En los primeros seis meses del año 2024, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) documentó 247 casos de persecución y criminalización ejercidos como parte de la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.

En este periodo se documentaron 16 casos de persecución y criminalización que afectaron a organizaciones no gubernamentales; dos a universidades y cuatro a organizaciones gremiales. Además, hubo 111 casos de víctimas vinculadas con la política y 50 casos en los que se afectó a la población. Sesenta y cuatro trabajadores de la comunicación también fueron víctimas de persecución y criminalización durante el ejercicio de sus funciones.

Entre los patrones aplicados se encuentran: siete allanamientos irregulares; cinco anulaciones de partidos políticos; tres bloqueos de páginas web; el cierre de un canal de televisión; 13 cierres de emisoras de radio; tres cierres de programas de radio; la clausura de nueve locales, restaurantes y hoteles; cuatro despidos injustificados; 52 detenciones arbitrarias; dos discusiones de normativas restrictivas en el seno del Poder Legislativo; 73 casos de hostigamientos y amenazas; 19 inhabilitaciones políticas; 17 impedimentos de registrar un hecho noticioso; la inspección de un local; la intervención de un partido político; 12 irregularidades en procedimientos judiciales; una muerte bajo custodia; seis casos de obstaculización de vías para evitar manifestaciones pacíficas; 16 órdenes de detención; la suspensión de una elección universitaria; y un traslado irregular de presos políticos.

Monitoreo del mes de junio

Durante el mes de junio se documentaron al menos 50 actos de persecución. El monitoreo realizado por Cepaz correspondiente a este mes revela un preocupante incremento en las acciones represivas por parte del gobierno venezolano.

Entre los patrones documentados se encuentran el cierre de una emisora de radio; 10 detenciones arbitrarias; siete casos de hostigamiento y amenazas; seis impedimentos de registrar un hecho noticioso; cuatro irregularidades en procedimientos judiciales; cuatro inspecciones y clausuras de establecimientos comerciales; tres despidos injustificados; 10 inhabilitaciones políticas; cuatro obstaculizaciones de vías para impedir manifestaciones pacíficas; y un traslado arbitrario de presos políticos.

10 actos de criminalización contra trabajadores de la comunicación y medios de comunicación

Se produjo el cierre y decomiso de equipos a la emisora de radio La Vernácula 88.3FM por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Esta emisora estaba ubicada en Zaraza, estado Guárico y operaba desde 2008. También fueron detenidos Mario Gino Pialli, locutor y administrador de la página web y las redes sociales de BrollerosTV, y el comunicador Luis López, en la Guaira. El abogado de López denunció la violación al derecho al debido proceso del periodista, quien fue presentado en tribunales sin defensa pública.

En otros casos, autoridades de una universidad autónoma en Maracay, estado Aragua, censuraron e impidieron culminar la grabación de un episodio del podcast «A Medias», conducido por la politóloga Ana Milagros Parra y el comunicador social Ricardo Del Búfalo. Además, un presunto trabajador del Hospital Central de San Cristóbal, en el estado Táchira, prohibió a las periodistas Luzfrandy Contreras (Televisora del Táchira), Luz Dary Depablos (La Patilla), Tatiana Ortiz (Táchira News) y Zulma López (Centro de Noticias Táchira) grabar una pauta informativa en el estacionamiento de ese centro asistencial.

12 actos de criminalización contra ciudadanos

Este mes fueron cerrados varios locales comerciales, entre ellos el hotel Tucupita Suites, por parte de funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), acompañados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Oficina de Tributos de la Alcaldía Tucupita.

Lo mismo ocurrió con el restaurante “El sabor de mi pueblo”, ubicado en Tinaquillo, estado Cojedes, clausurado por el Seniat y la GNB como represalia después de que el establecimiento acogiera a la líder de Vente Venezuela.

En otro hecho, funcionarios del Seniat clausuraron un restaurante de la familia del exgobernador César Pérez Vivas en la víspera de la visita de Machado al estado Táchira. El mismo organismo clausuró, por veinte días, el hotel San Felipe, ubicado El Vigía, municipio Alberto Adriani, del estado Mérida, lugar donde pernoctaron algunos integrantes del equipo de Machado.

El 14 de junio Luisa Ramírez, directora de la Unidad Educativa Dr. Pío Ceballos, ubicada en el estado Anzoátegui fue destituida de su cargo luego de haberse negado a participar en el 1×10, plan con el que el oficialismo busca conseguir votos para las elecciones presidenciales. El mismo día, Jean Carlos Rivas, estudiante de comunicación social, fue detenido cuando regresaba de una actividad del partido Voluntad Popular en La Guaira. Su abogado denunció que no cuenta con defensa privada ya que el tribunal le negó la designación de un abogado, violando su derecho al debido proceso.

