Señor Presidente,

Distinguidas delegadas y delegados,

Señoras y señores,

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela presenta esta actualización oral de conformidad con la resolución 51/29 aprobada por este Consejo. La actualización cubre el período comprendido entre septiembre de 2023, cuando la Misión presentó su último informe al Consejo, hasta la fecha.

En dicho informe, la Misión concluyó que la estructura represiva del Estado no se había desmantelado y que continuaba representando una amenaza latente que podía activarse cuando el Gobierno lo estimara necesario. La Misión reitera que la represión funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto. Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales.

Los numerosos eventos registrados durante el período de esta actualización confirman que nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades. En ese sentido, la Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del Gobierno.

En este período, el 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional confirmó la autorización para que la Fiscalía reanude la investigación sobre crímenes de lesa humanidad.

Sr. Presidente,

En octubre de 2023 se produjeron varios acontecimientos relevantes de cara a la celebración de las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio del presente año.

El 17 de octubre, el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a partidos de la oposición, suscribieron en Barbados el denominado Acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos.

Entre otros compromisos, las partes reconocieron el derecho de cada actor político a seleccionar libremente su candidato o candidata a las elecciones presidenciales, y se comprometieron a promover un clima favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo.
Dos días después de la suscripción del Acuerdo, se levantó la prisión preventiva a cinco personas (tres hombres y dos mujeres), incluidos un periodista, un exdiputado y otras personas percibidas como opositoras, que habían sido detenidas arbitrariamente. Todas estas personas continúan enfrentando procesos penales.

Al poco tiempo, el 22 de octubre, se celebraron las elecciones primarias organizadas por la Plataforma Unitaria. La candidata del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, resultó ganadora por una amplia mayoría y con una alta votación. El 23 de octubre, un diputado de un partido afín al Gobierno pidió la nulidad de las elecciones primarias alegando fraude electoral. Dos días más tarde, el Fiscal General anunció una investigación penal contra la Comisión Nacional de Primaria y todas sus juntas regionales, incluidos tres dirigentes nacionales (dos hombres y una mujer) por diversos delitos, tales como usurpación de funciones, traición a la patria y asociación para delinquir, y contra varios dirigentes regionales por delitos similares. El 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una medida cautelar suspendiendo los efectos de las primarias.

A finales de noviembre, en seguimiento al acuerdo de Barbados, las partes acordaron un procedimiento para revisar por vía judicial las sanciones de inhabilitación política decretadas por la Contraloría General de la República contra políticos de la oposición. María Corina Machado, inhabilitada por 15 años, y otras personas sancionadas presentaron recursos ante el Tribunal Supremo de Justicia. El 26 de enero, el Tribunal ratificó su inhabilitación.

Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Señor Presidente,

Junto con el acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales, otro de los acuerdos firmados en Barbados tuvo como objeto “la protección de los intereses vitales de la Nación”, y reafirmó la reivindicación de Venezuela sobre el territorio de la denominada Guayana Esequiba. El 3 de diciembre de 2023, el Gobierno convocó a la población a un referéndum consultivo para apoyar dicha reivindicación.

A los pocos días, el Fiscal General anunció que había solicitado órdenes de aprehensión contra 14 personas (13 hombres y una mujer) a quienes vinculó con una conspiración contra la celebración del referéndum consultivo. Entre las 14 personas se contaban varios líderes políticos en el exilio, tres miembros del Comité Nacional de Vente Venezuela, y el presidente de la ONG Súmate. Este último fue detenido y excarcelado semanas después con medidas alternativas.

La Misión constata que, como ya ocurrió en el pasado, las autoridades invocan “conspiraciones” reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno.

El 20 de diciembre de 2023, el Gobierno de los Estados Unidos anunció un acuerdo con el Gobierno venezolano por el cual 20 personas de nacionalidad venezolana (19 hombres y una mujer) y 10 ciudadanos estadounidenses fueron excarcelados. Por su parte, Estados Unidos liberó a Alex Saab, quien enfrentaba un proceso penal en dicho país por lavado de activos y a quien el Gobierno venezolano considera un agente diplomático. Mientras que los ciudadanos estadounidenses fueron trasladados a su país, las personas venezolanas fueron liberadas con medidas alternativas.

Del total de 25 personas venezolanas que fueron excarcelas por la República Bolivariana de Venezuela entre octubre y diciembre de 2023, 16 fueron mencionadas tras las investigaciones de la Misión en sus informes previos como víctimas de violaciones de sus derechos humanos.

Señor Presidente,

El año 2024 empezó con anuncios y acciones de parte de las autoridades venezolanas aún menos alentadoras para el respeto y ejercicio de los derechos humanos.

El 15 de enero, en su mensaje anual a la nación, el Presidente Maduro señaló que en 2023 se habían desactivado cuatro conspiraciones para organizar golpes de Estado o para asesinarlo a él y a otras autoridades. En respuesta, el Presidente pidió que se “active la Furia Bolivariana”.

Tal y como indicó anteriormente la Misión, la llamada “Furia Bolivariana” ya se tradujo en marzo de 2020 en una multitud de actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición. Ahora, parece repetirse el mismo patrón de represión violenta.

También en enero, el Fiscal General dio a conocer una conspiración, que denominó Operación Brazalete Blanco, que, según él, tenía como objetivo asesinar al Presidente Maduro y a otras autoridades. El Ministerio de Defensa publicó una lista de 33 militares que fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusados de estar implicados en varias “conspiraciones”.

