El 18 de abril en la noche, previo a la jornada de movilización convocada a nivel nacional, el ejecutivo anunció la firma de un decreto para la aplicación del “Plan Estratégico Especial Cívico-Militar Zamora”, en su fase verde. Este plan, en diciembre 2016, se anunció como herramienta “para poner el énfasis en la liberación territorial de nuestra Patria, de las lacras del paramilitarismo que nos viene de Colombia, y del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha”  en palabras del propio Nicolás Maduro. Este anuncio constituye la consolidación de la militarización de las labores de gestión de manifestaciones y seguridad ciudadana, junto al empleo de grupos de civiles armados y policías bajo la lógica militar del combate al enemigo interno, propia de la doctrina de seguridad nacional.

El 19 de abril se realizaron concentraciones y movilizaciones masivas en todos los estados del país, reprimidas excepto en 4 entidades. En su primer día de aplicación el “Plan Zamora” se ejecutó con un desapego total a los principios sobre uso proporcional y diferenciado de la fuerza; generando nuevos obstáculos para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y el empleo indiscriminado de gases tóxicos, duplicando la cifra de detenidos desde el 4 de abril y con el lamentable saldo de 3 personas asesinadas. Adicionalmente, se constató la actuación de grupos de civiles armados, o “Colectivos”, en 16 estados del país, quienes en coordinación con agentes de la fuerza pública hostigaron a manifestantes pacíficos mediante el empleo de sustancias tóxicas, disparos con armas de fuego y propinando golpizas a los participantes de las movilizaciones convocadas.

El 20 de abril se ejecutó el segundo día del “Plan Zamora”, repitiéndose la represión desmedida contra manifestantes. En horas nocturnas se realizaron protestas en diversas zonas del país y en 9 sectores populares de la Gran Caracas con cierre de vías. La fórmula represiva cívico-militar estimuló el desborde de la violencia en algunos sectores. Uso de lacrimógenas contra edificios residenciales y viviendas situadas en barrios populares de Caracas; ataques con sustancias tóxicas contra el Hospital Materno Infantil del Valle que obligó a un operativo de evacuación de parturientas y neonatos; ataques de “Colectivos” contra vecinos, mediante el uso de armas de fuego, entre otras situaciones, formaron parte del repertorio represivo empleado en la segunda jornada del Plan Zamora. Además, se recibieron denuncias sobre intentos de allanamientos a conjuntos residenciales de las urbanizaciones La Candelaria y El Paraíso, por parte de estas agrupaciones de civiles armados, con el objetivo de amedrentar y tomar represalias contra los vecinos que protestaban en la calle y tocaban cacerolas en sus casas. Finalmente, se produjeron saqueos a comercios en El Paraíso y en el Valle, y en este último sector se registró el terrible saldo de 11 personas fallecidas por electrocución y armas de fuego y 6 heridas de bala . A su vez, en el Barrio 5 de Julio de Petare al este de la ciudad, fue asesinado por arma de fuego Melvin Guaitan, de 26 años, vecino del sector. En el resto del país se denunciaron detenciones arbitrarias, ataques a zonas residenciales, uso excesivo de la fuerza y actuación de grupos paramilitares.

Ante esta situación alertamos a la comunidad internacional que Venezuela se encuentra bajo una situación de alto riesgo para la garantía de los derechos humanos. La criminalización y descalificación de las protestas y de manifestantes pacíficos; las campañas de incitación al odio y negación del legítimo derecho a manifestar por parte del Estado venezolano, así como la desmedida represión contra la disidencia, genera un contexto de graves y generalizadas violaciones de derechos humanos.

Queremos reiterar nuestro llamado a la recuperación de la democracia y la paz en el país, así como rechazar la represión del Estado Venezolano contra manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional, que tienen como saldo 20 personas fallecidas en el contexto de manifestaciones, al menos 3 de ellas atribuibles a agentes de la fuerza pública y 6 a civiles armados; 1289 detenciones y cientos de personas heridas. Urge investigación imparcial, expedita que garantice justicia e impida que la impunidad se convierta en cómplice de los responsables.

Exigimos:

• Garantizar el ejercicio pleno del derecho a la manifestación pacífica y la sujeción estricta a los estándares nacionales e internacionales sobre uso proporcional y diferenciado de la fuerza en la gestión de manifestaciones.

• El cese inmediato de las campañas de odio, estigmatización y aliento a la represión por parte de altos funcionarios del Estado a través de la red de medios públicos.

