Este martes, 22 de febrero, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), presentó su informe final sobre su observación del proceso electoral desarrollado en Venezuela el pasado 21 de noviembre de 2021. En este informe, la Misión evaluó el cumplimiento de la legislación nacional y los compromisos regionales e internacionales de Venezuela en materia de elecciones democráticas.
¿Cómo se alcanzó establecer una Misión de Observación Electoral en Venezuela?
Las organizaciones de la sociedad civil independiente hemos destacado desde al menos el año 2018 la necesidad de una salida pacífica y electoral en Venezuela, sin embargo, también hemos alertado sobre el contexto de crisis multidimensional de origen fundamentalmente político que existe en el país, lo cual representa un obstáculo en el restablecimiento de los derechos políticos de los ciudadanos y la confianza en el voto.
En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil durante años de esfuerzos colectivo hemos insistido en las distintas estrategias para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, particularmente en los contextos electorales, entre ellas, hemos abordado el rol fundamental de los mecanismos internacionales como la obversación electoral internacional e incluso la asistencia electoral de las Naciones Unidas, la cual permitiría una mayor participación y colaboración por parte del órgano internacional.
Finalmente, y luego de 15 años en los que Venezuela no había tenido elecciones que contaran con presencia de observadores electorales internacionales confiables, un acuerdo suscrito entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y una delegación de la Unión Europea, abrió las puertas a la observación electoral internacional en las pasadas elecciones regionales y municipales.
Así pues, aunque no se alcanzó la asistencia técnica de las Naciones Unidas, si consideramos un paso muy importante la presencia de la Unión Europea como observador internacional e incluso el arribo al país de un panel de expertos de las Naciones Unidas para hacer seguimiento y emitir un informe independiente e interno sobre el proceso electoral, ya que permitió una evaluación independiente e imparcial sobre las condiciones electorales que existen en el país y que no han sido suficientes para considerar que en Venezuela existen elecciones libres, auténticas y democráticas. Asimismo, este mecanismo de observación electoral internacional permitió recibir recomendaciones que sientan un precedente y una base de exigencia de derechos necesaria para la recuperación de la institución electoral y los derechos políticos de la ciudadanía.
Aspectos positivos y negativos
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en su despliegue identificó aspectos negativos y positivos del pasado evento electoral, entre ellos destacamos:
- Aspectos positivos:
- Una administración electoral más equilibrada.
- En cuanto al pluralismo político, las elecciones del 21 de noviembre fueron las primeras elecciones nacionales a las que concurrió la mayoría de los partidos de la oposición desde 2015. El CNE inscribió 42 partidos nacionales y 64 regionales, así como 6 organizaciones indígenas nacionales y 24 regionales para participar en las elecciones indígenas.
- La realización de 16 auditorías de diferentes etapas del proceso electoral.
- Una actualización más amplia del registro electoral.
- Aspectos negativos:
- La falta de seguridad jurídica, que provocó la inhabilitación arbitraria de candidatos y la repetición de las elecciones en el estado de Barinas, la entrega de los símbolos y de la tarjeta electoral de partidos a facciones internas minoritarias, el amplio uso de recursos del Estado en la campaña y el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación.
- La falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de Derecho comprometen la igualdad de condiciones y la imparcialidad y transparencia de las elecciones.
- En cuanto al registro electoral, la información proporcionada a los votantes fue escasa y en muchos casos los agentes del CNE mostraron un comportamiento partidista.
- El rechazo de candidaturas a través de un proceso administrativo, sin notificación ni motivación explícita, basado en decisiones de la Contraloría General afectó a 15 candidatos del Partido Comunista de Venezuela y al candidato de la Mesa de la Unidad Democrática Freddy Superlano.
- La criminalización a los medios de comunicación. Específicamente identificaron patrones de censura como bloqueo de páginas web, campañas de desprestigio contra periodistas, autocensura y cambio de línea editorial por miedo, limitaciones técnicas y financieras, sanciones de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela.
23 recomendaciones para Venezuela
El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea sugiere 23 importantes recomendaciones que, a partir de los observado el pasado 21 de noviembre, apuntan a mejoras del proceso electoral y al fortalecimiento de las instituciones democráticas en Venezuela, las cuales se deben traducir en una ruta de trabajo para el Estado venezolano y en una agenda de exigencia de derechos por parte de la ciudadanía. Estas son:
1. Reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del TSJ, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del Poder Electoral.
