Por Beatriz Borges

El 17 de octubre Venezuela fue electa al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por 105 votos. Costa Rica, país que lanzó su candidatura el pasado 3 de octubre para intentar impedir la elección de Venezuela, alcanzó 96 votos. En la lectura de la votación de este día vemos en la Asamblea General a un organismo internacional donde todavía prevalecen los acuerdos y los pactos políticos sobre las obligaciones en derechos humanos. Y es una práctica que hay que cambiar, para que haya coherencia entre lo que es la finalidad de esa organización que trabaja por el desarrollo, la paz y los derechos humanos, y lo que se traduce en la realidad.

Por su parte, Costa Rica ha enviado un claro mensaje, demostrando que hay naciones que todavía apuestan a la prevalencia de los derechos humanos. Quizás el anuncio de la candidatura debió hacerse antes, lo que hubiera permitido revertir esa situación, tanto a ese país, como a todos los actores que trabajaron y contribuyeron para intentar que este no fuera el resultado. Pero a pesar de eso los números hablan, pues si Costa Rica llega a 97 votos habría alcanzado la mayoría simple, y eso lo logró en apenas una semana de haber lanzado su candidatura. En cambio Venezuela, a pesar de todo el lobby político que hizo, apenas obtuvo 105 votos. No se puede entonces hacer una interpretación de que fue una «victoria» holgada, ni con el apoyo unánime y sostenido de la Asamblea General. Costa Rica no dejó que Venezuela llegara a la silla sin el cuestionamiento de los demás Estados.

Lo que la sociedad civil ha logrado hasta ahora en diferentes espacios de las Naciones Unidas es muy importante. Y aunque tengamos este resultado, esto no impide que el trabajo realizado tenga un gran impacto para la crisis de derechos humanos. El año que viene la situación de Venezuela estará presente en la agenda de las tres sesiones del Consejo de Derechos Humanos, y quedará entonces en evidencia su falta de compromiso con la defensa de los derechos humanos. Insistimos en que hay un trabajo importante que hacer en los organismos políticos. La respuesta a la situación de Venezuela requiere de una estrategia combinada. No se puede dejar la respuesta a la crisis solamente a los organismos de protección de derechos humanos, debe haber más conciencia en los otros organismos de naturaleza política como el Consejo de Seguridad, la Secretaría General y la Asamblea General. Nadie puede confundirse con lo que hoy en día está pasando en Venezuela y los organismos tienen la responsabildad de proteger a la población de que se cometan crímenes atroces. Para esto tienen como evidencia el informe de la Alta Comisionada, el informe de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de expertos sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad y hay una apertura de un examen preliminar en la Corte Penal Internacional.

Hay organismos que están alertando a la comunidad internacional sobre lo que está pasando en Venezuela y no se puede seguir dando la espalda a esta evidencia simplemente por cumplir pactos políticos. Está detrás de ello el sufrimiento de un país, de una población que requiere atención. Al liderazgo democrático, a la sociedad civil y a los países comprometidos con la democracia y los derechos humanos, nos toca seguir trabajando para que esto se revierta. No es la única vez que han ocurrido estos desbalances en el Sistema Internacional, pero desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) seguimos comprometidos a hacer el contrapeso para que estos organismos cumplan las funciones para las que fueron creados. Nuestra respuesta a esta votación es un compromiso con los 96 Estados que sí apoyaron la democracia y sí creen en los derechos humanos y con los mecanismos aprobados por el Consejo para que la situación de Venezuela cambie y mejore.

La presencia de Venezuela afecta sin duda la integridad del Consejo de Derechos Humanos. No debemos caer en el desánimo y la confusión que el régimen quiere. Se sentarán en esa silla por una mala práctica de intercambio de votos histórica en las Naciones Unidas. No porque cumplan los criterios para estar allí. El resultado de la votación no impedirá que se realicen las investigaciones, informes, seguimiento, monitoreo y visitas previstas en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y tampoco impedirá que sigamos luchando por recuperar nuestra democracia.