Venezuela, con un territorio continental y marítimo de 2 millones de km², es un país rico en recursos hidrológicos sumergido en una Emergencia Humanitaria Compleja que impide, entre otros derechos, el acceso al agua potable y al saneamiento. El país cuenta con mucha más cantidad de agua de la necesaria para abastecer a toda su población, cercana a los 32 millones de personas. Sin embargo, el desmantelamiento de toda la estructura institucional y física del sector compromete la calidad de las fuentes de abastecimiento, los procesos de tratamiento y de potabilización de las aguas, la distribución, el saneamiento, la salud, la producción hidroeléctrica, la hoy escasa producción alimentaria e industrial. En fin, la vida de los venezolanos en todos los ámbitos.

¿Qué es el derecho al agua?

El derecho humano al agua es disponer de un abastecimiento suficiente, regular y adecuado de agua potable para uso personal y doméstico, salubre, aceptable y a costos soportables, que garantice la salud y satisfaga necesidades de consumo, cocina e higiene. Esto incluye el derecho a los recursos hídricos, como recurso natural y bien social y cultural, conservados, gestionados y protegidos para un suficiente y equitativo abastecimiento de agua en forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud humana, y sostenible para las generaciones actuales y futuras; el derecho a vivir en un hábitat humano libre de riesgos para la salud por agua insalubre y/o contaminada, garantizando que los recursos hídricos naturales y los ecosistemas acuáticos estén a resguardo de sustancias nocivas, microbios patógenos y vectores de enfermedades; y el derecho a que no haya interrupciones o desconexión arbitraria o injustificada de los servicios o instalaciones de agua y aumentos desproporcionados o discriminatorios del precio (CESCR: Observación General Nº 15 sobre el derecho al agua, 2002)

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