Estos anuncios se conectaron con una nueva ola de detenciones de personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales, incluidos los siguientes casos:

a) El 14 de diciembre de 2023, un militar fue aprehendido en la frontera con Colombia. Su detención solo fue confirmada un mes más tarde por el Fiscal General, quien hizo público un video en el que el militar se autoincriminaba en la planificación de la denominada Operación Brazalete Blanco. Hasta la fecha de esta actualización, los familiares no han podido comunicarse con esta persona. La Misión continúa investigando las circunstancias de esta detención.

b) El 17 de enero de 2024, las fuerzas de seguridad allanaron la sede del sindicato de trabajadores de la educación en el Estado de Barinas y detuvieron, sin orden judicial, a un dirigente del sindicato y miembro del partido Vente Venezuela. El dirigente fue liberado en marzo con medidas alternativas.

c) El 22 de enero, el Fiscal General anunció que, en el marco de la Operación Brazalete Blanco, se había detenido a ocho personas y dictado órdenes de aprehensión contra otras seis personas, todas ellas en el exilio. Entre estas últimas se encuentran la defensora de derechos humanos Tamara Suju y la periodista Sebastiana Barráez.

d) El 23 de enero, cuatro líderes de campaña de Vente Venezuela fueron detenidos sin orden judicial. Una de estas personas fue liberada al tercer día, mientras que las otras tres permanecen aún detenidas. A pesar de que sus familiares y abogados solicitaron repetidamente información sobre su paradero, las mismas autoridades que los tenían detenidos desde el primer momento les negaron dicha información. Solo se tuvo información fehaciente sobre el paradero 27 días después de la detención, y la audiencia de imputación se realizó tras 28 días. Hasta el momento, se trata de la desaparición forzada de mayor duración investigada por la Misión durante este período de actualización.

Rocío San Miguel, una destacada defensora de derechos humanos y experta en temas de seguridad, fue detenida sin orden judicial en la mañana del viernes 9 de febrero en el Aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponía a viajar junto con su hija. Los familiares y abogados de San Miguel intentaron averiguar sin éxito su paradero. Solamente el domingo 11 de febrero, en horas de la tarde, el Fiscal General reconoció en su cuenta de X la aprehensión de la defensora, sin informar sobre su paradero. Solamente el miércoles 14 de febrero las autoridades informaron que San Miguel se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la Misión. San Miguel fue vinculada por el Fiscal General a la llamada Operación Brazalete Blanco.

Mientras tanto, el sábado 10 de febrero, la hija de San Miguel, que no había sido aprehendida inicialmente en el aeropuerto, fue detenida junto con cuatro familiares y allegados de San Miguel. Todos, junto con la misma San Miguel, fueron presentados ante un juez en la madrugada del 13 de febrero, ya superado el plazo de 48 horas establecido por ley contado a partir de la detención de San Miguel.

Al momento de esta actualización oral, San Miguel y otro de los detenidos continúan en prisión preventiva, y las demás personas han sido excarceladas bajo medidas alternativas, entre las que destacan no referirse públicamente a los hechos y no abandonar el país.

Esta práctica de intimidar con acciones penales a familiares y allegados de las personas objetivo de las autoridades responde a un patrón ya reportado en informes anteriores de la Misión.

La Misión se pronunció sobre la detención de Rocío San Miguel, al igual que otras organizaciones de derechos humanos en Venezuela y fuera del país. También la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó públicamente su preocupación por este caso. Inmediatamente después, el 15 de febrero, el Gobierno venezolano suspendió las actividades de la Misión Técnica de dicha Oficina, y dio a su personal un plazo de 72 horas para abandonar el país. La Misión lamenta profundamente esta decisión.

Junto con Rocío San Miguel, la Misión ha registrado los casos de otras 18 mujeres que permanecen detenidas bajo la acusación de estar asociadas o involucradas en “conspiraciones” que, según las autoridades, han estado buscando derrocar al Gobierno durante los últimos años.

La detención selectiva de personas opositoras vinculadas por las autoridades a la denominada Operación Brazalete Blanco continúa hasta la fecha. El pasado 8 de marzo, un dirigente regional de Vente Venezuela fue detenido en el Estado de Barinas. Con él, son ya seis los miembros de este partido que han sido detenidos durante el periodo de esta actualización, cuatro de los cuales permanecen todavía en prisión.

Señor Presidente,

Los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la Misión.

En este contexto, el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines ha sido retomado por la Asamblea Nacional y abierto a consulta pública desde el mes de enero. El proyecto de ley es el mismo que fue cuestionado en 2023 por la Misión. Se trata de un intento de restringir aún más la capacidad de los actores de la sociedad civil para operar libremente y de forma independiente en el país.

Señor Presidente,

A la luz de los primeros resultados de nuestras investigaciones, la Misión ha identificado indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo graves violaciones de los derechos humanos explícitamente mencionadas en el mandato de la Misión, que permanecen impunes. Al mismo tiempo, el Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas.

Además, la Misión está investigando el papel de la Guardia Nacional Bolivariana en graves violaciones a los derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos diez años, con miras a dar cuenta de la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales.

Señor Presidente,
La Misión se ha dirigido repetidamente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para solicitar información y autorización para acceder al país, conforme a las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, sin obtener respuesta. La Misión aprovecha esta oportunidad para reiterar su voluntad de cooperar con las autoridades venezolanas en el ámbito de su mandato.
La Misión seguirá llevando a cabo sus investigaciones de manera independiente y rigurosa para elaborar el informe que presentaremos al Consejo en septiembre de este año.
Muchas gracias por su atención.

FIN