A propósito del 52° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 21 de marzo se llevó a cabo la actualización oral del Alto Comisionado, Volker Türk, sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Recordemos que Volker Türk fue designado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en septiembre de 2022, por lo que esta representa su primera actualización sobre Venezuela en el ejercicio de su mandato.

Por su parte, en este mismo periodo de sesiones, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela presentó este 22 de marzo su actualización oral a cargo de su presidenta, Marta Valiñas.

El sistema judicial venezolano continúa vulnerando los derechos humanos de las personas detenidas

El Alto Comisionado expresó que a pesar de la liberación de al menos 312 personas que se encontraban detenidas, continuaron documentado otros casos de personas que permanecen encarceladas aún después de que se emitieron órdenes de liberación. Otras se encuentran ilegalmente en prisión preventiva y otras se encuentran detenidas arbitrariamente.

Por su parte, la Misión recordó que, según reportes de la sociedad civil, 282 personas, civiles y militares, se encuentran detenidas por motivos políticos. Además, las personas detenidas e incluso sus familiares están siendo constantemente amenazadas, son víctimas de represalias y encuentran dificultades y restricciones para acceder a alimentos y tratamientos médicos. A juicio de la Misión, las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia han sido insuficientes y han tenido una implementación muy limitada.

Finalmente, tanto el Alto Comisionado como la Misión coinciden en las constantes violaciones al debido proceso de las personas detenidas que se cometen en Venezuela. Así como en mencionar las restricciones para contactar con abogados y familiares, y en señalar que las audiencias judiciales son pospuestas sistemáticamente.

El espacio cívico y democrático en Venezuela se encuentra amenazado

Tanto el Alto Comisionado como la Misión mostraron su preocupación respecto al contexto de ataques, intimidación y criminalización bajo el cual se desarrollan las organizaciones de la sociedad civil venezolana. Ambos hicieron énfasis en el historial de normativas que entorpecen el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

En febrero de este año, la Misión publicó un contundente comunicado en el que señaló  que la “ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático”. Al respecto y debido a esta alarmante situación, la Misión advirtió, en su actualización oral, que decidió priorizar este tema como parte de las investigaciones bajo su tercer mandato.

Recordemos que en enero de este año la Asamblea Nacional, controlada por quienes hoy detentan el poder, aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines.  Esta normativa busca establecer un sistema uniforme para la creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las organizaciones no gubernamentales y afines, y a su vez controlar el manejo económico y el financiamiento de dichas organizaciones. Pero esta no es la primera normativa con la cual el gobierno de Nicolás Maduro ha buscado controlar el funcionamiento y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, pues la promulgación de normativas, resoluciones, providencias y circulares constituye un patrón que ha buscado cercar el espacio cívico en donde las organizaciones de la sociedad civil se desarrollan.

Actos de persecución y criminalización como política de Estado

Tanto el Alto Comisionado como la Misión mostraron su preocupación por el recrudecimiento de los ataques contra los medios de comunicación, el bloqueo de páginas web y el cierre de emisoras y programas de radio.

A juicio de la Misión, existe un profundo temor a manifestarse por parte de la población civil y una desmovilización de la disidencia política. Las graves violaciones de los derechos humanos, la ausencia de investigaciones y la falta de sanciones a los perpetradores, ha producido un efecto inhibidor en los distintos actores del espacio cívico y actores políticos. Como consecuencia de ello, han disminuido las protestas masivas y la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil que son percibidos como opositores al gobierno.

El Alto Comisionado y la Misión no dejaron de hacer mención a las recientes protestas de los sindicalistas, activistas sociales y trabajadores que exigen mejores condiciones de trabajo y calidad de vida. Resaltaron la detención arbitraria de líderes sindicales que han sido acusados de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.

Desde el Centro de Justicia y Paz, y como parte de nuestro monitoreo continuo sobre los casos de persecución y criminalización en Venezuela, mostramos nuestra preocupación por la criminalización de la protesta a través de ataques generalizados y castigos ejemplarizantes contra las personas que ejercen su derecho a expresarse, manifestarse y exigir derechos. Solo en enero de este año documentamos más de 187 casos de persecución y criminalización, de los cuales 71 corresponden a despidos injustificados de trabajadores del sector público que participaron en protestas, 14 personas fueron detenidas por convocar o ser parte de las protestas y 5 personas fueron hostigadas o amenazas por las mismas razones.

Así pues, nos preocupa que en un contexto de protestas por el descontento social y en un año previo a las elecciones, lo cual puede representar una amenaza de pérdida del poder a través de la participación masiva y organizada de la población, se profundice el ejercicio de los patrones y el número de víctimas.

La situación de Venezuela continúa en la agenda internacional

Las dos recientes actualizaciones orales productos del monitoreo e investigación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Independiente de determinación de los hechos, han dado cuenta de la persistencia de la violación sistemática de los derechos humanos en el país bajo total impunidad, y la falta de cooperación del Estado venezolano para resarcir la situación, investigar a los perpetradores, sancionarlos y reparar a las víctimas.

La crisis en derechos humanos continuará siendo monitoreada por el Alto Comisionado e investigada por la Misión, por lo que permanecerá en la agenda internacional. En el 53 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Alto Comisionado presentará un informe escrito y exhaustivo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y en el periodo 54° la Misión presentará un informe escrito con sus conclusiones.