Señor Presidente,
Excelencias,
Distinguidos delegados y delegadas,
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela cumple en presentar el informe oral de actualización sobre su labor ante el Consejo de Derechos Humanos, de conformidad con la resolución 57/37 del Consejo, que prorrogó el mandato de la Misión hasta octubre de 2026.
La composición de la Misión ha sido renovada desde la presentación de su último informe en septiembre de 2025. Esta actualización es presentada por sus dos nuevos miembros, el Sr. Alex Neve, aquí presente, y quien les habla, María Eloísa Quintero.
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a los anteriores experto y expertas de la Misión —el Sr. Francisco Cox, la Sra. Patricia Tappatá y la Sra. Marta Valiñas— por sus extraordinarios esfuerzos y resultados en la importante labor de investigación de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Señor Presidente,
Esta actualización abarca el período comprendido entre septiembre de 2025 hasta la fecha. Un período de mucha incertidumbre en el que hemos visto tanto cambios como continuidad. Éste puede dividirse en dos fases.
La primera fase abarca los últimos meses de 2025; durante esta fase se evidenció una continuidad de los patrones de graves violaciones de derechos humanos ya señalados en otros informes.
Solo entre septiembre y diciembre de 2025, la Misión registró 135 presuntas detenciones arbitrarias. Muchas de las personas detenidas fueron sometidas a violaciones de derechos humanos tras su detención. En particular, la Misión investiga actualmente varios casos de tortura y violencia sexual y de género en centros de detención y casas de seguridad.
Un tercio de las personas detenidas eran familiares de los objetivos principales de los arrestos. Entre estos se cuentan ocho niños, niñas y adolescentes, entre ellos, niños de dos y cinco años.
La Misión registró también la muerte de al menos tres personas bajo custodia durante estos meses. Las investigaciones iniciales indican que estas muertes podrían derivarse de condiciones de salud que no fueron oportuna y debidamente atendidas. Estas muertes en custodia ponen de relieve -una vez más- las duras condiciones en las que se encuentran las víctimas de detenciones, principalmente aquellas motivadas políticamente.
La Misión también ha seguido recibiendo información sobre el grave impacto que supone para los familiares de las personas detenidas la falta de información sobre el paradero y situación de sus seres queridos, así como sobre los criterios y tiempos de liberación. Esto ha afectado de manera desproporcionada a mujeres, muchas de las cuales han esperado durante semanas ante los centros de detención, llegando incluso a protagonizar huelgas de hambre.
La Misión continúa aún sus investigaciones respecto a estos patrones. No obstante, sus conclusiones iniciales sugieren que, durante el período de septiembre a diciembre de 2025, las autoridades continuaron aplicando la política estatal de represión de la oposición, tal como fue documentado por la Misión en meses y años anteriores.
Señor Presidente,
Durante este periodo de reporte, se registraron hechos de gran trascendencia.
Desde principios de septiembre de 2025, Estados Unidos de América desplegó un operativo militar y de vigilancia en el mar Caribe, con el objetivo de hacer frente a lo que las autoridades de ese país calificaron como “organizaciones narcoterroristas”.
A los pocos meses, el 3 de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo un ataque militar en Venezuela, que incluyó bombardeos a aeropuertos, bases aéreas y bases militares en Aragua, Caracas, La Guaira y Miranda. Según las estimaciones del Ministerio de Defensa de Venezuela, los ataques causaron 82 muertes; de estos, al menos 2 fueron civiles, según reportaron los medios de comunicación.
El ataque vino acompañado por una operación de Fuerzas Especiales estadounidenses en la que el Presidente Nicolás Maduro y la Primera Dama Cilia Flores fueron capturados. Ambos fueron trasladados por la fuerza a Estados Unidos, donde enfrentan cargos relacionados con drogas y posesión de armas. En relación con estos hechos, y en nuestra calidad de expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, nos gustaría señalar lo siguiente:
Primero, la Misión reitera lo expresado en su comunicado del pasado 3 de enero: la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 violó el derecho internacional. Si bien la Misión tiene motivos razonables para creer que Nicolás Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil, ello no justifica una intervención militar ilegal.
