Este viernes 11 de octubre de 2024, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas renovó por dos años la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, lo que representa su tercera extensión desde el año 2019. La Misión ha estado evaluando las presuntas violaciones a los derechos humanos en el país desde 2014, destacando la sofisticación de la represión contra las voces críticas al gobierno y el deterioro de las libertades democráticas. La decisión fue aprobada con 23 votos a favor, 18 abstenciones y 6 votos en contra.
Los países que se opusieron a la aprobación de la resolución fueron: Argelia, Eritrea, China, Cuba, Sudán y Vietnam. Se abstuvieron Bangladés, Benín, Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Honduras, India, Indonesia, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Malasia, Maldivas, Catar, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos. Mientras que a favor votaron: Albania, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Finlandia, Francia, Gambia, Georgia, Alemania, Japón, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Rumania, Somalia y Estados Unidos, reafirmando la importancia de que el Consejo de Derechos Humanos siga atentamente la situación de derechos humanos en Venezuela.
La renovación del mandato es esencial para continuar documentando y denunciando las graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas, incluida la violencia sexual y de género.
Como hemos señalado desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) «durante estos cinco años de vigencia del mandato, la Misión ha documentado graves violaciones de derechos humanos en Venezuela como una política sofisticada del Estado, en la que aplica y combina mecanismos duros y blandos de represión como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
Poner fin a la persecución
La resolución que fue sometida a votación de los Estados miembros del Consejo incluyó 23 puntos clave, incluyendo la exigencia al Estado venezolano a que implementen las recomendaciones formuladas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El texto de la resolución también destaca la urgencia de poner fin a la persecución de líderes opositores, manifestantes pacíficos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Insta a que se «ponga fin también a los cierres indebidos de medios de comunicación y a las violaciones de los derechos humanos en línea”.
La Misión ha hecho hincapié en la grave situación en Venezuela, donde casi 8 millones de personas han abandonado el país y 7.6 millones requieren urgentemente asistencia humanitaria para acceder a derechos básicos como alimentación y salud.
Su último informe reveló que las autoridades venezolanas han intensificado la represión desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, utilizando tácticas más agresivas para desmovilizar a la oposición y limitar la difusión de información crítica. Las violaciones que han sido documentadas incluyen desapariciones forzadas y un alarmante aumento de las personas detenidas por razones políticas.
Hito en la lucha por la justicia
La resolución no solo renueva el mandato de la Misión, sino que también solicita a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que continúe su trabajo en el país. La Misión, presidida por Marta Valiñas, e integrada por los expertos Patricia Tappatá y Francisco Cox, ha emitido múltiples informes desde su creación, denunciando un panorama de creciente deterioro de los derechos humanos en Venezuela.
Esta resolución representa un hito en la lucha por la justicia para las víctimas, cuya voz ha sido escuchada, muestra la importancia de la labor de la sociedad civil en la documentación y visibilización de las graves violaciones de derechos humanos en el país, y deja un mensaje claro: el compromiso internacional con los derechos humanos en Venezuela continúa.
