La Alianza de Familiares de Víctimas de la Represión 2017 (Alfavic-2017); el Comité de Madres y Familiares del Servicio de Hematología, el Comité de Madres y Familiares de Nefrología del Hospital J.M. de los Ríos; y el Comité de Familiares de Víctimas de las FAES Lara; junto a las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado, queremos expresar nuestra profunda decepción y rechazo a la acción por parte del Estado venezolano, específicamente del gobierno que controla la fuerza estatal, de impedir que el Sistema de Protección Regional de los Derechos Humanos, particularmente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), realizará una visita in loco que nos permitiría expresarnos, ser escuchados y obtener la protección y la Justicia que en Venezuela nos es negada.
Este 04 de febrero 2020, una comisión integrada por la presidenta de la CIDH y relatora para Venezuela Esmeralda Arosemena; el Secretario Ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao; y el relator especial para la libertad de expresión Edison Lanza, llegarían a nuestro país para tener reuniones con diversos sectores de la sociedad venezolana. Sobre todo para conocer a víctimas y familiares y escuchar de nuestras voces la realidad detrás de cada caso de violación grave a los derechos humanos, de preso/as políticos, víctimas de torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, desaparición forzosa, víctimas de los asesinatos en el marco de la represión desproporcionada, excesiva y no diferenciada desatada por el estado venezolano y los fallecidos prevenibles por la acción e inacción del estado frente a la Emergencia Humanitaria Compleja y el resto de las víctimas de dicha emergencia. Nuestros hijos y familiares claman justicia y verdad, las cuales hasta ahora han sido negadas por las autoridades del estado venezolano. No hemos sido reparados y no vemos un compromiso real del estado en establecer garantías de no repetición frente a los hechos que no convirtieron en víctimas.
Esta visita “in loco” significaba tener la posibilidad de: contarle a personas de otros países con autoridad en derechos humanos y dispuestas a escucharnos, quienes eran nuestros familiares y cuáles eran sus sueños y aspiraciones, ya que en Venezuela no hay espacios eficientes para ello, pues son tales las violaciones sistemáticas del derecho a la libertad de expresión, que ha sido difícil en el país exigir y sensibilizar sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos de las que hemos sido víctimas; registrar nuestras peticiones para incluirlas en sus informes y que pudieran constatar tanto nuestra desprotección como la de toda la población en el cumplimiento los estándares internacionales en materia de derechos humanos, a lo que el estado venezolano está obligado. Nuestra motivación para conversar con ellos era obtener justicia para nuestros familiares, así como garantías de no repetición para que ninguna otra madre venezolana sufra el abuso de poder estatal.
La denuncia de la Convención Americana y la salida de Venezuela de las competencias de la CIDH, se realizó violentando nuestra carta magna, y siguiendo procedimientos no regulares ni legales. Nuestra Constitución es clara en su artículo 19, que señala que el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad, el goce irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos. Sobre todo el artículo 31 donde expresa que “toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos”. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, como lo expresa el artículo 23 de la Constitución.
Esta decisión de impedir la entrada de la CIDH a Venezuela afecta nuestros derechos fundamentales a la protección internacional de nuestros derechos y viola nuestra Constitución. Tal como lo expresó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su momento, debilitar la protección de los derechos humanos, no solo afecta en Venezuela sino que tiene ramificaciones negativas para las personas de todo el continente.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes de los 14 servicios del Hospital J.M de los Ríos amparados por las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, ellos y sus familias esperaban reunirse con los comisionados en la visita que realizarían al hospital, para que pudieran verificar las vulneraciones de sus derechos fundamentales y en especial el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas. Igualmente, el Comité de Víctimas de Madres y Familiares de Nefrología del Hospital J.M de Los Ríos, esperábamos reunirnos con la Comisión para exigir justicia por las muertes prevenibles de nuestros hijos.
Denunciamos que la negativa del gobierno venezolano de permitir que nos reunamos con la CIDH en nuestro país viola nuevamente nuestros derechos, nos revictimiza, y busca mantener y fortalecer el entramado de impunidad para los responsables. Hacemos un llamado a todo el Sistema Internacional de Protección, sobre todo a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a alzar su voz frente a esta acción que pone no sólo en riesgo los derechos humanos de los venezolano/as sino que ataca al propio sistema de protección de la dignidad humana para garantizar que víctimas obtengamos justicia, que haya reparación, verdad y no repetición y cuyas repercusiones se extienden más allá de nuestras fronteras.
ONG que apoyan el pronunciamiento:
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Movimiento SOMOS en Mérida
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)
MAVID Carabobo
RVG+
Defensa en Acción
Justicia y Paz OP Venezuela
Civilis Derechos Humanos
Una Ventana a la Libertad
Fundación Pro Bono Venezuela, Provene
Ipys Venezuela
Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
Convite AC
Monitor Social A.C.
Asociación Civil Mujeres en Línea
Fundación Buria
SOS Pacientes Renales
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Prepara Familia
EXCUBITUS Derechos Humanos en Educacion
Ciclovías Maracaibo
Fundación para el Desarrollo Integral (FUNDESI)
Acceso a la Justicia
Fundación Rehabilitarte
Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)
ORFAVIDEH
Labo Ciudadano
Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de la Sociedad Civil
Asamblea de Educación
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Laboratorio de Paz
Caleidoscopio Humano
Acción Solidaria
Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara
Padres Organizados de Venezuela
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
REDHNNA
Aula Abierta
Vicaria de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto
MAPANI
Cátedra de DDHH UCLA
Movimiento Vinotinto
Comité de DDHH para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad
