El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha impulsado varias iniciativas con el objetivo de ampliar las garantías en derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, en opinión de las organizaciones que suscribimos la presente comunicación, las mismas incumplen estándares y principios internacionales en materia de derechos humanos, no cuentan con la independencia necesaria para su funcionamiento y terminan institucionalizando la discriminación como política de Estado bajo el discurso de “derechos humanos”.
Según el Decreto 876 publicado en la Gaceta Oficial 40.836 correspondiente al 03 de abril de 2014, se informa sobre la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) entre cuyos considerandos para su fundación se encuentra la calificación de “fascismo” y “actos terroristas” a la serie de protestas ocurridas en febrero de ese año, los cuales motivaban políticas públicas para “neutralizar a los grupos violentos promovidos por la derecha fascista venezolana”. En un comunicado el Foro por la Vida opinó que tales conceptos comprometían la integridad, imparcialidad y transparencia del Consejo, convalidando la criminalización del derecho a la reunión y manifestación pacífica. Además, la autonomía de funcionamiento de la instancia quedaba supeditada, según su artículo 1, a las “instrucciones del presidente de la República”.
En agosto de 2015 el CNDDHH realizó una consulta pública sobre una propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, en la cual participamos las organizaciones independientes del país, tanto en el cuestionario digital como en la invitación que se nos realizara en la sede de la Biblioteca Nacional en Caracas. En esta reunión entregamos un documento suscrito por 40 asociaciones del país con 15 recomendaciones, las cuales no fueron tomadas en cuenta en el documento final, para cuya elaboración se prometieron nuevas reuniones que nunca fueron convocadas. El resultado fue un Plan de Derechos Humanos de naturaleza discriminatoria, mediante conceptos que no figuran ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o en los estándares internacionales de derechos humanos (por ejemplo “democracia socialista” o “visión emancipadora, crítica y alternativa de los derechos humanos”) que sólo son representativos del sector de la población que apoya la ideología del actual partido de gobierno.
En esta misma línea el pasado 12 de abril de 2016 el presidente Nicolás Maduro instaló la denominada “Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas” conformada por 6 altos funcionarios gubernamentales, siendo su “Coordinador jefe” el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, 7 miembros de organizaciones claramente comprometidas con el ideario bolivariano y 4 diputados del llamado “Bloque de la Patria”, para un total de 17 personas representantes de una parcialidad política. Según ha expresado el primer mandatario, la incorporación de 4 diputados opositores sería suficiente para que este emprendimiento sea “equilibrado”, ignorando las 4 condiciones establecidas internacionalmente para la credibilidad de una verdadera Comisión de la Verdad: a) Selección de miembros con excelente reputación moral y profesional; b) Garantizar independencia total de cualquier interferencia política; c) Establecer procedimientos transparentes para la investigación y d) Establecer un diálogo con la sociedad civil, en particular con organizaciones de víctimas, sin discriminación alguna. La intencionalidad política de esta iniciativa es tan evidente, que la cadena Telesur informó que su objetivo era “esclarecer los hechos violentos perpetrados por la derecha desde 1999” (http://bit.ly/1MtDafG).
Nuestras organizaciones continúan comprometidas con establecer los mecanismos democráticos necesarios para garantizar y ampliar la vigencia y disfrute de los derechos humanos en Venezuela, sin ningún tipo de exclusión. Por esta razón nos abstendremos de participar en cualquier iniciativa que promueva la discriminación, por motivos ideológicos o de cualquier otra índole, especialmente si intenta legitimarse bajo un falso discurso de derechos humanos.
Adhieren
Acción Solidaria
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA)
Aula Abierta Venezuela
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado
Cáritas Ciudad Bolívar
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Civilis Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Codevida
Comisión para Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ)
Convite Asociación Civil
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía
Comité de Paz y Vida, Barinas
Derechos Humanos Y@
Espacio Público
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)
Fundación para el Debido proceso (Fundepro)
Fundaval
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Prisiones
Observatorio Venezolano de la Salud
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Redes Ayuda
RedDes UCLA
Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Transparencia Venezuela
Una Ventana por la Libertad
Unión Afirmativa de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Venezuela Diversa
