La crisis en Venezuela ha alcanzado un punto crítico. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro intensificó su estrategia de permanencia en el poder mediante una política de persecución que se recrudece con el ejercicio de mecanismos represivos diseñados para silenciar a la oposición democrática y a cualquier persona u organización considerada como enemiga.

Esta situación plantea una necesidad urgente de acción internacional. Las Naciones Unidas tienen una responsabilidad ineludible de liderar los esfuerzos para restaurar las instituciones democráticas y proteger los derechos humanos de la población venezolana. Más allá del valioso trabajo de monitoreo, declaraciones y recomendaciones, resulta imperativo que la ONU adopte una estrategia más audaz y decidida frente a una crisis que afecta a Venezuela pero también a la región.

La acción de la ONU en la crisis venezolana

En los últimos años, y a pesar de la falta de cooperación por parte del Estado venezolano,  la ONU ha desempeñado un papel fundamental en la atención y visibilización de la crisis multidimensional que atraviesa Venezuela. Ejemplo de ello es el seguimiento realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, así como la conformación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, que desde 2019 ha documentado graves violaciones de derechos humanos.

Además, los distintos órganos de la ONU han emitido en los últimos años más de 2.000 recomendaciones que abordaron aspectos críticos de la crisis multidimensional en Venezuela, incluyendo la emergencia humanitaria compleja, la crisis de movilidad humana y las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Más recientemente y en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio, un grupo de expertos electorales enviados por la ONU concluyó que el proceso careció de transparencia e integridad, al tiempo que alertó sobre las restricciones al espacio cívico y el aumento de la persecución en el contexto postelectoral.

No obstante estos esfuerzos, aunque esenciales, no han logrado generar cambios significativos. Por el contrario, la política de persecución estatal se ha perfeccionado y agudizado tras las elecciones, profundizando el deterioro de la situación. Este panorama sombrío exige medidas más contundentes y un enfoque renovado por parte de la comunidad internacional, con la ONU al frente de estos esfuerzos.

El rol de la ONU en 2025

El papel de la ONU en 2025 debe evolucionar y asumir un rol más político  para responder a las complejidades de la crisis venezolana y sentar las bases de una transición democrática.

Faltan pocos días para el 10 de enero, día previsto para la toma de posesión de la próxima presidencia en Venezuela, y con ello un panorama de represión en búsqueda de la consolidación de quienes detentan el poder. En este sentido, consideramos que un paso importante, debido a la complejidad de la situación, sería el nombramiento de un Enviado Político Especial por parte del Secretario General. Esta figura tendría la misión de crear canales de diálogo genuinos entre el gobierno venezolano, la comunidad internacional, la sociedad civil, y los actores políticos, y establecer las bases para una solución negociada. Su labor no solo debería enfocarse en mitigar la represión y los efectos de la crisis humanitaria, sino también en construir una ruta política creíble que busque una solución pacífica y democrática a la crisis electoral del 28 de julio.

Un caso reciente y emblemático, fue el enviado político especial de la ONU en Bolivia, quien en  2019 desempeñó un papel clave durante la crisis política y social que estalló en el país tras las elecciones generales de octubre de 2019. Su designación ocurrió en un contexto de polarización extrema, marcada por denuncias de fraude electoral, la renuncia de Evo Morales, protestas masivas, enfrentamientos violentos y un vacío de poder que amenazaba la estabilidad democrática del país. El enviado político especial de la ONU facilitó el diálogo político, impulsó la transición democrática y trabajó por la protección y garantía de los derechos humanos de la población.

En otro orden, resulta imprescindible la creación de una misión independiente de verificación electoral. Esta misión tendría como objetivo evaluar de manera imparcial y exhaustiva la transparencia de las elecciones, e incluso contribuiría a gestionar una eventual transición política. Su implementación sería una respuesta directa a los llamados de la comunidad internacional y sectores de la sociedad civil venezolana que demandan condiciones políticas para el cumplimiento de la voluntad de la población expresada el pasado 28 de julio.

El liderazgo regional jugará un papel clave en estos esfuerzos. Países como Brasil y Colombia, con su influencia en América Latina, son actores fundamentales para facilitar el diálogo y promover un consenso amplio. Su compromiso con la estabilidad regional y su proximidad geográfica y cultural convierten a estos países en aliados estratégicos para la ONU en la búsqueda de una solución duradera.

Además, la ONU debe ampliar su enfoque multilateral, involucrando no solo a actores tradicionales, sino también a países con vínculos cercanos al gobierno venezolano. Este enfoque podría abrir canales de comunicación y presión que han sido inaccesibles hasta ahora, transformando las dinámicas políticas internas y creando un entorno más favorable para la negociación y el cambio. El año 2025 representa una oportunidad única para que la ONU refuerce su compromiso con Venezuela. La combinación de presión diplomática, liderazgo regional y experiencia técnica puede sentar las bases para un cambio significativo. Frente a los enormes desafíos, la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad histórica de apoyar al pueblo venezolano en su lucha por la reconstrucción de las instituciones democráticas.