición Clima21
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos Aula Abierta
Observatorio Global de Comunicación y Democracia Caleidoscopio Humano
EXCUBITUS
Derechos Humanos en Educación HDRHD2-B
Fundación Niños, Niñas y Adolescentes (FunDanna ) MedicosxLaSalud
Asociacion de Profesores de la Universidad de Oriente, Nùcleo Monagas
APUDONM Women Empowerment Laboratory
Hombres por la Eguidad e Igualdad
NUVIPA
UNICRISTIANA DE VENEZUELA
Radar de los Barrios, A.C. Red «La Fuerza Es La Unión»
Fundación Reflejos de Venezuela
Organización StopVIH
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa
AVESA
Escuela de Vecinos de Venezuela
Fundación Pro Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)
Fundación Aguaclara
Centro para la Paz y los DDHH UCV
Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP Caleidoscopio Humano
Foro Hatillano
Movimiento SOMOS
Uniandes A. C.
VIDAS (Vigilancia Integral del Derecho a la Salud)
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Aconvida
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación del Colegio de Abogados del Estado Lara
Sociedad Medica Maternidad Concepción Palacios
Vigilancia Integral al Derecho a la Salud VIDAS
A.C. Medicos Unidos de Venezuela
Camino Democrático
Defiende Venezuela AC Agora
Sin Ventaja AVESSOC
Vanguardia Popular Solidaridad Activa
ALPES UNIMET
Fundación Social, Cultural y Deportiva Aguilitas
Observatorio Hannah Arendt
Centro de Animación Juvenil
Fraternidad Laical Dominicana de Barquisimeto Santo Domingo de Guzmán
A.C. María Estrella de la Mañana
La Ventana
Oportunidad AC
Comité Paz y Trabajo
Humano Derecho Radio
Estación Redes Ayuda
Padres Organizados de Venezuela
Un Mundo Sin Mordaza
Observatorio Venezolano de la Salud
Ángel Zambrano
Isabella Picón
Enrique Larrañaga Rigoberto Lobo
Lourdes Ramírez de Viloria
Carlos R. Guerra G.
Carmen Alicia Di Pasquale
Alicia Villamizar
Flor H Pujol
Felix J. Tapia, científico UCV
Leandro Buzón
Rafael Venegas Katiuska
Camargo Oscar J. Pinto Arnó
Beatriz Cisneros Alzuru
Olga Krnjajsky
Marysabel Cadenas
Celina Carquez
Magdalena Boersner
Lorena González Inneco
Liliana Rodríguez, OP
Disnoyra Navas Babino
Eilyn Gutiérrez