• Demandamos el cese de la persecución y agresiones contra periodistas e infociudadanos que documentan el comportamiento de las fuerzas de seguridad en el contexto de la manifestaciones, especialmente no continuar con la práctica ilegal de borrar videos y fotografías de cámaras y equipos celulares

• La desaplicación inmediata del Plan Zamora en todas sus fases, la derogación del decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica que lo sustenta y el respeto pleno de la Constitución.

• Al Consejo Nacional Electoral publicar a la brevedad el calendario electoral para comicios regionales, municipales y presidenciales como obliga nuestra carta magna, cuya suspensión ilegal e inaceptable pone en riesgo la estabilidad del país.

• La desincorporación inmediata de paramilitares en labores de seguridad ciudadana;  su desarme e investigación así como la sanción para quienes estén incursos en delitos y violaciones a DDHH. Recordamos que, por acción, omisión o aquiescencia, el Estado es responsable de la acción de grupos de civiles armados contra ciudadanos.

• El cese de detenciones arbitrarias y el respeto al debido proceso, la liberación de personas con orden de excarcelación, el cese de aplicación de fianzas discrecionales, no cónsonas con la ley venezolana. Exigimos que las investigaciones y sus resultados sean realizados y divulgados por el Ministerio Público.

• El cese de la aplicación de la justicia militar contra civiles

• La condena pública y clara a las prácticas lesivas graves a los derechos humanos y el inicio de los correspondientes procesos de investigación y todas las acciones necesarias para garantizar y ofrecer justicia a las víctimas que denuncian haber sufrido de torturas,  tratos crueles, inhumanos o degradantes.

• A todos los sectores de la sociedad, principalmente, al Estado y a los medios de comunicación, cumplir con su obligación mantener informada a la sociedad de manera adecuada, pertinente y oportuna y eliminar las prácticas que han derivado en desinformación y censura.

Por último pedimos a las personas que deseen continuar exigiendo el retorno de la democracia, la apertura de un canal humanitario para medicinas y alimentos, la destitución de los magistrados y otras autoridades implicadas en el golpe de Estado al parlamento y la liberación de los presos políticos, que continúen ejerciendo su derecho a la manifestación de manera pacífica.

Suscriben:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos

Acción Ciudadana Contra el Sida

Acceso a la Justicia

Acción Solidaria

Asamblea de Educación

Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC)

Aula Abierta Venezuela

CEDICE Libertad

Cátedra Libre DDHH de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)

Centro Comunitario de Aprendizaje (CECODAP)

Centro de Animación Juvenil

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)

Centro de Documentación en DDHH “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV

Civilis Derechos Humanos

Coalición Clima 21

Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (CODEVIDA)

Conciencia Vial AC

Convite AC

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (CODHEZ)

Comisión DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad del Zulia

Comisión DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela Capítulo Monagas

Comisión DDHH de la Federación Venezolana de Colegio de Abogados, estado Apure

Comisión DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela capítulo Táchira

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU)

Comisión Nacional de DDHH de la Federación Colegios Abogados de Venezuela, capítulo Mérida

Escuela de Vecinos de Venezuela

Espacio Humanitario

Espacio Público

EXCUBITUS Derechos Humanos en educación

Federación Nacional de Sociedad de Padres y Representantes (Fenasopadres)

Foro Penal Venezolano

Funcamama

Fundación Aguaclara

Fundación CIIDER, Táchira

Fundamedios (Ecuador)

Humano Derecho Radio

Instituto de estudios legales y Sociales (IELSUR), Uruguay

Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Venezuela

Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-INVESP

Laboratorio de Paz

Movimiento Vinotinto

Nueva Esparta en Movimiento AC

Observatorio de Derechos Humanos – ULA

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Observatorio Venezolano de Prisiones

Oficina de DDHH del Vicariato de Puerto Ayacucho

Organización Para la Prevención Nacional de la Corrupción (ORPANAC)

María Estrella de la Mañana AC

Padres Organizados de Venezuela

Paz y Esperanza (Perú)

Plataforma Internacional contra la Impunidad, Centroamérica.

Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Regional)

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

Promoción Educación y Defensa en DDHH (PROMEDEHUM)

Proyecta Ciudadanía A.C

Red Andina de Derechos Humanos (RADAR)

Redes Ayuda

Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes

Sinergia

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

StopVIH

Transparencia Venezuela

Una Ventana a la Libertad

Unión Afirmativa

Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C

Un Mundo Sin Mordaza