3 de febrero de 2025

El pasado 2 de diciembre, durante la ceremonia inaugural de la 23ª Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, el Fiscal Karim Khan hizo importantes referencias a la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Pese a estos señalamientos, el contexto en Venezuela lejos de mejorar, se ha agravado. La persecución contra actores críticos y defensores de derechos humanos se ha intensificado, mientras el ambiente de intimidación persiste.

Distintas organizaciones de la sociedad civil venezolana, expresamos nuestra apreciación y reconocimiento por las declaraciones públicas realizadas durante el foro internacional, así como por los llamados a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma y garantizar el respeto a los derechos de las víctimas en el país. Sin embargo, en seguimiento de los constantes comunicaciones que se mantienen con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los intercambios directos sostenidos el mes pasado con el Fiscal Khan, reiteramos cada una de nuestras profundas preocupaciones y subrayamos cómo, pese a las advertencias y exhortaciones formuladas, la represión, el clima de miedo y la violación generalizada de derechos humanos sigue escalando de manera alarmante.

En las declaraciones del Fiscal se destacó que en el marco de su última visita al país en abril de 2024 ya le había expresado a las autoridades venezolanas la urgente necesidad de mostrar ímpetu y avances reales en las investigaciones y en la implementación nacional del Estatuto de Roma. Y se subrayó, además, “la necesidad de proteger los derechos de los civiles … que deben ser liberados si están retenidos por motivos políticos o cualquiera que estuviera protestando pacíficamente”. 

Si bien en las últimas semanas se han registrado importantes excarcelaciones, cada una de ellas ha estado condicionada a medidas sustitutivas que restringen la libertad de estas personas y no garantizan el pleno respeto de su inocencia y otros derechos fundamentales. Esto incluye a todos los niños y niñas que permanecían detenidos. Además, no debe olvidarse que estas personas han sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes durante su tiempo de detención y estos hechos siguen impunes.

Asimismo, la conocida estrategia de “puerta giratoria” sigue en curso, con nuevas detenciones políticas que reemplazan a las personas que han sido excarceladas. Como muestra del patrón, tan solo el pasado 7 de enero, el esposo de la hija de Edmundo González Urrutia fue detenido arbitrariamente por fuerzas de seguridad no identificadas y encapuchados frente a sus hijos de 6 y 7 años, mientras se dirigía al colegio donde los niños reciben clases.. Ese mismo día, se sumó la  detención contra el destacado defensor de derechos humanos Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, y el dirigente político y ex candidato presidencial Enrique Márquez, ambos sometidos a desapariciones forzadas. Para el 20 de enero de 2025, el número de presos políticos seguía ascendiendo a cifras alarmantes, concretamente 1.601 personas, de los cuales 183 son mujeres y 4 adolescentes. 

En el mes de diciembre, se reportaron al menos 10 nuevos dirigentes y líderes detenidos por razones políticas, vinculados principalmente a partidos políticos de oposición. De este grupo, al menos 6 personas han sido sometidas a desapariciones forzadas, tanto de corta como de larga duración y aún permanecen prácticamente incomunicadas. Como si lo anterior no fuese suficiente, para el 12 de enero ya se habían reportado otras 83 detenciones adicionales por motivos políticos, intensificando esta ola represiva.

Adicionalmente, no podemos dejar de destacar que entre el 14 de noviembre y el 16 de diciembre de 2024, tres personas detenidas por razones políticas en el contexto postelectoral han fallecido bajo custodia debido a la falta de atención médica adecuada y las condiciones precarias de detención. Los familiares han atravesado un sufrimiento indescriptible y no han recibido garantías de una investigación efectiva ni acceso a información transparente sobre las circunstancias de los decesos.

Por otro lado, es importante resaltar que hay ciudadanos extranjeros y dobles nacionales que se encuentran detenidos por razones políticas en Venezuela. Según cifras oficiales compartidas por el Ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y el Presidente Nicolás Maduro, al menos 132 extranjeros son presos políticos en el país. Consta, al igual que a diversas Misiones Diplomáticas acreditadas en Venezuela, que estas personas no han tenido derecho a la defensa, comunicación con sus familiares ni acceso a asistencia consular de forma oportuna.

Todo lo anterior continúa siendo dirigido y ejecutado por altos mandos del poder político y militar, quienes deberían estar bajo investigación de la Fiscalía y han sido señalados por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Lo más preocupante es que estas mismas personas no solo permanecen en sus cargos, sino que han asumido roles de mayor responsabilidad dentro del aparato represivo.

El Fiscal Khan señaló en tal oportunidad,  que “todas las vidas importan por igual” y destacó que las víctimas en Venezuela tienen el mismo derecho a la justicia que cualquier otra en el mundo. Sin embargo, vemos con esperanza y preocupación que en contextos de otras situaciones ante la Corte Penal Internacional se observan avances más significativos a los que hoy existen en Venezuela por parte de la Corte. 

En este sentido, la Fiscalía de la CPI debe abordar este tema con la urgencia que requiere y tomar acciones concretas dentro del marco de su competencia investigativa. Esto adquiere especial relevancia ante los sucesos recientes en el país, el aumento de las tensiones por la juramentación de facto de Nicolás Maduro, y los enfrentamientos armados que está teniendo lugar en la región de Catatumbo en la frontera colombo-venezolana en las que se puede seguir previendo un incremento incluso mayor de la represión y una nueva oleada de violaciones generalizadas con consecuencias irreparables. Un escenario que se ha agravado por el reciente despliegue masivo de fuerzas militares, policiales y de inteligencia en las principales ciudades, puntos estratégicos de tránsito, medios de transporte y puertos, acompañado de inspecciones a personas, propiedades y recintos privados, implementado por el gobierno de Nicolás Maduro. En este contexto, instamos a que se mantenga una mirada y atención cercana a la situación en Venezuela durante este periodo crítico y que la Corte Penal y la comunidad internacional actúen en consecuencia.

Ahora más que nunca, “la pelota está en la cancha” de la Oficina del Fiscal de la CPI, en el Fiscal Khan y en su equipo. La vía de la complementariedad otorgada al gobierno venezolano se ha agotado, y resulta imperativo redirigir todos los esfuerzos y recursos a la investigación que realiza este órgano internacional para que produzca la apertura de casos concretos, con responsables identificados y la respectiva emisión de órdenes de captura o comparecencia. El rol de la Fiscalía y la CPI en este momento es determinante.

Reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por la defensa de los derechos de las víctimas. 

La justicia en Venezuela no puede seguir esperando.