El informe Mujeres: Derechos políticos en Venezuela. Una mirada desde la igualdad sustantiva, elaborado por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) como un aporte a la Red Electoral Ciudadana (REC), desarrolla la situación de la participación política de las mujeres en Venezuela desde una perspectiva amplia, que considera los avances y retrocesos en términos de igualdad formal y sustantiva.

Además, ofrece un análisis del contexto actual y un recuento histórico de las acciones que se han emprendido en pro de la defensa y promoción de los derechos políticos de las venezolanas. También explica el alcance y debilidades de estas acciones. Asimismo, detalla las barreras que siguen enfrentando las mujeres para ejercer plenamente sus derechos políticos, reconociendo tanto los elementos formales y estructurales, por ejemplo, el marco legislativo y la ausencia de perspectiva de género en la función pública; como los elementos ligados a los estereotipos de género y la violencia política. Finalmente, ofrece recomendaciones que permitirían incrementar la participación de las mujeres venezolanas en la vida política y pública del país.

Antecedentes

Hasta la reforma del Código Civil de 1942, las mujeres no tenían personalidad jurídica, ni derechos civiles. No fue sino hasta 1946, con la sanción del voto universal, directo y secreto, que se integran plenamente al ejercicio de la ciudadanía. Por primera vez las mujeres son electas diputadas en la Asamblea Nacional Constituyente de 1947, ocupando el 13% de los 160 escaños disponibles. Este porcentaje de representación permanece, casi sin variación, hasta la última elección parlamentaria en el año 2020.

Aunque desde entonces se ha incrementado la participación y representación de las mujeres en todos los espacios de la sociedad venezolana, es evidente que no podemos hablar aún de una sociedad igualitaria o paritaria. Así lo demuestra la subrepresentación de las mujeres en la política y los espacios de toma de decisiones. Además de los índices de violencia de género y la falta de acceso a salud sexual y reproductiva.

Marco legal

En materia de regulación se observa una tendencia progresiva, pero insuficiente, para garantizar la participación política paritaria de las mujeres. Algunas de las carencias que impiden alcanzar el resultado deseado incluyen: 1) el rango inferior y débil redacción de las obligaciones en los instrumentos jurídicos; 2) la publicación irregular e intempestiva; 3) la falta de un proceso de verificación del cumplimiento de las fórmulas de paridad; y 4) la falta de eficacia de la norma y de la aplicación de sanciones ante su incumplimiento.

Para alcanzar la igualdad sustantiva en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres es necesario legislar para promover transformaciones sociales que motiven la participación de las mujeres en la vida política. Además, urge reconocer las barreras no legales que siguen impidiendo a las mujeres acceder, en igualdad de condiciones, a los derechos que les son legalmente consagrados. También es imperativo adoptar políticas que aborden y allanen el camino para superar estas barreras.

Venezuela no cuenta con una disposición de carácter legal que garantice efectivamente la postulación paritaria de mujeres y hombres en los procesos electorales. Ni la Ley Orgánica de Procesos Electorales y tampoco la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, establecen o promueven la participación paritaria de mujeres y hombres.

En el marco normativo venezolano, solamente se encuentran disposiciones legales de rango reglamentario y de carácter temporal, que expresamente recogen medidas sobre la paridad en las candidaturas. Sin embargo, no existen medidas de seguimiento para garantizar su cumplimiento o de sanción en caso de incumplirlas.

Violencia política

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil denunció en un comunicado, emitido en agosto de 2023, una escalada de ataques contra mujeres en cargos políticos, con aspiraciones políticas y activistas por los derechos de las mujeres. Alertando además sobre la aplicación de patrones de persecución, que incluyen “amenazas de muerte, de agresión física, de privación de la libertad y otras formas de intimidación. También amenazas concretas que se han ejecutado y actos de violencia como “el acoso, la violencia psicológica, verbal, física, entre otras”. Mencionando también la violencia digital de género, que “afecta el debate público y resta garantías para la libertad de expresión de comunicadoras, lideresas y defensoras de derechos humanos”.

Estas advertencias de la sociedad civil también se ven reflejadas en la documentación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que en su informe de 2020, expresa que las violaciones y los delitos analizados, incluyendo los actos de persecución y criminalización, han afectado de manera diferente a las mujeres, debido a los roles de género subyacentes, las desigualdades y los estereotipos patriarcales.

