La designación de nuevas autoridades al frente de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo constituye una decisión de la mayor relevancia institucional para el país. Desde la renuncia del Fiscal y Defensor del Pueblo a final de febrero de este año, el nombramiento de unos funcionarios de carácter interino y el anuncio de los mecanismos de postulación, recepción y evaluación de candidaturas que distaron de las obligaciones constitucionales, diversas organizaciones de la sociedad civil documentamos con preocupación las serias irregularidades de transparencia y participación ciudadana que marcaron este proceso, especialmente en materia de transparencia, participación ciudadana e independencia institucional, y advertimos sobre el rol decisivo que estas designaciones tendrán para la reinstitucionalización democrática del país.

Tras la designación de Larry Devoe Márquez como Fiscal General y de Eglée González Lobato como Defensora del Pueblo, reiteramos nuestra objeción a la legitimidad de dichas designaciones y subrayamos que las deficiencias del proceso de selección no pueden ser ignoradas ni normalizadas, por cuanto comprometen principios fundamentales de la Constitución como la participación ciudadana y la independencia de los Poderes Públicos. En el caso del Fiscal General, su trayectoria institucional dentro del propio aparato que ha ejecutado la persecución y criminalización de la disidencia genera interrogantes serias sobre su capacidad de ruptura con ese patrón. En el caso de la Defensora del Pueblo, la ausencia de una trayectoria reconocida en materia de derechos humanos representa un déficit que deberá ser compensado con apertura real hacia la sociedad civil especializada y con decisiones que demuestren independencia de criterio. 

Sin embargo, también afirmamos con claridad que, independientemente de las objeciones que existan sobre el proceso o las personas designadas, sin renunciar a ellas, quienes asumen estos cargos reciben un mandato constitucional expreso. En consecuencia, tienen la obligación jurídica, institucional y ética de actuar con independencia, objetividad y velar por la garantía, sin discriminación, de  los derechos humanos.

La sociedad venezolana, así como la comunidad internacional, observarán atentamente el cumplimiento real de ese mandato y su desempeño será la evidencia concreta de que existe voluntad genuina de avanzar hacia un camino que garantice la institucionalidad democrática.

Tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo tienen una responsabilidad inmediata e ineludible: garantizar su propia independencia. Ello implica que ambas instituciones deben ejercer sus funciones libres de interferencias indebidas de otros poderes públicos, sin instrucciones políticas externas, sin represalias contra su personal, sin utilización partidista de sus competencias y asegurando la independencia, objetividad y estabilidad de sus funcionarios a través de procesos de designación basados en méritos y no por compromisos o cuotas políticas. La recuperación de la confianza pública pasa, necesariamente, por el ejercicio autónomo, imparcial y transparente de sus atribuciones.

De igual forma, ambas instituciones tienen la obligación de reconocer formalmente la legitimidad del trabajo de las organizaciones de derechos humanos y de las personas defensoras. El período reciente ha estado marcado por una grave distorsión funcional. El Ministerio Público ha operado sistemáticamente como instrumento de amenaza, persecución y criminalización tanto contra quienes reclaman sus derechos como contra quienes documentan y acompañan a víctimas de violaciones a derechos humanos, mientras que la Defensoría del Pueblo ha mantenido una parálisis deliberada frente a las denuncias de persecución, incumpliendo así su mandato constitucional más elemental. Revertir este patrón exige garantizar condiciones plenas para la libre actuación de la sociedad civil, cesando toda forma de hostigamiento y persecución institucional contra personas defensoras, así como a través del establecimiento de  mecanismos institucionales formales y permanentes de interlocución, consulta y colaboración que sean amplios, inclusivos y transparentes.

En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos esta comunicación haremos seguimiento al cumplimiento de una agenda urgente y necesaria por parte de las nuevas autoridades designadas que responde a sus obligaciones conforme a la Constitución y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos:

En la Fiscalía General de la República, exigimos:

1. Cesar de inmediato los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en motivos políticos, solicitando los respectivos sobreseimientos y promoviendo la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas o por el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, incluyendo la libertad de expresión, asociación, participación política, reunión y manifestación pacífica, así como de aquellas personas excluidas arbitrariamente de beneficios previstos en la ley de amnistía.
2. Iniciar investigaciones penales efectivas, independientes y objetivas contra funcionarios señalados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas como presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, asegurando acceso irrestricto a pruebas, archivos y testimonios. Dichos procesos e investigaciones deberán ir acompañadas de medidas de protección efectivas para víctimas y testigos, a fin de garantizar su seguridad, integridad y plena participación en los procesos judiciales sin temor a represalias.
3. Cooperar de manera activa y genuina con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el marco de las investigaciones en curso sobre la situación de Venezuela, así como con los demás mecanismos nacionales e internacionales en aras de combatir la impunidad por graves violaciones a derechos humanos
4. Preservar y resguardar toda la evidencia relacionada con graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la persecución política, en especial aquella que pudiera encontrarse en centros de detención u otras dependencias estatales.

