En medio de un contexto político marcado por el cierre autoritario, pero también por el cambio del status quo en Venezuela, la sociedad civil venezolana, aunque muy debilitada, ha venido ocupando un lugar activo. Si bien es cierto que la situación actual no representa oficialmente una transición en curso, también lo es que estamos en un momento de oportunidades frágiles donde se juegan decisiones fundamentales.
En las últimas semanas, Cepaz ha participado en distintos espacios de consulta y diálogo con actores de la comunidad internacional sobre la situación en Venezuela. Esta participación se ha desarrollado en reuniones con representantes de organismos multilaterales, misiones políticas y gobiernos interesados en explorar puntos de entrada y oportunidades de acción ante una crisis tan compleja como la que vive el país. A partir de estas instancias, hemos podido plantear áreas que consideramos claves de interés y alineamiento con diferentes actores internacionales para avanzar en propuestas concretas que fortalezcan la democracia, los derechos humanos y la justicia, con la participación activa de la sociedad civil.
1. Sociedad civil: actor indispensable para una salida sostenible
El cierre del espacio cívico en Venezuela ha sido ampliamente documentado por mecanismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatorías Especiales sobre la situación de los defensores de derechos humanos y sobre libertad de asociación y asamblea de la ONU, así como por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Estas fuentes han alertado sobre patrones sistemáticos de criminalización, estigmatización, restricciones legales, hostigamiento y exilio forzado hacia personas defensoras y organizaciones.
Sin embargo, más allá de la represión, es fundamental afirmar que la sociedad civil venezolana ha sostenido el tejido democrático del país, incluso en los momentos de mayor cierre institucional. Ha estado presente en la documentación de violaciones de derechos humanos, en la asistencia humanitaria, en el acompañamiento a víctimas, en la defensa del Estado de derecho, y en la propuesta de rutas democráticas y pacíficas de salida a la crisis.
Reconocer a la sociedad civil como actor político legítimo no es una concesión, sino una condición necesaria para cualquier proceso de transición o negociación que busque ser real y sostenible. Sin sociedad civil no hay democracia duradera, ni institucionalidad confiable. Por eso, insistimos en que cualquier mecanismo o espacio de participación debe garantizar el respeto y resguardo de la labor de las organizaciones y personas defensoras, así como un entorno habilitante para la participación plena, segura e independiente de la sociedad civil, y mecanismos institucionales que reconozcan su rol en la toma de decisiones, en la implementación de reformas, y en la garantía de justicia y reparación.
Una primera aproximación en la generación de propuestas, se encuentra en el Decálogo de exigencias prioritarias para encauzar una transición democrática genuina en Venezuela publicado recientemente por organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.
En este sentido, el reconocimiento efectivo de la sociedad civil requiere ir más allá de declaraciones formales o espacios consultivos limitados. Un gesto político indispensable para hacer real dicha participación es la creación de garantías concretas para el ejercicio del activismo, incluyendo condiciones de seguridad, protección jurídica y el retorno seguro y digno de quienes se han visto forzados al exilio por su labor cívica y de defensa de derechos humanos. Sin estas garantías, la participación de la sociedad civil será inevitablemente fragmentada, incompleta y condicionada por el miedo. Solo así podrá reconstruirse un tejido social plenamente articulado, representativo y capaz de contribuir de manera sostenible a los procesos de transición democrática.
Los procesos de reconstrucción democrática en otros contextos han demostrado que la sostenibilidad solo es posible cuando la ciudadanía organizada tiene un lugar protagónico, protegido y activo. Venezuela no será la excepción.
2. Democratización e institucionalidad: restablecer soberanía y protección
La crisis en Venezuela se manifiesta de manera estructural en la profunda erosión de la democracia, el Estado de derecho y la independencia de los poderes públicos, lo cual ha sido ampliamente documentado por organismos y mecanismos internacionales. Según evaluaciones de grupos como Freedom House , las instituciones democráticas venezolanas han sufrido un deterioro sostenido durante años, con un cierre casi total de los canales de disenso político, restricciones a las libertades civiles y un uso del poder estatal que limita el debido proceso y la participación política efectiva.
Este retroceso institucional tiene implicaciones directas sobre la capacidad del Estado para proteger derechos fundamentales, garantizar la independencia judicial y asegurar libertades básicas como la expresión y asociación. En consecuencia, restablecer un marco democrático no es simplemente celebrar elecciones; requiere reconstruir las instituciones fundamentales, con indicadores explícitos de avance que reflejen cambios reales y duraderos.
Entendemos la democratización como un proceso complejo y gradual, que debe considerar no sólo la celebración de elecciones libres y competitivas, sino también: Reconfigurar y fortalecer las instituciones del Estado para que funcionen con independencia, transparencia y rendición de cuentas. Garantizar la plena protección de derechos humanos, lo cual incluye la existencia de mecanismos efectivos de control, vigilancias ciudadanas y acceso a la justicia. Promover reformas estructurales que permitan la participación política real y segura de todos los actores, sin exclusiones arbitrarias o persecuciones políticas.
