Cada 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, una fecha proclamada en 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para reconocer el trabajo de las mujeres que desafían todo tipo de riesgos para defender los derechos fundamentales, pero, ¿qué significa ser defensora de derechos humanos en Venezuela?
La defensa de los derechos humanos en Venezuela se desarrolla en un espacio cívico que ha sido catalogado como “cerrado”. Así, las personas defensoras desempeñan sus labores bajo patrones de criminalización que ponen constantemente en riesgo su seguridad e integridad.
Ahora bien, en este contexto las defensoras de derechos humanos están expuestas a riesgos diferenciados y desproporcionados por el hecho de ser mujer.
Las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan una doble carga
Las defensoras de derechos humanos en Venezuela enfrentan la represión estatal y la persecución que caracterizan el entorno general del activismo en Venezuela, pero en este contexto son víctimas desproporcionadas de la represión ejercida por el Estado, enfrentándose a las actitudes discriminatorias por parte de los perpetradores, en donde ocurren actos de violencia por motivos de género.
Aún más, por el hecho de ser mujeres, soportan una violencia diferenciada, que incluyen discriminación, estigmatización y actos que buscan menospreciar sus capacidades. Además, enfrentan obstáculos estructurales, como la falta de acceso a recursos financieros y apoyo institucional, lo que limita sus posibilidades de sostener su trabajo.
El caso de Rocío San Miguel, quien lleva casi 10 meses detenida tras ser víctima de desaparición forzada, privación arbitraria de su libertad, violaciones a sus garantías judiciales y amenazas contra sus familiares, es un símbolo de esta doble violencia. No solo enfrenta la persecución que atraviesan las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela, sino también el peso de la violencia de género institucionalizada que utiliza su condición de mujer para intensificar los abusos en su contra.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ha manifestado su preocupación por esta realidad. En este sentido, durante la última revisión del Estado venezolano el Comité advirtió con preocupación la estigmatización y criminalización de la que son víctimas las mujeres defensoras de derechos humanos, aunado a la falta de medidas por parte del Estado para investigar y enjuiciar los actos de acoso, intimidación y represalias contras las mujeres defensoras. Además, a juicio del Comité, el Estado tampoco toma medidas que permitan prevenir los ataques y las amenazas de las que son víctimas las mujeres defensoras.
“¿Cómo hacemos para dejarlas solas? No podemos” El impacto del contexto poselectoral en las mujeres defensoras de derechos humanos
El entorno poselectoral en Venezuela ha intensificado los riesgos para quienes defienden los derechos humanos, particularmente para las mujeres. En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las prácticas de represión, describiéndolas como formas de «terrorismo de Estado». Estas incluyen persecuciones selectivas, intimidación y ataques directos contra personas defensoras que continúan trabajando en un ambiente hostil.
En este contexto, defender derechos se ha convertido en un acto de resistencia. Las mujeres activistas enfrentan un entorno poselectoral cargado de amenazas, miedo y un importante desgaste emocional. El informe La violencia en femenino – El libro violeta de la represión en Venezuela recoge las voces de 28 defensoras que, desde el anonimato, comparten los retos desgarradores que atraviesan mientras luchan por sostener su labor en medio de un contexto enmarcado por una política de control, represión y los mecanismos más duros de persecución ejercidos por el Estado.
Estas entrevistas revelaron los múltiples desafíos que enfrentan en el entorno poselectoral. Las principales preocupaciones incluyen la polarización que fragmenta al movimiento feminista, las restricciones legales, los riesgos operativos, la inseguridad personal y organizacional, las dificultades económicas y la pérdida de autonomía.
Un aspecto crítico es la constante preocupación por la seguridad, tanto propia como de sus familiares, incluso para quienes han migrado al exterior, temen represalias contra sus seres queridos en Venezuela o contra personas que forman parte del equipo de trabajo. Este entorno hostil obliga a muchas defensoras a adoptar estrategias de protección, como reducir actividades presenciales y replantear constantemente sus planes, lo que impacta tanto a sus equipos como a las comunidades que atienden.
Además, las defensoras no solo cargan con el peso de su activismo, sino también con las responsabilidades de cuidado familiar, las exigencias de tener múltiples empleos para subsistir y la necesidad de garantizar su propia protección. Cada decisión que toman está atravesada por el dilema de protegerse a sí mismas y a sus seres queridos, o continuar con su labor y no abandonar a cientos de mujeres que dependen de su apoyo.
El rol de las mujeres defensoras de derechos humanos es esencial para la construcción de sociedades justas, igualitarias y democráticas
Ser mujer y defensora de derechos humanos en Venezuela es una expresión de resiliencia. En un contexto donde la represión busca silenciar a cualquier persona considerada enemiga del Estado, las mujeres defensoras continúan esquivando múltiples obstáculos para cumplir con un rol fundamental, por un lado, lideran la lucha por la igualdad de género y la construcción de una sociedad más justa y equitativa; por otro, desempeñan un papel crucial en la documentación y denuncia de la crisis de múltiples dimensiones que atraviesa el país, visibilizando violaciones a los derechos humanos y exigiendo justicia y reparación. Su activismo no solo impulsa la igualdad y la justicia, sino que también desafía la represión y mantiene viva la lucha por el respeto de los derechos fundamentales, convirtiéndose en un motor clave para la reconstrucción de la democracia y la construcción de una paz sostenible en Venezuela.
Finalmente, el Estado venezolano tiene el deber de garantizar un entorno seguro para la labor de las defensoras de derechos humanos, promoviendo políticas públicas que protejan su integridad, sancionen cualquier acto de violencia o intimidación en su contra y aseguren su derecho a una vida libre de violencia.