Por otra parte, el Ministerio de Transporte Terrestre suspendió por tres meses la licencia de conducir y retuvo el vehículo de Noel Moya, luego de prestar servicios de transporte al candidato unitario Edmundo González Urrutia. El 30 de junio funcionarios policiales aseguraron que fueron obligados por sus superiores a participar en el simulacro electoral.

Funcionarios de la Policía Nacional detuvieron un autobús en el que se trasladaban aproximadamente 20 personas simpatizantes del candidato Edmundo González tras salir de un acto en la plaza de Cumbres de Curumo, estado Miranda. En otro hecho, funcionarios de la Policía Estadal de Trujillo retuvieron la caravana de Machado en su camino de regreso a Caracas. Finalmente, el coronel de la GNB, José de Jesús Bustamante, preso político desde el año 2012, fue trasladado por una comisión especial a un sitio desconocido.

28 actos de persecución contra personas vinculadas con la política

En el contexto electoral, la persecución contra líderes políticos de la alternativa democrática se ha intensificado. La Contraloría General de la República inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos a una decena de alcaldes sin notificación: Iraima Vásquez (municipio Tubores) y José María Fermín (municipio Villalba), en Nueva Esparta; en Trujillo, Heriberto Materán (municipio Motatán), José Carrillo (municipio Urdaneta), Dilcia Rojas (municipio José Vicente Campo Elías), Yhonanti Domínguez (municipio Carache), Keiver Peña (municipio Sucre), Wilmer Delgado (municipio Monte Carmelo), Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello), Servando Godoy (municipio Márquez Cañizales).

Asimismo, dos concejales de Tucupita, Lenin Ortiz y Orelys Jaimez, fueron destituidos de sus cargos por permitir la realización de actos políticos opositores, a pesar de que estas actividades no contravienen ninguna normativa.

Aún más, al menos siete personas vinculadas con la política fueron detenidos, en la mitad de los casos bajo la figura de la desaparición forzada y bajo graves irregularidades en el proceso judicial: Juan Iriarte, coordinador de organización de Vente Venezuela en La Guaira; Javier Cisneros y Gabriel González, militantes del partido Vente Venezuela en Caracas; el alcalde del municipio Ayacucho del estado Táchira, Yohnny Lizcano; Henry Izarra, miembro de Vente Venezuela en Mérida; Franklin Chacón, militante de Copei y miembro del comando Con Venezuela; y Carlos Tovar, miembro de un comandito motorizado del estado Aragua. Los abogados de Iriarte y González denunciaron la violación al debido proceso de estos presos políticos.

Se produjeron también cinco actos de hostigamiento y amenazas: el diputado y coordinador regional de Voluntad Popular, Jhony Rivas, denunció que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) amenazaron con detenerlo en una cola para echar gasolina en Tanaguarena, estado La Guaira. El 19 de junio Zaraza, en el estado Guárico, amaneció con una serie de grafitis cargados de amenazas de muerte contra Machado.

En otro acto, Maribel Merola, jefa del Comando de campaña Con Venezuela en la parroquia Naiguatá del estado Vargas, fue hostigada en su vivienda por la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana. Además, funcionarios de seguridad del Estado intentaron detener a Franco Gerratana, alcalde de Ortiz en Guárico. La dirigente política del partido Acción Democrática (AD) en San Fernando, estado Apure, Sandra Alizo denunció ser víctima de agresión por parte de tres ciudadanas de la UBCH de Terrón Duro.

En Guárico, un grupo de oficialistas trató de impedir la llegada de Machado a un acto político. Finalmente, en otro hecho, la carretera a la altura de Tinaco fue bloqueada para impedir que Machado acudiera a una actividad en San Carlos, estado Cojedes.

Profundización del clima de miedo en la población

La aplicación de los patrones descritos no solo buscan silenciar a las voces críticas, sino también restringir el acceso a la información, lo cual es un derecho fundamental en cualquier sociedad democrática.

La población civil sigue siendo uno de los principales blancos de la persecución gubernamental. Los ciudadanos que se han pronunciado a favor de la alternativa democrática han sido objeto de despidos injustificados en el sector público, hostigamiento, amenazas e incluso detenciones arbitrarias. Estos hechos representan una clara violación de los derechos laborales y políticos de los ciudadanos, quienes están siendo castigados por ejercer su derecho legítimo a expresar su descontento.

Además, los establecimientos comerciales que brindaron apoyo o recibieron a líderes opositores, como hoteles y restaurantes, también fueron víctimas de represalias. Aun más, el impedimento al ejercicio del derecho a la protesta pacífica, tiene el claro objetivo de disuadir cualquier manifestación de oposición. La manifestación, reunión y expresión son derechos de toda la ciudadanía, sin distinción política.

En el contexto electoral, la persecución contra líderes políticos de la alternativa democrática se ha intensificado, incluyendo la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos a personas vinculadas con la oposición, una medida que viola los principios democráticos y limita el derecho a la participación política.

Finalmente, recordamos que el uso de la desaparición forzada, constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos.

Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización – Primer semestre / Junio 2024