Segundo, la Misión ha señalado consistentemente que todos los actores que hayan participado en el sistema de represión y perpetración de esos crímenes deben rendir cuentas en un proceso judicial con las debidas garantías.
Señor Presidente,
Como es de público conocimiento, tras el ataque militar y la aprehensión de Maduro, la Corte Suprema de Justicia designó a Delcy Rodríguez como “presidenta encargada”. Ello dio inicio a una segunda fase que incluye algunas acciones que se perfilaron como alentadoras.
Una de las primeras medidas de Rodríguez fue emitir un decreto declarando el estado de “emergencia externa”, cuya vigencia y contenidos son cuestionables desde el derecho internacional y constitucional venezolano.
Pero luego, y como expresión del cambio, las autoridades pusieron en marcha un proceso de excarcelación masiva de personas detenidas por motivos políticos. La Misión remarca este acto positivo.
No hay datos ciertos y únicos sobre la identidad y el número de los denominados “presos políticos”; las cifras oficiales sobre las personas encarceladas y excarceladas son problemáticas y no pueden ser corroboradas. El 23 de enero, Delcy Rodríguez cifró el número de personas excarceladas en 626, mientras que las organizaciones no gubernamentales estiman que el número fue significativamente menor.
Por otro lado, el 20 de febrero, la Asamblea Nacional adoptó por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Toda ley de esta naturaleza es un instrumento positivo. No obstante, la ley no establece una amnistía general, sino que la limita a personas detenidas o procesadas por delitos derivados de una lista tasada de acontecimientos.
La Misión acogió con satisfacción la nueva ley, pero también ha expresado serias reservas. Entre ellas se encuentran las siguientes:
Primero, la Ley fue adoptada en un plazo acelerado, lo cual impidió un proceso consultivo transparente e inclusivo.
Segundo, la Ley no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos. No contempla procesos trasparentes e integrales, investigaciones independientes, ni mecanismos de búsqueda de la verdad. Tampoco se reconoce a las víctimas de la represión, a las que se sigue caracterizando como delincuentes, sin derecho a una reparación efectiva.
Tercero, el alcance de la Ley de Amnistía es arbitrariamente restrictivo, limitándose a delitos (no ilícitos civiles, disciplinarios, administrativos y otros) y a una lista acotada de acontecimientos. La amnistía excluye a un gran número de personas detenidas en relación con otros hechos como las presuntas “acciones armadas o de fuerza” contra la soberanía y la integridad territorial del país, una acusación usada frecuentemente por las autoridades para detener a militares, exmilitares y civiles.
Según los últimos datos oficiales, entre el 20 de febrero y el 6 de marzo, las autoridades judiciales excarcelaron a 247 personas en virtud de la Ley de Amnistía, mientras que a 7.407 se les otorgó “libertad plena” tras decaer los procesos en su contra. Al no existir registros públicos oficiales de estas causas, estas cifras son inverificables. Cientos de personas continúan privados de la libertad. Son personas de diversas nacionalidades. De acuerdo a lo registrado por la Misión, al menos 76 personas extranjeras o de doble nacionalidad que fueron detenidas por motivos políticos esperan aun ser excarcelados.
La Misión aprovecha esta oportunidad para reiterar su llamado para que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas de forma incondicional, con independencia de que sus casos queden o no comprendidos dentro el ámbito material taxativo de la Ley de Amnistía. No se requiere de esta ley para excarcelar a quien ha sido privado ilegítimamente de su libertad.
Señor Presidente,
La Misión continúa recibiendo testimonios directos, declaraciones de víctimas y familiares, información, documentos e informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas después del 3 de enero.
En esta segunda fase, conforme la información recabada por la Misión, al menos 87 personas fueron detenidas. Entre ellas, 14 periodistas y trabajadores de medios que fueron detenidos temporalmente mientras cubrían la juramentación de Delcy Rodríguez el 5 de enero, y al menos 27 personas fueron apresadas por presuntamente celebrar la detención de Nicolás Maduro, incluidos 15 niños. También se reportó que alrededor de 30 personas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y sus familiares, fueron detenidos luego de que los funcionarios presuntamente se negaran a falsear la evidencia relacionada con el ataque militar del 3 de enero.