Discriminación

En las elecciones regionales y municipales que se celebraron en Venezuela en el año 2021, el 46% de las candidatas fueron mujeres. Desglosando las candidaturas por rango, teniendo a las concejalías municipales como las más bajas y la gobernación de estado como las más altas, encontramos que la presencia de candidaturas de mujeres es exponencialmente menor a medida que el cargo es mayor. Esto se debe, entre otras cosas, a que persisten estereotipos que consideran que los hombres tienen mejores cualidades para ejercer el liderazgo, y los partidos “cumplen” con las cuotas requeridas llenando las candidaturas inferiores de candidatas. Al respecto, ONU Mujeres (2023) estima que, al ritmo actual, faltan 130 años para alcanzar la paridad a nivel de Jefes de Estado en el mundo

Es relevante mencionar la dimensión particular de discriminación que sufren las mujeres jóvenes en el liderazgo político. La juventud en general enfrenta una importante barrera en Venezuela, producto de la estrategia de promoción de la abstención que adoptó un sector importante de la oposición política durante al menos 5 años (2016-2021). Esto tuvo como consecuencia, por un lado, la desmovilización y desinterés de la juventud respecto a la actividad política, y por otro, que dentro de las estructuras de los partidos algunos liderazgos emergentes no pudieran competir durante un tiempo, por lo que al retomarse la vía electoral, quisieron optar por cargos que normalmente habrían correspondido a nuevas generaciones.

Subrepresentación de mujeres en espacios de liderazgo

En otros espacios de influencia y toma de decisiones, tales como la mesa de negociación entre el gobierno y la Plataforma Unitaria, se repite la tendencia de la subrepresentación de lideresas. Lo mismo ocurre a lo interno de los partidos políticos. Las mujeres son mayormente consideradas para liderar iniciativas comunitarias, replicando así actitudes discriminatorias y estereotipos de género, y limitando el acceso a espacios o responsabilidades partidistas de liderazgo.

En Venezuela, de las más de cien organizaciones con fines políticos entre organizaciones nacionales, regionales e indígenas, hay constancia de apenas 6 que son lideradas por mujeres. Sin embargo, persisten cuestionamientos sobre el control real que les es permitido ejercer dada la preeminencia de liderazgos masculinos dentro de estas organizaciones, reconocidos por ser quienes efectivamente detentan el poder.

Además, incluso entre esas poquísimas organizaciones lideradas formalmente por mujeres, encontramos insidiosas prácticas sexistas. Desde agendas antiderechos, hasta la instrumentalización y el tokenismo (práctica de efectuar pequeñas concesiones superficiales hacia un colectivo discriminado). Resulta evidente que la presencia de una mujer a la cabeza de una entidad, aunque importante, no es suficiente para afirmar que este es un espacio libre de discriminación, como lo afirman militantes femeninas de esos mismos partidos.

La subrepresentación de las mujeres también se expresa en la ausencia de perspectiva de género en el debate y la gestión pública. El informe Parlamento género-sensitivo (Cepaz, 2017) ofrece las siguientes cifras sobre este tema: 1) 82% de las y los encuestados refirió que “ocasionalmente”, “rara vez”, o “nunca” se adopta una perspectiva de género en las discusiones parlamentarias. 2) Un tercio de las y los encuestados “no sabía” si existía una comisión dentro de la AN con responsabilidad en el ámbito de igualdad de género. 3) El 73% indicó no haber recibido formación sobre igualdad de género, o lineamientos sobre cómo incorporar la perspectiva de género al texto legal.

Persisten las brechas

En Venezuela no existen limitaciones formales de ningún tipo para que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos políticos. Sin embargo, como demuestra este informe la ausencia de barreras legales dista mucho de producir igualdad de resultados. Nuestro país sigue en deuda con la igualdad sustantiva de las mujeres en todos los ámbitos.

Aun cuando podemos afirmar que ha habido un avance en el número de mujeres que ocupan posiciones de poder político en Venezuela, debemos hacerlo a la luz de varias consideraciones: la primera y más evidente es que las brechas persisten y que el avance no ha sido consistentemente progresivo.

