Este 20 de marzo y en el marco del 55° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la presidenta de la Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, presentó una nueva actualización oral en la que explicó cómo funciona el aparato represor del gobierno, marcado por dos modalidades que se activan dependiendo del contexto.

La Misión de determinación de los hechos explicó que la primera modalidad de represión implica actos dirigidos a crear un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales. Esta modalidad ha sido definida en el pasado por la Misión como mecanismos blandos de represión.

Entre tanto, existe otra modalidad de represión que es mucho más violenta y que a juicio de la Misión de determinación de los hechos se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso bajo la comisión de delitos. Esta modalidad ha sido definida en el pasado por la Misión como mecanismos duros de represión.

Ahora bien, bajo el contexto de represión actual, que como hemos advertido en distintas oportunidades guarda una relación con el contexto electoral que atraviesa Venezuela, la Misión de determinación de los hechos expresó que ha documentado numerosos eventos y patrones de violación a los derechos humanos que le permiten confirmar que “nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades”.

El uso de los mecanismos de represión más duros se evidencia en el aumento de patrones como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las órdenes de aprehensión. Las violaciones más graves a los derechos humanos como la libertad y la seguridad personal y las garantías judiciales socavadas en cada una de las detenciones arbitrarias; el derecho a la integridad personal, a la protección ante la tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes vulnerados en cada una de las desapariciones forzadas; y por último, las amenazas de ser víctima de detenciones y actos atroces en el caso de las órdenes de aprehensión; nos permiten afirmar que Venezuela se encuentra en contexto de persecución desmedida y que en efecto estamos ante la modalidad más violenta de represión.

Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos documentado en lo que va del año 2024 al menos 23 casos de detenciones arbitrarias, 14 desapariciones forzadas y 15 órdenes de aprehensión. Vale destacar que dos de las detenciones arbitrarias y 9 del total de las órdenes de aprehensión documentadas,  se llevaron a cabo apenas horas después de que la Misión de determinación de los hechos denunciara la gravedad de la represión que se está viviendo en el país.

En Venezuela no se garantizan los derechos políticos

Este contexto de persecución y criminalización que atraviesa el país contraviene la posibilidad de celebrar un proceso electoral transparente, inclusivo y participativo.

La Misión de determinación de los hechos alertó sobre los graves ataques por parte del Gobierno que se han desarrollado en estos primeros meses del año. Específicamente se refirió a la activación del plan furia bolivariana, los allanamientos irregulares, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las órdenes de aprehensión; patrones que permanecen impunes y que restringen el espacio cívico y democrático.  A juicio de la Misión esta situación representa graves dificultades para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con los derechos políticos establecidos en pactos internacionales.

Urge la presencia de mecanismos de supervisión, investigación y protección en el terreno

La Misión de determinación de los hechos resaltó sus esfuerzos repetidos para obtener la autorización y acceso al territorio venezolano conforme a las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, y aunque estas solicitudes han sido ignoradas por el Estado venezolano, la Misión reiteró su voluntad de cooperar con las autoridades y de continuar sus investigaciones de cara al informe de actualización que presentarán en el próximo mes de septiembre.

Finalmente, la reciente expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de derechos humanos y la falta de respuesta hacia la Misión de determinación de los hechos, deja en evidencia la falta de intenciones del Estado venezolano de cooperar con los mecanismos internacionales de derechos humanos, faltando a los compromisos asumidos, obstaculizando las labores de ambos mecanismos y socavando principios como la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto por los derechos humanos.