En los primeros dos meses del año 2022 el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró al menos 71 actos de persecución y criminalización en Venezuela. Estos actos fueron ejercidos como una política del gobierno de Nicolás Maduro, a través de la aplicación sistemática de patrones que buscan silenciar, reprimir, intimidar y controlar a diversos sectores de la población. Especialmente a aquellas personas percibidas como opositoras a su gestión.
Persecución en enero
El año 2022 inició con al menos 55 actos de persecución y criminalización ejercidos contra trabajadores de la comunicación, personeros políticos y la población en general.
En el monitoreo y análisis de estos 55 casos identificamos las siguientes acciones: cierre de un programa de radio, cinco detenciones arbitrarias, 22 actos de hostigamiento, amenaza o acoso, 12 impedimentos para registrar un hecho noticioso en el que se incluye el decomiso u obligación de borrar el material registrado, un asesinato bajo negligencia del Estado y en impunidad, un acto de violencia y el traslado arbitrario de 13 presos políticos.
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de enero, 28 fueron contra trabajadores de la comunicación, 24 contra actores políticos y tres contra la población.
Dentro de los 28 casos contra los trabajadores de la comunicación resaltamos 15 actos de hostigamiento, acoso o amenaza. Esteban Trapiello, supuesto testaferro de Tareck El Aissami, llamó a través de su red social Twitter “enchufados” a once periodistas. Además la internacionalista Laila Tajeldine a través de su programa “Reporte Internacional”, denominó a tres periodistas como mercenarios de la comunicación financiados desde Estados Unidos y Mario Silvia, ene su programa “La Hojilla” se refirió a un periodista como “mercenario mediático”.
También, y en el contexto de la repetición de las elecciones a gobernadores en el estado Barinas y la recolección de las firmas para activar el Referendo Revocatorio, la prensa venezolana se encontró nuevamente con limitaciones para registrar los acontecimientos. Estas limitaciones fueron ejecutadas por funcionarios del Plan República, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, y en uno de los casos por milicianos.
Otro acto de violencia ocurrió contra Juan Carlos Neira, periodista de Noticiero Digital, quien fue agredido físicamente y robado por los denominados “colectivos chavistas”. El hecho ocurrió bajo total impunidad y con la complacencia de los funcionarios de seguridad.
Dentro de los 24 actos de persecución y criminalización a personeros políticos encontramos el cierre del programa de radio del entonces candidato electoral de la Unidad en el estado Barinas, Sergio Garrido. También seis actos de hostigamiento, acoso o amenaza, como el realizado por Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien aseguró durante su programa “Con el Mazo Dando”, que la justicia se va a imponer contra los diputados de la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Afirmó Cabello que “nadie se va a quedar con las manos vacías, a todos los que han robado, les llegará la justicia”. En el mismo programa mostró varios volantes con la palabra “se busca” y fotografías de dirigentes de la Unidad, específicamente Juan Guaidó, Freddy Guevara, Tomás Guanipa, Miguel Pizarro y Stalin González.
Se documentaron además tres detenciones arbitrarias: la del director de ambiente de la alcaldía de Cruz Paredez, José Mejías, del sindico procurador de esta localidad, Rito Gulfo, y del activista del partido político Voluntad Popular, Alexander Mairober, después de reclamar los reiterados votos asistidos por parte de personas vinculadas con el gobierno.
También en el mes de enero fue asesinado en su hogar José Urbina, militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV). El activista político había liderado denuncias en diversas comunidades y había advertido meses antes haber recibido amenazas de un comandante del destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En los tres actos contra la población recogidos hay dos dirigidos a ciudadanos en particular, afectados por el ejercicio de los patrones de criminalización (el caso de Jean Mendoza trabajador de Masisa en Puerto Ordaz y el caso del profesor universitario Luis Chumaceiro detenido como testigo del caso Gedeón) y uno donde las múltiples víctimas no pudieron ser cuantificadas.
Persecución en febrero
Durante el mes de febrero se documentaron al menos 16 actos de persecución y criminalización ejercidos contra personas trabajadoras de la comunicación, personas vinculadas con el activismo político y contra organizaciones de la sociedad civil.
En el monitoreo y análisis de estos 16 casos se identificaron 8 bloqueos a páginas web y emisoras de radio, tres acciones que imposibilitaron registrar un hecho noticioso, dos detenciones arbitrarias, dos actos de hostigamiento y el cierre de una emisora de radio.
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos durante este mes se identificaron 13 ejercidos contra trabajadores de la comunicación, dos contra personas vinculadas al activismo político y uno contra una organización de la sociedad civil.
El mes de febrero se caracterizó por un patrón de censura a través del bloqueo de ocho portales web y de una emisora de radio. Se trata de bloqueos selectivos contra medios de comunicación que divulgan o denuncian situaciones irregulares que incomodan a quienes hoy detentan el poder, y que busca a través de este tipo de acciones silenciarlos, coartando así el derecho a la libertad de expresión y el derecho al acceso de la información de la población.
En el segundo mes del año también ocurrió el primer cierre por motivos políticos de una emisora de radio en 2022: Triunfo 99.3. Se trató de acto de represalia política ya que la misma funcionaba bajo la gestión del actual alcalde del municipio Ospino, Carlos Barrio, quien forma parte de la oposición al gobierno. El cierre de la emisora se conjugó con otros patrones, en esta oportunidad además le decomisaron los equipos técnicos a los operadores de la estación radial.
También se produjo la detención arbitraria de dos adultos mayores, dirigentes del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Mover. La detención ocurrió luego de que ambos dirigentes políticos desplegaron una pancarta a favor de la consulta popular para revocar el mandato de Nicolás Maduro. Ambos dirigentes fueron liberados, pero no de manera plena, sino bajo medidas cautelares.
Se registró además un acto de hostigamiento contra el Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización de la sociedad civil que documenta casos de violaciones contra personas detenidas y defiende sus derechos. El acto de hostigamiento e intimidación ocurrió a manos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes visitaron la oficina de la organización, preguntaron por el personal de trabajo, e incluso la directora de la organización aseguró que los funcionarios querían entrar a la oficina sin dar explicación de lo que buscaban o a quien buscaban.
Espacio cívico reprimido
Las organizaciones de la sociedad civil hoy se mantienen ejerciendo sus labores bajo un espacio cívico reprimido. En el año 2021 pudimos documentar cómo el ejercicio de múltiples patrones, entre ellos la promulgación de normativas arbitrarias, el allanamiento de las oficinas en donde ejercen sus labores las distintas ONG, las detenciones arbitrarias, los actos de criminalización y los ataques digitales contra su labor, entre otros patrones, han mantenido el espacio cívico venezolano cercado, situación que en el año 2022 se mantiene a través de este tipo de acciones de hostigamiento que también se replican en múltiples ocasiones a través de las redes sociales y medios de comunicación del Estado, y que debido a la censura y forma sistemática como ocurren en muchas oportunidades no logramos documentar.
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de enero aquí
Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de febrero aquí
