Durante el mes de agosto el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), documentó al menos 35 actos de persecución y criminalización ejercidos bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Estos fueron dirigidos contra trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política, contra la población y contra defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
En el monitoreo correspondiente al mes de agosto se identificaron las siguientes acciones: 11 actos de hostigamiento y amenazas, ocho irregularidades en procesos judiciales y administrativos, siete detenciones arbitrarias, tres allanamientos irregulares, dos impedimentos de registrar un hecho noticioso, dos intervenciones a organizaciones, un cierre de programa de radio, y un despido injustificado.
De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela durante este periodo se identificaron: siete contra personas vinculadas con la política, siete contra trabajadores de la comunicación, 14 contra la población y siete contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos.
Ataques a medios de comunicación y periodistas
En el mes de agosto al menos dos periodistas y un medio de información digital fueron atacados a través de actos de amenazas y hostigamientos. La periodista Dorkis Cárdenas fue intimidada por funcionarios del hospital “Dr. Patrocinio Peñuela Ruiz” mientras intentaba entrevistar al jefe de la unidad de Cardiología. El material que había logrado registrar tuvo que ser borrado. En otro caso, el diario la Voz de América fue hostigado por Nicolás Maduro, quien acusó al diario de tener una presunta “campaña” contra Venezuela. Por último, el periodista Edgar Tovar sufrió el robo de sus equipos de trabajo mientras intentaba cubrir un evento organizado por el político de oposición Henrique Capriles Radonski. Todo acto arbitrario en contra de los trabajadores de la comunicación en este contexto de criminalización tiene como objetivo la censura e impedir la difusión de información.
A la periodista Marthy Barbera y a su camarógrafo David Betancourt, del medio digital VPI TV, se les negó la posibilidad de ingresar al refugio temporal en el Instituto de Educación Especial Los Médanos de Coro, en donde ciudadanos procuraban denunciar la falta de respuesta de las autoridades tras el incendio registrado días antes en un edificio de la localidad. En otro hecho, emitir una opinión contraria a la del gobierno le costó el puesto de trabajo al periodista Seir Contreras, del canal de televisión Globovisión, tras mantener un fuerte debate en el que expuso la realidad del país frente al diputado oficialista Ramón Magallanes.
También en agosto fue sacado del aíre el programa de opinión “Desde el Centro con Marín” transmitido por el canal NVH Noticias en Cumaná y conducido por el periodista Rafael Marín, luego de dos entrevistas a voceros del partido político Vente Venezuela.
Actos contra ciudadanos
Este mismo mes, una actividad liderada por el dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, fue saboteada por seguidores del gobierno de Nicolás Maduro. En el evento, varios militantes resultaron heridos con objetos contundentes y otros fueron bañados con pintura de aceite negra. También rompieron sillas, dañaron equipos de sonido y la decoración. Una acción que no solo se puede catalogar como un acto de intimidación y amenaza, sino que que se constituye como actos de violencia política que alcanzan a la población y que vulneran los derechos de manifestación, opinión y expresión de la ciudadanía.
Durante el mes de agosto fueron detenidos el abogado Rafael Godoy; la madre del preso político Juan Carlos Monasterios, Yosida Vanegas; el líder estudiantil Jhon Alvarez, y personas que prestaron servicio de alquiler de equipos a la dirigente político María Corina Machado.
Además, fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana personas que alquilaron el camión, la locución y equipos de sonidos que utilizó el equipo de la candidata de oposición María Corina Machado en un acto político que llevó a cabo en Los Robles, Nueva Esparta.
En otro hecho, los activistas sociales y miembros del Colectivo Cultural Toromayma, Samuel Bravo y Zaida Mujica, recibieron una visita domiciliaria de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quienes no se identificaron ni presentaron orden judicial, y obligaron a Mujica a abrirles la puerta de su domicilio para realizar una inspección.
También en agosto fueron condenados a 16 años de prisión seis dirigentes sindicales detenidos en el contexto de las protestas contra el instructivo Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) ocurridas el año pasado. Los dirigentes condenados por los delitos de conspiración y asociación para delinquir fueron: Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez y Emilio Negrín.
