En diciembre del año 2014 Cepaz, en su compromiso de defensa y promoción de los Derechos Humanos en Venezuela, publicó el informe “Persecución Política en Venezuela, Sistematización de patrones de persecución a la disidencia política venezolana” , donde se dio a conocer la existencia de prácticas reiteradas y sistemáticas de persecución a la disidencia política por parte del gobierno venezolano, violentando los derechos civiles y políticos consagrados en la CRBV, el PIDCP, la CADH y otros instrumentos jurídicos, al igual que principios y estándares internacionales referentes al debido proceso, las libertades fundamentales de manifestación y opinión, la no discriminación y el derecho a la igualdad, la participación política y el respeto a la integridad física del individuo, entre otros.
El Informe 2014 constituyó una primera aproximación al esquema/patrones de persecuciones políticas que se habían desarrollado en los últimos años, que se profundizó en el 2014, año caracterizado por grandes manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como por el nacimiento de nuevos líderes políticos disidentes y el resurgimientos de otros tantos.
En el informe antes mencionado se evidenció, cómo se dio origen a un régimen de represión política en ascendencia, mediante acciones que se pueden clasificar en ocho patrones específicos de persecución, a saber: i) apertura de procedimientos judiciales, ii) persecución a través de medios de comunicación, iii) destitución de cargos públicos a políticos disidentes (ahora destitución de cargos), iv) allanamientos irregulares a la propiedad privada, v) allanamiento a la inmunidad parlamentaria, vi) inhabilitación política, vii) usurpación de las funciones públicas, y viii) aquiescencias de actos violentos en contra de dirigentes políticos (ahora aquiescencias de actos violentos); todas estas violatorias a los derechos humanos.
Pasado más de un año, se puede observar como continúan y se profundizan las políticas para erradicar del panorama político a todo el que pudiera ejercer un cargo en el poder o atentar contra los ideales del gobierno. La violencia mediática y el consentimiento por parte del gobierno de los actos violentos en contra de estos disidentes se ha mantenido, a lo que se le suma, como se observará en el presente informe, la politización que ha hecho el gobierno nacional de los defensores y ONGs de DDHH, periodistas y observadores internacionales.
En tal sentido, desde el enfoque de los ocho patrones antes abordados, este nuevo informe presentará un monitoreo y seguimiento de algunos casos estudiados en el informe presentado en el año 2014, los cuales evidencian la continuidad de la represión impuesta por el gobierno. Asimismo, se incluirá el análisis de grupos distintos de personas igualmente afectadas como son periodistas, defensores de derechos humanos y delegaciones internacionales; concluyendo que el Estado venezolano no ha cesado en la ejecución sistemática de los patrones de persecución antes señalados.
Es de recordar finalmente que en el presente informe, al igual que el anterior, los casos mencionados sirven como referencia de estudio a la totalidad de casos con características similares, los cuales son un número mucho mayor de los mencionados en los informes.
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