Con el apoyo del Center for Migration, Gender, and Justice, participamos en diversos eventos en el marco del 70° período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70). Los encuentros permitieron identificar puntos de encuentro entre la justicia de género y las políticas migratorias, impulsando estrategias conjuntas para una movilización colectiva efectiva.
Bajo la premisa de que los derechos humanos son indivisibles, Cristina Ciordia, representante de Cepaz, expuso cómo la falta de identidad legal convierte la relación entre la migrante y las instituciones en un vínculo «frágil y condicional».
Citando los objetivos 4 y 14 del Pacto Mundial para las Migraciones, subrayó que la documentación no es un complemento técnico. Es lo que define si una persona es reconocida como titular de derechos. Sin este reconocimiento, las instituciones se vuelven invisibles o, peor aún, amenazantes para la mujer migrante.
El «limbo legal» y sus riesgos de género
La intervención de Ciordia en la CSW70 destacó que la irregularidad no es un estado neutro, sino un generador de riesgos interconectados que afectan desproporcionadamente a las mujeres. «Cuando tu situación es inestable, todo se vuelve arriesgado: denunciar el robo de salarios, denunciar el acoso, solicitar una orden de protección, ir al hospital, hablar con un funcionario público. Las mujeres migrantes se enfrentan a una mayor exposición precisamente a este tipo de situaciones que requerirían estas interacciones, lo que significa que las barreras a la regularización a menudo reproducen la desigualdad de género en el acceso a la justicia».
Para las mujeres, con más frecuencia que para los hombres, hay otra capa: las personas a su cargo. Muchas mujeres migrantes son cuidadoras. Si su situación se vuelve inestable, las consecuencias se extienden a los niños y otras personas a su cargo.
El miedo a la situación irregular ya no es entonces solo personal. Es un miedo por los hijos y familiares. «¿Qué le pasa a mi hijo si denuncio?», es la pregunta que paraliza el acceso a la justicia, perpetuando ciclos de abuso.
El caso de las mujeres venezolanas
Ciordia puso el foco en la situación de las venezolanas en Estados Unidos. Aunque herramientas como el TPS (Estatus de Protección Temporal) han sido vitales, su naturaleza a corto plazo y los cambios repentinos en las políticas crean un «latigazo» de incertidumbre. Esta precariedad legal hace que los derechos escritos en papel pierdan su valor real frente al temor de una deportación inminente.
Desde Cepaz sostenemos que la verdadera justicia migratoria requiere no solo leyes estables y sensibles al género, sino también el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, quienes actúan como el puente de confianza necesario para que la regularización sea una herramienta de protección y no un riesgo para la integridad. Solo entonces se abrirá realmente una puerta para que las mujeres migrantes puedan ejercer plenamente sus derechos.
