En el marco del quincuagésimo tercer período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó un nuevo informe escrito sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y con ello, una vez más, un reconocimiento sobre la falta de cooperación del Estado venezolano con la oficina del Alto Comisionado, el incumplimiento de sus recomendaciones previas y una señal de alerta sobre las continuas violaciones a los derechos humanos que persisten en el país.

Ataques sistemáticos a los actores del espacio cívico

El Alto Comisionado reconoció una vez las restricciones al espacio cívico venezolano marcadas por procedimientos judiciales y administrativos, detenciones arbitrarias, estigmatizaciones, amenazas, hostigamiento y criminalización; ejercidos contra actores de la sociedad civil, voces disidentes y periodistas. En total, el Alto Comisionado documentó al menos 84 actos enmarcados en los patrones antes señalados, durante el periodo comprendido desde el 1 de mayo del 2022 hasta el 30 de abril de 2023.

Los ataques al espacio cívico también se reflejan en las violaciones continuas a la libertad de asociación que sufren las organizaciones a través de la promulgación de normativas restrictivas. El Alto Comisionado alertó sobre los obstáculos indebidos en términos de actividades humanitarias y defensa de derechos humanos que representan normativas como la Ley de cooperación internacional y la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, así como nuevas regulaciones en el futuro.

Voces silenciadas: violaciones a la libertad de opinión, expresión, transparencia y acceso a la información pública

El Alto Comisionado mostró su preocupación por el patrón de censura generalizada que existe en el país, no solo por los ataques continuos contra periodistas, medios de comunicación y páginas web, sino también por la falta de transparencia y acceso a la información pública.

Durante el periodo comprendido desde el 1 de mayo del 2022 hasta el 30 de abril de 2023, la oficina del Alto Comisionado documentó el cierre de 16 emisoras de radio, y más aún, evidenció un temor en los directivos de las emisoras de denunciar esta situación o de ser parte de este tipo de represalias, tal es así, que varias emisoras han sustituido sus programas de noticias, opinión o denuncia ciudadana por otro tipo de programación.

A través del monitoreo de persecución y criminalización que desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) realizamos, hemos podido evidenciar que la censura en el país se ha agudizado sobre todo en el espacio radial, y que hoy, bajo el temor a las represalias por parte del Estado, los medios de comunicación han optado por la autocensura, es decir, los mismos directivos de las emisoras de radio se han visto en la obligación de censurar los programas informativos o de opinión que podrían contradecir la ideología chavista de quienes controlan el poder.

Además, el Alto Comisionado también documentó el bloqueo de 44 sitios web de medios de comunicación nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil, servicios digitales en línea y servicios de privacidad, por parte de proveedores de internet estadales y privados, sin orden formal ni notificaciones.

Criminalización de la protesta: violaciones a libertad de reunión y asociación

Las protestas sociales en Venezuela han continuado y se han intensificado, sobre todo desde el último periodo del año 2022. Los trabajadores, sindicatos, gremios y demás actores sociales reclaman reivindicaciones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales. Al respecto, el Alto Comisionado ha podido documentar ataques contra las personas que forman parte de estas protestas, incluyendo trabajadores, dirigentes sindicales y laborales que han sido hostigados, amenazados o detenidos arbitrariamente. Bajo este contexto, el Alto Comisionado alertó sobre la violación a derechos como la reunión pacífica, la libertad de asociación y la libertad sindical.

Desde Cepaz hemos observado con mucha preocupación la criminalización a la protesta a través del ejercicio por parte del Estado de patrones como despidos injustificados, detenciones arbitrarias, agresiones, amenazas y hostigamientos contra los manifestantes. El ejercicio de estos patrones busca silenciar, intimidar y controlar a quienes forman parte de estas manifestaciones, y además, a través de castigos ejemplarizantes, enviar un mensaje contundente a la población sobre las consecuencias de sumarse a las expresiones pacíficas de exigencia de derechos.

Sin posibilidad de elegir: violación al derecho de participación en los asuntos políticos

El Alto Comisionado mostró su preocupación por los patrones de persecución en contra de los líderes y lideresas políticos, partidos políticos y militantes, enmarcados en acciones como restricciones a la participación política, hostigamientos, intimidación e inhabilitaciones ejecutadas por la Contraloría General de la República a través de procedimientos sin notificaciones y restringiendo el derecho a la defensa.

Además, el Alto Comisionado advirtió sobre la participación del Tribunal Supremo de Justicia en estas acciones violatorias a los derechos de participación en los asuntos políticos, sobre todo, a través de decisiones que restringen la libertad de asociación y que constituyen una interferencia en los procesos internos de los partidos políticos, como ha sido el nombramiento, por parte del Tribunal, de juntas directivas ad hoc para dichos partidos.

Es importante destacar que las inhabilitaciones a personeros políticos y el arrebato de la autonomía de los partidos políticos forman parte de los patrones de persecución utilizados por el Estado para acabar con el pluralismo político y mantenerse indefinidamente en el poder. Las constantes arremetidas en torno a las venideras elecciones primarias de la oposición, los ataques contra los candidatos y partidos políticos y la reciente inhabilitación de la candidata María Corina Machado, son ejemplos claros de cómo en los contextos electorales esta situación que hoy preocupa al Alto Comisionado se exacerba y obstaculiza la posibilidad de unas elecciones auténticas y transparentes en el país.

19 recomendaciones exigen justicia, reparación y garantías en el ejercicio de los derechos humanos de los venezolanos

El informe presentado por el Alto Comisionado culmina con la formulación de 19 recomendaciones que se suman a las presentadas en los precedentes informes, evidenciando la insuficiente cooperación por parte del Estado.

Estas recomendaciones se encuentran enmarcadas en las garantías de los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y políticos de la población venezolana, protegiendo especialmente a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas campesinas, trabajadoras rurales, dirigentes sindicales, laborales y personas vinculadas con la política que son constantemente perseguidas y criminalizadas por parte del Estado. Así pues, las recomendaciones del Alto Comisionado hacen un llamado al Estado a poner fin a estos actos sistemáticos y violatorios de los derechos humanos, pero además a la adopción de medidas que permitan sin demora investigaciones independientes e imparciales, rendición de cuentas de los perpetradores y la reparación de las víctimas o de sus familiares.

Finalmente, el Alto Comisionado enfatizó la necesidad de ampliar la cooperación con su oficina en aras de aplicar todas sus recomendaciones y aquellas derivadas de otros mecanismos internacionales, incluyendo los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.