Durante el mes de abril desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), pudimos documentar al menos 30 actos de persecución y criminalización ejercidos bajo la política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. El monitoreo de persecución y criminalización del mes de abril revela un patrón preocupante de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. La censura, manifestada a través del cierre de emisoras de radio y el hostigamiento continuo a los trabajadores de la prensa, junto con la detención arbitraria de una periodista, demuestran la intolerancia del gobierno hacia cualquier forma de disidencia o crítica. Particularmente alarmante es la muerte de un preso político bajo custodia estatal, lo que demuestra la falta de garantías y de protección para aquellos que están injustamente bajo la responsabilidad del Estado.

En cuanto a la categoría de sujetos perseguidos tenemos: trabajadores de la comunicación (13 casos); población (6 casos); personas vinculadas con la política (9 casos); organizaciones no gubernamentales (2 casos).

Los principales perpetradores de estos actos de persecución y criminalización fueron la Asamblea Nacional (1 caso); Contraloría General de la República (5 casos); las fuerzas de seguridad del Estado (13 casos); funcionarios del Estado (5 casos); la Comisión Nacional de Comunicaciones, Conatel, (2 casos); el Poder Judicial (1 caso); personas adeptas al gobierno (2 casos); la Fiscalía General de la República (2 casos); y el Estado (1 caso).

Monitoreo de persecución y criminalización – Abril 2024