En la Defensoría del Pueblo, exigimos:

1. Demandar públicamente la liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas o por ejercer sus derechos civiles y políticos, incluyendo la libertad de expresión, asociación, participación política, reunión y manifestación pacífica, así como revisar los casos excluidos o denegados en aplicación de la ley de amnistía y actuar como garante de su reconsideración ante las autoridades competentes.
2. Realizar visitas a los distintos centros de detención identificados por mecanismos internacionales y por organizaciones de la sociedad civil, y publicar informes periódicos, verificables y transparentes sobre sus hallazgos, recomendaciones y acciones de seguimiento.
3. Establecer canales formales de coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Determinación de los Hechos y otros mecanismos internacionales pertinentes, incluyendo la adopción de gestiones concretas para facilitar visitas al país. Y en ese sentido, promover activamente el reconocimiento del reingreso oficial de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos e impulsar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la ejecución de sus informes de fondo, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los dictámenes de los órganos de tratados de Naciones Unidas y de las recomendaciones emitidas por la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
4. Solicitar a la Asamblea Nacional, la derogación inmediata o demandar la nulidad por inconstitucionalidad de la legislación contraria a los estándares en materia de derechos humanos tales como Ley contra el Odio, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, la Ley Libertador Simón Bolívar, así como de otras normas que han sido utilizadas para perseguir, criminalizar y restringir la exigencia de derechos.

Un llamado a la responsabilidad institucional

Estas designaciones no pueden limitarse a un simple relevo de nombres. Deben traducirse en una actuación institucional orientada a la reinstitucionalización democrática del país, al restablecimiento del Estado de derecho y a la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

Lo aquí planteado no constituye una agenda extraordinaria ni aspiraciones ajenas al marco constitucional. Se trata, por el contrario, de obligaciones inherentes a los cargos asumidos y de compromisos mínimos con los derechos humanos que deben ser atendidos desde el primer día de gestión.

La sociedad civil venezolana continuará documentando y evaluando el desempeño de ambas instituciones. Del mismo modo, la comunidad internacional debe mantener su atención y seguimiento sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

Suscriben 

AC Comunidad en Movimiento

AC Gurrufio y Red de Mujeres Portuguesa

Ac Conciencia Ciudadana

Acceso a la Justicia

Asociación Cauce

Alianza de Venezolanos en Illinois

Articulate Foundation

Asociación Civil Lluvia de Arcoíris

Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina (ASOENVEAR)

Asociación de Pensionistas y Jubilados venezolanos en Uruguay (APEJUVENUR)

Aula Abierta

Canada Venezuela Democracy Forum

Canadian Human Rights International Organization Mission Miranda

Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual

CEPAZ

CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana

Civilis

Coalición por Venezuela

Diverlex Diversidad e Igualdad a Través de la Ley

Espacio Público

EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación

Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezolanos en la República Argentina (FOCVA)

Feminismoinc

Frente Amplio de Mujeres Monagas

Fundación el Amparo Internacional

Fundación Nakama’s

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

FUNDAPROMUF

Globalizateradio Plataforma C4D

Hombres por la Equidad e Igualdad

Ideas por la Democracia

Instituto de Estudios Jurídicos, Telemáticos y de Seguridad Corporativa

Justicia Encuentro y Perdón

Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU)

Juventud Venezolana en el Exterior (JUVENEX)

La Choza del Espíritu Santo

La Rayuela de Pablo

Laboratorio de Paz

Legión Internacional de Bomberos Brigada Venezuela

Legión Internacional Europa

Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo

Movimiento Primero Justicia

Mulier

Oc Las Brisas del Orinoco

Oc. Las Carolinas

Oc. Libertador

Oc Luna Nueva

Observatorio Global de Comunicación y Democracia

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Provea

Redac

Red de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en el Exterior RED-APEJUVEX

Resonalia

Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center

Stichting Venezolaanse Vluchtelingen

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC

VENAMERICA. Venezolanos Americanos AC

VenCat, Venezolanos en Catalunya y resto del mundo

Veneactiva Chile

Veneactiva Colombia

Veneactiva Perú