Quince relatores especiales, grupos de trabajo y expertos de las Naciones Unidas, alertaron sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y las protestas posteriores.

Las personas expertas alegaron que en el marco de este proceso electoral se produjeron detenciones arbitrarias generalizadas, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, desapariciones forzadas y muertes ilícitas por parte de agentes del orden y de grupos civiles.

Advirtieron además sobre información recibida en relación con «hostigamiento, persecución y judicialización de activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogados/as, miembros de partidos políticos de oposición y personas percibidas como opositoras y en general ciudadanos/as en ejercicio de sus derechos a la libertad de reunión pacífica o de expresión, así como violaciones al debido proceso y cancelación de pasaportes; alegaciones que afectan a un gran número de personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, personas LGBTIQ+ e Indígenas».

Estos hechos «se enmarcan en un contexto general y sistemático de graves violaciones a los derechos humanos, como parte del hostigamiento a la oposición política y limitaciones graves a los derechos a la participación pública, y a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación».

Suscriben la comunicación la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; la Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; el Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas; el Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo: la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Foto: Yuri Corteza/AFP