Distinguido Presidente,
Excelencias,
Desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en septiembre de 2021, algunas iniciativas de reforma abren nuevas oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de derechos humanos.
La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores. En particular, la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver las Fuerzas de Acción Especial, están en consonancia con las recomendaciones anteriores y pueden conducir a una transformación institucional significativa.
Además, saludo la extensión del plazo para las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia, que ha permitido un mayor número de candidatos. Este proceso es una oportunidad para fortalecer la independencia del poder judicial de Venezuela, y hago un llamado a las autoridades para que evalúen cuidadosamente la imparcialidad, independencia y la conducta profesional de las y los candidatos en el proceso de selección.
Estas reformas policiales y judiciales deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se repitan y mi equipo está disponible para acompañar estos esfuerzos.
La reciente celebración por parte de Venezuela de un Memorando de Entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es otra oportunidad para que las autoridades demuestren su compromiso con la lucha contra la impunidad a través de una acción procesal y judicial rápida, genuina y eficaz.
Nuestra Oficina sigue disponible para prestar asistencia técnica de acuerdo con nuestro mandato y las normas internacionales de derechos humanos en este contexto. Seguimos disponibles para prestar apoyo continuado a los esfuerzos nacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos. El Fiscal General ha otorgado a nuestro equipo acceso a algunos expedientes relacionados con violaciones de derechos humanos y a una audiencia judicial. Confío en que el acceso a los expedientes y a las audiencias aumentará pronto.
También observo que, desde septiembre de 2021, agentes estatales han sido condenados en al menos tres casos emblemáticos, entre ellos por el homicidio y la tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Estos son pasos en la dirección correcta, pero aún queda más por hacer. Mi Oficina ha colaborado con las autoridades competentes para fortalecer el marco jurídico para la prevención y la sanción de la tortura.
Seguimos observando los desafíos al debido proceso, incluido el derecho a la libertad y al juicio sin demoras indebidas, y el acceso a una defensa de propia elección. De los casos individuales de preocupación planteados a las autoridades desde septiembre de 2021, 18 personas han sido liberadas. Al menos 6 personas permanecen bajo detención pese a contar con boletas de excarcelación, y al menos 22 han solicitado su liberación alegando la expiración de los límites legales de detención. De los casos decididos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, 12 personas siguen detenidas.
Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad; y deben respetarse las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las recientes reformas. Las personas detenidas deben tener acceso a una atención médica adecuada. Mi Oficina ha estado llamando regularmente la atención de las autoridades sobre casos urgentes específicos.
Señor Presidente,
Desde septiembre, mi Oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas.
Sigo preocupada por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de derechos humanos Fundaredes. Dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, sigue detenido y su salud parece deteriorarse.
Hemos documentado 24 casos de estigmatización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado, en redes sociales o discursos públicos, desde septiembre de 2021. Insto fuertemente a las autoridades a fomentar el diálogo y la cooperación, y a construir un entorno seguro e inclusivo para todo el pueblo de Venezuela.
También hemos documentado el cierre de ocho estaciones de radio y programas de radio durante el año pasado, presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Al menos otros 13 casos similares han sido reportados por organizaciones de la sociedad civil. Además, se ha bloqueado el acceso a los sitios web de al menos siete medios de comunicación. El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes, y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas.
Continúo preocupada por la falta de disponibilidad de información pública. A pesar de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público en septiembre de 2021, no se ha publicado ningún presupuesto nacional desde 2018.
El proceso electoral municipal y regional celebrado en noviembre pasado fue en gran medida pacífico. Saludo el acceso que se otorgó a las misiones internacionales de observación electoral y al Panel de Expertos de las Naciones Unidas, así como las acciones tomadas por el Consejo Nacional Electoral hacia la legitimidad de los procesos. En cuanto al equilibrio de género, observo que, aunque muchas mujeres participaron como candidatas, pocas fueron elegidas para los puestos más altos. Destaco la importancia de garantizar una amplia participación pública, sin excesivos impedimentos administrativos. Hago un llamado a las autoridades para que garanticen la participación de las mujeres y fortalezcan la independencia de las instituciones electorales.
En este contexto, es alentador saber sobre las discusiones para la reanudación de las conversaciones entre el Gobierno y miembros de los partidos de la oposición. Como ha dicho el Secretario General, hago un llamado a las partes para que se comprometan a una negociación inclusiva y significativa con pleno respeto de los derechos humanos y el estado de derecho. Estamos dispuestos a prestar asistencia técnica y animo a la comunidad internacional a que facilite las condiciones propicias para alcanzar y aplicar acuerdos significativos.
Señor Presidente,
La presencia de actores armados no estatales y grupos criminales ha aumentado la violencia, especialmente a lo largo de la frontera con Colombia; en las regiones mineras; y en los centros urbanos. Los enfrentamientos en el estado de Apure han provocado el desplazamiento forzado de cientos de venezolanos y venezolanas, muchos de ellos indígenas. Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, prestando especial atención a los derechos de los pueblos indígenas.
Sigo alentando el levantamiento de sanciones sectoriales para contribuir a aliviar las necesidades de los segmentos más vulnerables de la población venezolana.
En línea con las afirmaciones hechas durante la participación de Venezuela en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal, espero con interés la creación de un mecanismo nacional para el seguimiento de las recomendaciones del Examen Periodico Universal. También acojo con satisfacción el compromiso de las autoridades con mi Oficina y confío en que continuaremos profundizando nuestra cooperación para promover los derechos humanos en el país.
Gracias