Este proceso debe ser acompañado por un marco institucional robusto y verificable, con metas claras e indicadores medibles que permitan evaluar progresos en cada etapa, desde la independencia judicial hasta la garantía y protección de derechos a todo nivel. La sostenibilidad de cualquier proceso democrático futuro depende decisivamente de nuestra capacidad para reconstruir credibilidad y legitimidad en las instituciones, porque sin un sistema de pesos y contrapesos funcional, no puede haber estabilidad duradera ni confianza pública.
En este sentido, la hoja de ruta institucional no parte de cero. Diversos órganos y mecanismos de las Naciones Unidas han formulado recomendaciones claras y reiteradas para la restitución del Estado de derecho, la independencia judicial, la protección de derechos humanos y el restablecimiento de garantías democráticas en Venezuela. Estas recomendaciones no solo ofrecen orientación normativa, sino que pueden y deben ser utilizadas como indicadores y parámetros de referencia objetivos para medir avances, verificar compromisos y activar de manera progresiva los pasos institucionales que requiere un proceso de democratización genuino.
3. Justicia: como base para una transición democrática
Uno de los pilares fundamentales para cualquier proceso de transición y reconstrucción democrática en Venezuela es la justicia, entendida no solo como acceso formal a tribunales, sino como un sistema capaz de garantizar verdad, reconocimiento, reparación y no repetición. Durante años, se ha forjado en Venezuela un entramado de luchas, denuncias y registros sistemáticos de violaciones a los derechos humanos que hoy constituye un acervo invaluable, tanto en lo jurídico como en lo histórico.
Ese esfuerzo ha sido acompañado y legitimado por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, y diversas organizaciones internacionales y nacionales que han documentado patrones de persecución, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. La CIDH, en particular, ha emitido medidas cautelares, informes temáticos y recomendaciones específicas que configuran hoy un cuerpo normativo y político clave para guiar el proceso de justicia en el país.
Sin embargo, la ausencia de voluntad política y la falta de independencia del sistema de justicia interno han impedido avances sustantivos. No existe hoy en Venezuela un sistema judicial capaz de ofrecer garantías mínimas de debido proceso, imparcialidad o acceso a reparación. Por ello, es urgente:
- Trabajar por el desmontaje del aparato represivo y la liberación plena de todas las personas presas políticas y procesadas injustamente.
- Impulsar mecanismos de justicia transicional con garantías de independencia y participación de víctimas.
- Aplicar de forma concreta las recomendaciones ya existentes de organismos internacionales sobre casos específicos y reformas estructurales.
Sin justicia no hay posibilidad real de reconstrucción del Estado ni de consolidación democrática. Y sin reconocimiento del daño causado, no habrá confianza social suficiente para sostener ninguna forma de gobernabilidad. La justicia, por tanto, no es un asunto del final del proceso, sino una condición fundacional para una transición verdadera y sostenible.
4. Multilateralismo audaz: fortalecer el acompañamiento internacional con coherencia y corresponsabilidad
A lo largo de los últimos años, la comunidad internacional ha jugado un papel fundamental en la documentación de la crisis venezolana, el respaldo a mecanismos multilaterales de protección y la apertura de canales de diálogo político. Sin embargo, el momento actual exige fortalecer ese acompañamiento, renovando el compromiso con los principios democráticos y los derechos humanos de forma más coherente y sostenida.
La participación de delegaciones internacionales —misiones diplomáticas, representantes de organismos multilaterales y equipos técnicos— en distintos espacios de consulta, ha sido una señal importante de atención a la situación del país. Pero esta presencia internacional, aunque valorada, no es suficiente si no se traduce en acciones concretas y coordinadas.
Lo que se requiere hoy es una corresponsabilidad efectiva, que:
- Ponga en el centro las demandas de la sociedad civil venezolana, no solo como fuente de información, sino como actor político legítimo.
- Alinee las estrategias diplomáticas con las recomendaciones de organismos internacionales, especialmente en materia de derechos humanos, democracia y justicia.
- Establezca criterios claros de presión y cooperación, que reconozcan avances verificables y respondan proporcionalmente a retrocesos o violaciones.
- Fortalezca los espacios de protección internacional para defensores/as y víctimas, y aseguren mecanismos de seguimiento y respuesta ante represalias.
Si bien no nos encontramos aún ante una transición política consolidada, el contexto actual ofrece oportunidades específicas para la articulación entre actores nacionales e internacionales, así como para el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento. Aprovechar estas oportunidades requiere que el acompañamiento internacional evolucione más allá del diagnóstico, hacia una acción coordinada, sostenida y orientada a una salida pacífica, justa y duradera a la crisis venezolana
