Ginebra, 18 de diciembre de 2019

Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias,

Tras mi última actualización oral a este Consejo, el 20 de septiembre firmé una Carta de Entendimiento, junto con el Canciller del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los términos de cooperación por un periodo renovable de un año. Esta Carta formaliza la presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención.

Asimismo, la Carta de Entendimiento establece nueve áreas de cooperación técnica con instituciones del Estado, incluyendo la colaboración con el sistema de las Naciones Unidas en el país.

Finalmente, contempla el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos.
Mi Oficina y las autoridades venezolanas han acordado un plan de trabajo conjunto para desarrollar las actividades de cooperación técnica. Para su implementación, se estableció un Comité de Coordinación inter-institucional que se reúne dos veces al mes, con gente de mi oficina.

En este contexto, mi Oficina organizó dos talleres de capacitación para funcionarios/as del Estado que guiarán, durante el segundo semestre de 2020, el proceso de creación de un mecanismo nacional de seguimiento de recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos y la adopción de una metodología participativa e inclusiva para la formulación del Segundo Plan Nacional de Derechos Humanos.

También hemos recabado información de los organismos de justicia, seguridad y sistema penitenciario, así como de la Defensoría del Pueblo, con el fin de proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020, asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva.

Mi Oficina agradece la apertura de las autoridades para revisar el nivel de avance en las investigaciones de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad y de las muertes en protestas de 2017.

Asimismo, mi Oficina toma nota de la nueva solicitud de las autoridades venezolanas al Relator Especial sobre la repercusión negativa de las medidas coercitivas unilaterales y al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo para que realicen una visita al país en 2020, e insta a las autoridades a que extienda la solicitud a un tercer mandato, con base a los compromisos acordados.

En los últimos tres meses mi Oficina ha realizado 9 visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios y el Ministerio de Defensa. El equipo logró entrevistar de manera confidencial a más de 70 personas privadas de libertad. Agradezco la cooperación de ambos ministerios y reitero la solicitud de visitar los centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar en el corto plazo.

En el mismo periodo mi Oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena. Estos casos se han puesto a consideración del Comité de Coordinación inter-institucional.

Destaco la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas (24 hombres y cuatro mujeres) privadas de libertad por motivos políticos e insto a las autoridades a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a militares. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens.

En este mes se inició el juicio por el intento de magnicidio contra el Presidente Maduro, por el cual están siendo juzgados 14 hombres y tres mujeres. En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Insto al poder judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad.

Señor Presidente,
Excelencias,

La situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales. Según la CEPAL, en 2019 la economía sufrirá una contracción del 25.5%, alcanzando una pérdida acumulada del PIB del 62,2% desde 2013¹. A pesar de que en los meses recientes se ha registrado una mejoría en el abastecimiento de alimentos, tan sólo una minoría de la población con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos debido a la hiperinflación y la dolarización de facto de la economía.

A pesar que en octubre el Gobierno decretó un incremento del 375% del salario mínimo, éste ha perdido su poder adquisitivo frente a la canasta básica alimentaria en un 72.5% desde principios de 2019. El salario mínimo sólo cubre actualmente el 3.5% de la canasta básica alimentaria².

Mi Oficina recibió información que señala que el escrutinio estricto (over-compliance) del sector financiero derivado de las recientes sanciones económicas sigue impactando negativamente en la economía y a los servicios públicos a todos los niveles. Se requiere mayor información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales.

Continúan las fallas de los servicios públicos. Uno de los estados especialmente afectados es Zulia. Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos/as han migrado al extranjero o a la capital del país.

La situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes es preocupante.  Una muestra de ello es el Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos, donde el último mes se recibió información de la muerte de tres niñas del servicio de hematología y un niño del servicio de oncología.  De los 39 niños y niñas con necesidad de un trasplante de médula ósea, 15 se encuentran en una situación crítica.

Durante el mes de noviembre, Caritas informó que, en las parroquias más pobres de 19 estados del país, 11.9% de los niños y niñas muestran señales de malnutrición aguda – un alza de 56% en contraste con el 2018 – y que 32.6% tienen retardo en el crecimiento.  Caritas también informó que 48.5% de las mujeres embarazadas atendidas tienen deficiencias nutricionales.

Según el registro del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se han realizado16,439 protestas en lo que va del año. En los últimos tres meses, se han registrado 4,433 protestas, de las cuales la mayoría han sido lideradas por trabajadores/as del sector educativo, de la salud y de las industrias básicas, argumentando las malas condiciones laborales y la falta de insumos y equipamientos básicos en centros educativos y hospitalarios.

El 16 y 21 de noviembre se convocaron movilizaciones nacionales por la oposición, estudiantes y simpatizantes del gobierno. El despliegue de fuerzas de seguridad fue considerable en el contexto de las protestas convocadas por la oposición y los estudiantes. En algunos casos, las fuerzas de seguridad dispersaron a las y los manifestantes para impedir que se concentraran. Se registraron más de 20 detenciones en este contexto, de las cuales al menos cinco personas siguen detenidas en el estado de Lara.

