Venezuela enfrenta una crisis de múltiples dimensiones que tiene su origen en el quiebre institucional operado en el país hace varios años, y que no podrá ser solucionada sin que se aborde esa circunstancia desde un enfoque estructural. En ese sentido, entendiendo que ningún evento electoral por sí sólo va a solucionar los graves problemas que padece Venezuela, es imperativo avanzar en un acuerdo político, en el que la organización de elecciones libres constituya un paso ineludible.
La realización de las elecciones parlamentarias 2020 ofreció una oportunidad importante para avanzar hacia la reinstitucionalización del país, teniendo como eje principal la normalización de la Asamblea Nacional. Si bien se observaron gestos positivos, tales como la construcción de acuerdos que permitieron el retorno de la fracción parlamentaria del PSUV a la Asamblea y la conformación del Comité de Postulaciones Electorales para el nombramiento de los rectores del CNE, dichas acciones se vieron truncadas por la designación de las mencionadas autoridades por parte del Tribunal Supremo de Justicia, por un lado, y el avance unilateral en las materias claves del proceso electoral por parte del grupo político en el poder, por otro.
Venezuela se aproxima por lo tanto al final de 2020 enfrentando un evento electoral que acentuó, en forma alarmante, el deterioro de las condiciones y garantías ciudadanas y el derecho a elegir, debilitando al mismo tiempo el espacio democrático. Frente al profundo desgaste de las condiciones de vida de los venezolanos, en el marco de una emergencia humanitaria compleja que no distingue colores políticos, se hace imperativo el retorno de la noción de respeto a la vida y la dignidad humana al centro de la acción política. Urge por lo tanto avanzar en la reconstrucción de la ruta electoral, donde se restituya el derecho a elegir, la participación ciudadana y la confianza en el voto como instrumento de cambio democrático.
La consecución de dichos objetivos, sin embargo, presenta una serie de importantes desafíos. En primer lugar, es necesario cementar, entre los actores con capacidad de decisión política, la convicción de que cualquier salida sostenible a la grave crisis que padece Venezuela pasa necesariamente por una solución política, pacífica y electoral. Ello implica, entre otras cosas, un gran acuerdo para la realización de elecciones libres, justas y creíbles.
En segundo lugar, es importante recalcar que si bien la responsabilidad por el logro de dicho acuerdo recae sobre los hombros de los venezolanos, resulta imposible avanzar significativamente en esa dirección sin la participación de la comunidad internacional. El acompañamiento coordinado de los distintos órganos internacionales resulta imprescindible para la promoción de la confianza, la transparencia y la participación que requiere la organización de todo proceso electoral.
En tercer lugar, es igualmente crítico comprender que el daño infringido a los mecanismos de participación ciudadana, y al sistema electoral en su conjunto, ha sido profundo y duradero. La reconstrucción de la vía electoral requerirá por lo tanto no sólo de tiempo sino también de un compromiso sostenido por parte de los principales actores políticos.
Sirvan los esfuerzos realizados por las organizaciones reunidas para la elaboración de este informe como una acción dirigida tanto a la documentación de las irregularidades e incidencias del proceso electoral parlamentario 2020, como a la comprensión de la profundidad del proceso de socavamiento del sistema electoral venezolano.
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