Las irregularidades en los procedimientos no solo ocurren en el ámbito judicial. Durante el mes de agosto se documentó el cierre irregular por 10 días de un restaurante ubicado en Margarita, por parte del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), luego de que la dirigente María Corina Machado visitara sus instalaciones.
Ataques a personas vinculadas con la política
Cuatro actos de hostigamiento y amenazas contra personas vinculadas con la política ocurrieron contra la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado; la dirigente de Encuentro Ciudadano, Delsa Solorzano, y el dirigente de Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma.
Machado fue amenazada por el gobernador de Trujillo, quien afirmó: “El día que aquí en Pampanito, en este municipio, al que yo considero el más chavista de Trujillo, venga una María Corina, o lo que sea, tenemos que sacarlos a coñazos”. Machado también fue hostigada en un acto liderado por el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en donde personas adeptas al gobierno coreaban calificaciones como “satanaza y llorona” y amenazas como “Tú te vas por el Darién, fuera que fuera”.
Solórzano denunció haber recibido desde el mes de julio amenazas de muerte a través de la red social Facebook, con frases como “las fuerzas colectivas del ELN van a asesinarte”. También la Comisión Nacional de Primarias fue amenazada por Diosdado Cabello a través del programa «Con el Mazo Dando». Cabello específicamente criminalizó el financiamiento que recibe la organización para el desarrollo de las primaras.
El Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra Antonio Ledezma por traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación para delinquir, luego de que participara en el programa de la periodista Patricia Poleo y rechazara la exclusión de la candidatura de María Corina Machado por el Consejo Nacional Electoral.
En otro acto, Ledezma denunció que su vivienda en Caracas había sido allanada. El dirigente político, exiliado en España, aseguró: “no se cansa el régimen de perseguirnos y de hostigarnos; de profanar el seno familiar. Aunque no estemos ahí, quedan nuestros recuerdos, sentimientos, nuestros libros”.
Por último, y con el fin de acabar con el pluralismo político en Venezuela, durante el mes de agosto un nuevo partido político fue intervenido. El TSJ nombró una nueva junta directiva para el Partido Comunista de Venezuela, integrada por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV.
Arremetida contra ONG y personas defensoras de derechos humanos
Tanto las organizaciones no gubernamentales como las personas que hacen parte de las mismas como defensores y defensoras de derechos humanos, han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y actos de intimidación por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
La Cruz Roja fue hostigada a través del portal web de «Con el Mazo Dando», donde aseguraron que el financiamiento que recibe esta organización no es para la asistencia humanitaria sino para concretar una agenda de intervención en los países a través del contacto directo con los ciudadanos. El mismo día, el TSJ intervino la organización, designando una nueva directiva para su reestructuración.
Por su parte, Melanio Escobar, director de la organización Redes Ayuda, fue víctima de hostigamiento a través de la red social X por un perfil anónimo vinculado con simpatizantes del oficialismo. Escobar fue acusado de estar detrás de una “campaña de odio en el país” y de “traición a la patria».
Diosdado Cabello nuevamente arremetió contra las organizaciones no gubernamentales de Venezuela, afirmando: “Yo les recuerdo, nosotros tenemos en la Asamblea Nacional aprobado en primera discusión la ley sobre el financiamiento de las ONG, ahora iremos a la consulta pública para ir a la segunda discusión y su aprobación”. Agregó: “Esa gente que ha pedido invasiones, bloqueos, sanciones, de todo y ahora nos acusa a nosotros de violencia».
Finalmente, tres personas defensoras de derechos humanos fueron detenidas arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Marilexis Goyo y Raquel da Silva, directora y activista de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos, Libertad y Justicia, respectivamente, fueron detenidas luego de haber denunciado las agresiones de las que fueron víctimas en las afueras del hospital Adolfo Prince Lara, de Puerto Cabello, estado Carabobo. Por su parte, José Cádiz, enfermero y defensor de derechos humanos, fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana mientras caminaba a su casa por el centro de Caracas. Familiares acudieron a distintas sedes policiales sin conocer el paradero ni las razones de la detención, lo que representa un nuevo caso de desaparición forzada en el contexto de una detención arbitraria.
Consulta el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de agosto aquí