Ante la ausencia de cifras oficiales públicas y actualizadas, el Observatorio Venezolano de Violencia estimó una tasa de 60,3 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes de enero a noviembre de 20193. Aunque ello implica una disminución respecto al 2018, constituye una de las tasas más altas de la región.

Reitero mi preocupación por los niveles de violencia que en los últimos meses también ha impactado en líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal opositor Edmundo “Pipo” Rada Angulo y del ex gobernador oficialista Johny Yáñez Rangel.

Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), principalmente en contra de jóvenes varones, en el contexto de operativos de seguridad en barrios marginales.

Recientemente el Fiscal General anunció que, de agosto de 2017 a la fecha, 770 funcionarios han sido acusados por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393 privados de libertad y 131 condenados. Según información compartida con mi Oficina, del total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por el delito de homicidio en relación con 68 víctimas. Entre los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte de las FAES.

Agradezco la información aportada por el Ministerio Público, la cual está siendo analizada por mi Oficina. Es importante conocer el número total de denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas ante el Ministerio Público en dicho periodo, incluyendo por supuestas ejecuciones extrajudiciales, para poder evaluar el impacto de la labor del Ministerio Público en esta materia.
Mi Oficina sigue registrando altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares en el estado de Bolívar, involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco. Entre el 22 y 23 de noviembre, en la comunidad de Ikabarú, ubicada en el territorio indígena Pemón, fueron asesinadas ocho personas con armas de fuego, incluyendo un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana, un indígena Pemón y un adolescente. El Ministerio Público anunció la detención de 13 presuntos responsables de la matanza, quienes serían miembros de una banda delictiva que buscaba apoderarse del territorio para practicar la minería ilegal.

Mi Oficina ha recibido información de que, con posterioridad a los hechos, varios miembros de la comunidad habrían huido del territorio por temor. Reconozco los esfuerzos de investigación realizados por el Ministerio Público y exhorto a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para proteger a las comunidades afectadas y desarticular los grupos armados irregulares presentes en la zona.

Sr. Presidente

La Plataforma de Coordinación de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela estima que 4.7 millones de personas venezolanas han abandonado el país y proyecta que el número llegue a los 6.5 millones al final de 2020. Me preocupa el incremento de la migración irregular debido, por una parte, a los mayores requisitos de ingreso a algunos países de tránsito y destino, pero también, por las dificultades que las personas venezolanas están enfrentando en obtener su documentación de viaje.

Recientemente, las autoridades venezolanas incrementaron en un 70% los costos para expedir pasaportes, un costo equivalente a 54 salarios mínimos. Ha crecido la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico y trata de personas. Mi Oficina recibió información de que entre abril y junio de 2019, 102 migrantes que se dirigían a las islas del Caribe en tres embarcaciones habrían desaparecido por razones aún no esclarecidas.  Hasta la fecha, se desconoce el paradero de 32 mujeres, 10 adolescentes, tres niños y 46 hombres.

Excelencias,

Mi Oficina ha seguido documentando actos y casos de restricción de libertades públicas, limitando el espacio cívico-democrático.
Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad. Las manifestaciones de la oposición del 16 de noviembre fueron precedidas por actos de intimidación en redes sociales contra varios periodistas. El 19 de noviembre, efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron la sede de un medio de comunicación en línea y detuvieron a la gerente de operaciones, quien estuvo más de diez días incomunicada y hasta la fecha, sigue detenida en la sede de DGCIM en Caracas.

La DGCIM también detuvo brevemente a tres periodistas y a sus conductores que estaban cubriendo el allanamiento de la sede del medio de comunicación.

Las organizaciones no gubernamentales siguen enfrentando restricciones. Mi Oficina ha observado que los procesos de registro de actas de organizaciones sufren atrasos importantes debido a la revisión exhaustiva de la documentación por las autoridades.

2020 será un año electoral. Es crucial garantizar las libertades públicas que son fundamentales para crear las condiciones necesarias para unas elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas. En este sentido, me preocupan el levantamiento de la inmunidad de cinco diputados de la oposición, elevando el total a 30 diputados de la oposición despojados de inmunidad, así como los actos de hostigamiento contra representantes de la oposición, incluido el presidente de la Asamblea Nacional.

También me preocupan los llamados por parte de autoridades de alto nivel para seguir armando a las milicias, así como la presentación, ante la Asamblea Nacional Constituyente, de una propuesta de ley que fortalece e incorpora la milicia nacional a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Reitero mi llamado a las y los actores políticos en Venezuela a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población. Mi Oficina sigue comprometida en contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos. Insisto en la importancia de establecer una presencia más amplia y consolidada en el país que nos permita avanzar la agenda de derechos humanos.