La información con la que cuenta la Misión confirma que los “colectivos”, grupos de civiles armados, continúan operando. El espacio cívico y democrático continúa fuertemente restringido. Las organizaciones de la sociedad civil, los escasos medios independientes que todavía existen, y política son aún objeto de ataques, hostigamiento o intimidación. Las perspectivas de garantías plenas para la celebración de elecciones libres y democráticas siguen siendo remotas.
Los nuevos casos de violaciones de derechos humanos ponen de relieve que la compleja maquinaria legal e institucional que instigó y facilitó la comisión de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes internacionales, previamente documentados por la Misión, permanece intacta. No existen indicadores sobre cambios o reformas estructurales.
Las instituciones estatales que desempeñaron un papel clave en la represión, identificadas en informes anteriores de la Misión, no han sido revisadas ni reformadas. Entre estas se cuentan el poder judicial, las instituciones que integran el poder ciudadano – la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República -, y otras instituciones con competencias relevantes para el funcionamiento del espacio cívico y democrático, tales como el Consejo Nacional Electoral o el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
Varios funcionarios gubernamentales y militares de alto nivel que fueron previamente identificados por la Misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ejerciendo altos cargos en el ejecutivo y en las fuerzas de seguridad.
Los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor. Entre ellos destacan la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, o Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, que deben ser derogadas o reformadas sustancialmente.
Como la Misión ha afirmado anteriormente, se requiere un cambio mucho más profundo y duradero para que la ciudadanía pueda confiar en que los largos años de represión y violencia han llegado a su fin.
Señor Presidente,
En este escenario incierto y convulso, hoy más que nunca el mandato de la Misión de determinación de los hechos cobra una importancia fundamental.
La Misión ha investigado y continuará investigando las violaciones objeto de su mandato, así como identificando los modus operandi, patrones, actores y perpetradores, todo lo cual servirá como una hoja de ruta indispensable para articular los cambios y reformas atinentes.
La Misión es un órgano independiente, de carácter técnico y apolítico; su trabajo constituye un instrumento crítico y objetivo para acompañar este periodo de transición y medir de manera independiente los avances en esta materia —o la ausencia de avances.
Las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder. La Misión continuará su labor para identificar a los actores y mecanismos involucrados en las graves violaciones y delitos que obstaculizan el retorno al Estado de Derecho, siempre de conformidad con su mandato de investigación.
Es este también es un momento crucial para las víctimas. Más de 8,7 millones de ciudadanos venezolanos, incluyendo miles de refugiados, viven hoy fuera del Venezuela, y añoran la posibilidad de volver a su país. Cientos de personas han sido recientemente excarceladas o se les han revocado las medidas cautelares; muchos de ellas se han acercado en estos meses a la Misión porque sienten ahora que existe otro contexto nacional de seguridad para prestar su testimonio. El número de personas y casos que se solicita registrar e investigar va en significativo aumento y ha duplicado, o incluso triplicado, las labores de la misión.
La Misión continúa recabando información de víctimas directas, sus familiares, informantes y otros actores que relatan hechos y violaciones recientes, pero también de años anteriores. Hoy, más que nunca, se requiere afrontar y asumir esta labor de investigación. Nuestra Misión tiene ese mandato.
Para ello, la Misión reitera su llamado a la cooperación a las autoridades venezolanas A su vez, solicita que se permita su acceso pleno al país, como una expresión de transparencia y colaboración con la Misión.
Señor Presidente,
El contexto que actualmente atraviesa Venezuela puede representar una oportunidad para que finalmente prevalezca el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas y con base en ello caminar hacia la reconciliación nacional.
La Misión entiende que es un momento para aumentar el apoyo, acompañamiento y escrutinio internacional, no para disminuir la atención.
El pueblo de Venezuela no merece menos. Las miles de víctimas venezolanas y de otras nacionalidades, así lo requieren. Muchas gracias por su atención.
