El pasado 30 de noviembre de 2020, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), y Women’s Link Worldwide, organizaron una discusión abierta sobre la situación de las mujeres venezolanas en el marco de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela.

Antecedentes

Las crisis humanitarias tienen un impacto diferenciado en mujeres y niñas. Por lo cual la búsqueda de soluciones debe abordar estas diferencias. Planificando e implementando programas de protección y asistencia, que respondan a las necesidades específicas de estos grupos y que prevengan los riesgos.

Luego de seis años consecutivos de contracción económica, hiperinflación, tensiones políticas y sociales y debilitamiento institucional, Venezuela está inmersa en una emergencia humanitaria compleja. Datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señalan que para el año 2019 existían 7 millones de personas con necesidades humanitarias en el país.

Para el año 2020 la situación se ha deteriorado en mayor medida. Fundamentalmente como consecuencia de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Adicionalmente, el impacto de la crisis en las mujeres venezolanas se ha visto exacerbado. Hay una violación sistemática de sus derechos en el marco de la represión y la persecución política.

Los mecanismos para Venezuela

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, indicó en su informe presentado en septiembre de 2020, que las violaciones y los delitos analizados en el cumplimiento de su mandato, habían afectado de manera diferenciada a las mujeres y las niñas. Debido a los roles de género subyacentes, las desigualdades y los estereotipos previamente establecidos en la sociedad venezolana, los cuales se refuerzan durante la perpetración de la violencia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también se ha pronunciado con respecto a la situación de las mujeres en Venezuela. En 2017, expresó su preocupación por los altos índices de violencia de género y trata de personas. Así como por el impacto específico en las mujeres de los planes estatales de seguridad ciudadana y la represión de las protestas sociales. Y por el impacto diferenciado y más grave de la crisis económica. En particular en lo relativo a la escasez de alimentos, y el acceso a tratamientos de salud y derechos sexuales y reproductivos.

Tras la visita in loco a Venezuela, la CIDH señaló que el contexto de crisis humanitaria e institucional, así como la degradación de las condiciones de vida, colocaba a mujeres y niñas en riesgo de sufrir diversas formas de violencia sexual. Esto en un contexto de prevalencia de estereotipos machistas relacionados con los cuerpos de las mujeres. Lo cual generaba un escenario facilitador de violencia sexual asociada a la trata de personas, la inducción a la prostitución y la extorsión. La situación de las mujeres venezolanas ha empeorado en el contexto de las medidas y restricciones tomadas por la pandemia.

Riesgos de trata y prostitución

Selene Soto, abogada de Women’s Link, y moderadora del evento, señaló que los diversos informes levantados por estos mecanismos constituyen una oportunidad de acción para las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. Con miras a construir una agenda de mujeres para el trabajo de incidencia en el año 2021.

Para Esmeralda Arosemena, relatora para Venezuela de la CIDH, en el país hay una crisis social y económica grave, «que colocó la situación de los derechos humanos en crisis. Hoy por la pandemia está exacerbada. Se desbordó y mostró las grandes brechas para alcanzar esa igualdad que afecta de manera diferenciada a las mujeres en la salud, participación, de su propia condición de madre y mujer”.

Durante la referida visita in loco, Arosemena indicó que visitaron refugios y centros de salud en Cúcuta, Colombia, y entrevistaron a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, quienes refirieron los riesgos que afrontaron en el país y durante el tránsito, así como en el destino. La relatora determinó que muchas adolescentes y mujeres venezolanas están en riesgo de ser víctimas de trata y prostitución.

Ante este panorama, la representante de la CIDH consideró imprescindible reforzar la protección de la salud sexual y reproductiva. Indicó Arosemena que tras la visita fue creado el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve), que permite realizar el monitoreo y documentación de las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Subregistro de casos de violencia

Por su parte Martha Valiñas, experta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela, dijo que durante el proceso de elaboración del informe analizaron sucesos en los cuales los derechos de las mujeres se vieron severamente vulnerados. Sobre todo en centros de detención, durante el proceso de interrogatorios y requisas. Hubo golpes e insultos, e incluso algunas de las víctimas fueron obligadas a presenciar la ejecución de familiares por parte de cuerpos de seguridad del Estado.

Las mujeres también fueron víctimas de desnudez forzada y de amenazas de violación. Señaló Valiñas que es posible que haya un subregistro de casos de violencia contra las mujeres.  Así mismo, durante las manifestaciones antigubernamentales, se documentaron dos casos de ataques, detenciones, agresiones sexuales y amenazas.

Alta tasa de impunidad

Luz Patricia Mejía, secretaria del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará, instancia que evalúa la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, señaló que aunque en Venezuela existe una ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y existen fiscalías especializadas en el tema, así como tribunales, las debilidades institucionales, la ausencia de monitoreo y la falta de estadísticas, impiden medir el verdadero impacto de esas políticas públicas y tener las verdaderas cifras de la violencia ejercida contra las mujeres.

Para Mejía, la información se diluye, «no hay precisión de data, no hay información estadística, los registros estadísticos del Ministerio Público nos hablan de importantes procesos de impunidad». Recalcó que los datos aportados por este ente recogen gran cantidad de denuncias, pero una tasa de judicialización de apenas el 3%.

Sociedad civil coordinada

Beatriz Borges, directora ejecutiva de Cepaz, indicó que las organizaciones de la sociedad civil venezolanas han tenido un trabajo importante en la interacción con los mecanismos que han elaborado informes sobre Venezuela.

Borges destacó que para afrontar estas afectaciones a los derechos de las mujeres en medio de la emergencia humanitaria compleja, se espera que la respuesta internacional para Venezuela sea comprensiva, coherente, articulada, coordinada con los distintos mecanismos activados de forma simultánea, con preponderancia de proteger a las víctimas y que combine mecanismos clásicos y extraordinarios, con acción técnica y política.

También recalcó la importancia de que a la hora de documentar la situación que atraviesa Venezuela, los mecanismos no dejen de preguntarse cómo afecta de manera diferenciada la situación a las mujeres y las niñas. A su juicio es importante asegurarse de cubrir todos los frentes y que en todos esté la perspectiva de género.

Además, ser eficientes en el envío de información al mecanismo indicado. Y que entre los organismos exista una coordinación e intercambio de información. Que las organizaciones de la sociedad civil estén también coordinadas, no solo en la comunicación y la incidencia, sino en las acciones frente a las posibles represalias en un contexto tan adverso. Y finalmente que se haga un seguimiento de las recomendaciones por temas y poblaciones.