Nota original de Civilis Derechos Humanos

El año 2023 ha sido un año complejo en materia de derechos humanos y rendición de cuentas. Durante estos 12 meses la sociedad civil venezolana ha sido testigos y participes de la primera visita al país de Volker Türk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la tercera visita del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A.A. Khan. 

También las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos  expusieron frente al Comité contra la Discriminación de la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y el Comité de Derechos Humanos (CCPR en inglés), ambos órganos de tratados de las Naciones Unidas,  las grandes barreras en la garantía de derechos en materia de género, así como la persistencia de violaciones graves a los derechos de participación en asuntos públicos, libertad de expresión e independencia e imparcialidad del Poder Judicial venezolano. 

Adicionalmente, las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes graves también han tenido espacios esenciales para expresar su voz y exigir justicia en este 2023. 

El primero de ellos viene siendo un lugar habitual: la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, la cual presentó dos informes fundamentales: el ataque al espacio cívico venezolano y la evolución del sistema represivo estatal. 

Y segundo, la mutación que han tenido las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en lo que ahora se conoce como la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), también como un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y cómo siguen reprimiendo a la disidencia percibida como opositora y cometiendo ejecuciones extrajudiciales en impunidad.

El segundo espacio que han tenido las víctimas para expresar su voz fue a través del informe de la Oficina de Defensoría Pública de las Víctimas de la Corte Penal Internacional publicado en abril, que recogió más de 1.875 solicitudes que incluyen aproximadamente a 8.900 víctimas, y donde quedó plasmado que en criterio de los y las venezolanas, el sistema de justicia nacional no hará ahora ni en el futuro próximo, un verdadero proceso de justicia y sanción a los responsables de crímenes graves. 

También en sintonía con lo anterior, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) realizó en noviembre una audiencia sobre el recurso de apelación de la República Bolivariana de Venezuela contra la “Decisión por la que se autoriza la reanudación de la investigación de conformidad con el artículo 18(2) del Estatuto” de la Sala de Cuestiones Preliminares I. Se espera una decisión sobre esta audiencia para 2024.

Y, por último, pero no menos relevante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguió prestando atención a los hechos que ocurren en Venezuela. Sea dando espacio a las víctimas y organizaciones de defensoras de derechos humanos mediante su periodo de sesiones, a través de comunicados y publicación de informes como el relativo a Personas Migrantes y Refugiadas provenientes de Venezuela, e incluso enviando casos contenciosos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Algo que vimos en común en todos estos espacios durante el 2023, fue la demostración de la falta de implementación de las recomendaciones en derechos humanos de diversos mecanismo, incluyendo los mencionados, mostrando a la comunidad internacional la falta de compromiso por parte del Estado venezolano de mejorar las condiciones de vida de todas las personas, y retomar la senda de la democracia ante la proximidad de un nuevo proceso electoral.

En 2024, la sociedad civil venezolana seguirá trabajando para que todas las personas puedan ejercer y disfrutar sus derechos, llamando a que se garanticen y respete la participación política, la libertad de expresión y la transparencia en las próximas elecciones.