2. Definir claramente las responsabilidades de las juntas electorales regionales y municipales y reforzar su autonomía.
3. Publicar toda la información electoral relevante de manera clara y oportuna para cumplir con la disposición legal de transparencia del CNE.
4. Llevar a cabo una campaña de educación al votante que aumente la confianza en la integridad y el secreto del voto electrónico, y muestre a los votantes cómo votar por diferentes opciones políticas en elecciones simultáneas.
5. Facilitar el acceso al voto de personas detenidas con derecho a votar.
6. Proporcionar más opciones para que los votantes, incluidos los venezolanos que viven en el extranjero, actualicen su información fuera de los períodos electorales, con el fin de mejorar la precisión del registro electoral y medir mejor las tasas de participación electoral.
7. Modificar los plazos de sustitución de candidatos por parte de los partidos políticos para que finalicen con más antelación antes del día de las elecciones y aparezcan los candidatos definitivos en la boleta, con el fin de garantizar el derecho de los votantes a un voto informado.
8. Suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.
9.Notificar a los candidatos el resultado de sus solicitudes y divulgar la información relativa a la inscripción, sustitución, renuncia o rechazo de los candidatos, para aumentar la transparencia.
10. Reforzar las facultades sancionadoras del CNE mediante la introducción de un sistema de control y sanciones, que vayan desde la amonestación hasta la imposición de penas progresivas, especialmente en lo que se refiere al uso de recursos del Estado en campaña.
11. Equilibrar la cobertura de los medios de comunicación estatales durante las campañas electorales, en línea con la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las buenas prácticas internacionales.
12. Derogar la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para promover la libertad de expresión y evitar la autocensura.
13. Dar a conocer qué institución es la responsable de la gestión de los datos de la plataforma Patria, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos, con qué fines, y cómo solicitar la rectificación de los datos personales y darse de baja de la base de datos, de acuerdo con el derecho constitucional de acceso a la información.
14. Abandonar las políticas dirigidas a manipular la conversación pública en las redes sociales, así como el uso de cuentas institucionales con fines proselitistas, prácticas que no se ajustan a los estándares internacionales de libertad de expresión ni a la Constitución y leyes venezolanas, para que los ciudadanos tengan derecho a formar su opinión libre de inducciones o injerencias de cualquier tipo, incluso en las redes sociales.
15. Aumentar las capacidades y los recursos humanos necesarios para que el CNE realice un monitoreo sistemático de las redes sociales, con el fin de sensibilizar a la población sobre las violaciones de las normas de campaña y permitir una respuesta judicial adecuada y oportuna.
16. Garantizar la paridad horizontal de género en las candidaturas a cargos políticos.
17. Llevar a cabo elecciones directas para representantes indígenas, con base en un registro de votantes indígenas, con una campaña integral de educación cívica y electoral, y realizadas el mismo día que las de la población general.
18. Llevar a cabo un programa exhaustivo para mejorar las medidas de inclusión de personas con discapacidad, que incluya el refuerzo de la educación e información al votante y soluciones técnicas para evitar el voto asistido.
19. Modificar el marco legal para garantizar la libertad de movimiento y expresión de los observadores, asegurando que los observadores electorales puedan llevar a cabo sus funciones sin obstáculos indebidos.
20. Hacer más esfuerzos para informar a los ciudadanos sobre su selección como miembros de mesa con el fin de aumentar la presencia de miembros de mesa capacitados y acreditados, considerando una combinación de medidas de incentivos y sanciones.
21. Definir el papel de los coordinadores de los centros de votación y asegurarse de que están formados para no exceder sus competencias.
22. Proporcionar instrucciones claras y formación a las fuerzas del Plan República para enfatizar el carácter civil de las elecciones y asegurar que las fuerzas militares se ciñan a sus funciones sin exceder sus competencias.
23. Establecer procedimientos y responsabilidades claras para el control de entrada a los centros de votación y la verificación de acreditaciones, dirigidas tanto a los coordinadores de centro como a los miembros del Plan República, con el fin de garantizar que testigos de partidos, observadores y representantes de medios de comunicación acreditados tengan acceso a los centros de votación.