En segundo lugar, es importante no desestimar las “postulaciones piramidales” como explicación (parcial) al aumento de mujeres que contienden por cargos de elección popular. En tercer lugar, además de las cifras, debemos evaluar el contenido de los debates y ofertas programáticas y considerar la ausencia de perspectiva de género y temas propios a los derechos de las mujeres. Por último, debemos ser conscientes de las formas en que las instituciones, incluso aquellas donde sí hay participación de mujeres, pueden perpetuar estereotipos de género al designarlas a espacios tradicionalmente “femeninos”, que normalmente son considerados de menor importancia. La inclusión de las mujeres en la vida política, en igualdad de condiciones y de resultados, no es simplemente una causa justa: es un compromiso con la visión sobre el espacio que pueden las mujeres ocupar en la sociedad. Y debe ser, sobre todo, una aspiración democrática.

Para alcanzar la igualdad sustantiva de todas y todos los venezolanos, es fundamental abordar las políticas públicas desde un análisis interseccional, que busque dar respuesta a las muchas condiciones de exclusión que conviven en nuestra sociedad y limitan el ejercicio pleno de los derechos a todas las personas, en igualdad de condiciones y de resultados.

Recomendaciones 

Finalmente, el informe ofrece una serie de recomendaciones para el bienio electoral 2024-2025, basadas en la aplicación de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, y con miras a avanzar la participación de las mujeres venezolanas en la vida política y pública del país:

• Reformar la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley de Partidos Políticos para exigir la paridad en las candidaturas y estructuras internas de los partidos, a todos los niveles, con sanciones en caso de incumplimiento.
• Adoptar medidas afirmativas temporales para promover la representación igualitaria de mujeres en todos los poderes públicos y servicios públicos.
• Exigir que en la implementación del Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano y de cualquier otra medida de respuesta humanitaria que se desarrolle en el país, se contemplen medidas sensibles al género que atiendan las necesidades diferenciadas y agravadas de las mujeres.
• Privilegiar como implementadores de los planes de respuesta a la emergencia humanitaria, a organizaciones lideradas por mujeres y/o que tengan un enfoque especializado en atención a mujeres.
• Promover que las acciones de movilización de los partidos en el marco de los procesos electorales contemplen provisiones que faciliten la participación de las mujeres.
• Adoptar el Reglamento de la Ley Orgánica por el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y poner en funcionamiento la Comisión Nacional para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con participación plena de la sociedad civil y con presencia de representantes de diversas tendencias políticas.
• Atender de forma expedita y adecuada a todas las denuncias de violencia política de género y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.
• Aplicar una política de tolerancia cero para acciones de violencia política basada en género a lo interno de las instituciones públicas y los partidos políticos.
• Promover campañas de concienciación que eduquen a todas las personas relacionadas a la administración pública en perspectiva de género e interseccionalidad, que contrarresten los estereotipos y roles tradicionales de género y promuevan una visión inclusiva e igualitaria del rol de la mujer en la sociedad.
• Insistir en la necesidad de la incorporación de mujeres en procesos de negociación, y diseñar las agendas y acuerdos de forma que sean sensibles al género.
• Generar incentivos para la creación de Secretarías de Género a lo interno de los partidos, así como para la adopción de iniciativas programáticas de género, capacitaciones y sensibilizaciones en la materia, entre otras.
• Invitar a los y las militantes de los partidos a hacer contraloría sobre los estatutos y propuestas de sus organizaciones, de manera que se promueva internamente la transversalización de la perspectiva de género.
• Promover consultas públicas desde el Viceministerio de Igualdad de Género y No Discriminación y/o desde la Subcomisión de la Mujer en la Asamblea Nacional sobre una agenda legislativa por los derechos de las mujeres.
• Garantizar que funcionarios y funcionarias reciban formación de género especializada a sus áreas de competencia.
• Atender la recomendación del Comité CEDAW e implementar un Plan Nacional de Acción para la implementación de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad en Venezuela, con plena cooperación de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres.

¿Qué es la REC?

La Red Electoral Ciudadana (REC) es una iniciativa de Cepaz, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia y Voto Joven, que une a organizaciones y ciudadanía de la sociedad civil para articular acciones dirigidas a fortalecer los derechos civiles y políticos de los venezolanos, a través de la veeduría ciudadana de entorno y la exigibilidad, basándose en los estándares internacionales de derechos humanos y las obligaciones del Estado establecidas en la Constitución

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